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Defensa estima que el fraude militar sería de unos $ 40 millones
Así lo señala una Auditoría interna
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LA NACIONDaniel Gallo
La investigación del Ministerio de Defensa que denunció un sistema irregular de contrataciones de bienes y servicios en el Ejército determinó que el posible fraude al Estado alcanza los 40 millones de pesos. Así lo señaló el trabajo de la Unidad de Transparencia y de la Auditoría Interna al analizar sospechosas licitaciones en el Comando de Operaciones Terrestres, en el Batallón de Intendencia 601 y en la Dirección de Asuntos Históricos.
La ministra de Defensa, Nilda Garré, presentó el viernes último en la Justicia la documentación encontrada, con cruces de información sobre los proveedores y militares que estaban a cargo del sistema de compras. La denuncia por asociación ilícita alcanza a cuatro generales, cinco coroneles, seis tenientes coroneles y varios oficiales de menor rango y suboficiales en actividad.
Tal como informó LA NACION en su edición de ayer, el Ministerio de Defensa asegura haber descubierto una red que traficaba influencias para favorecer a ciertos proveedores del Ejército. La maniobra consistía en utilizar sociedades de hecho y no sociedades de responsabilidad limitada, por lo cual monotributistas se presentaban y ganaban licitaciones de volumenes superiores al que podrían afrontar con el respaldo comercial declarado. Las mismas personas se postulaban como vendedores de diferentes materiales, no bélicos, en todo el país. La sospecha es que se trató de licitaciones previamente acordadas.
En la cartera castrense se afirma que fueron armadas empresas fantasmas para defraudar al Estado.
Fueron 25 las licitaciones investigadas en las tres dependencias militares consignadas. Para el Ministerio de Defensa existe un sistema irregular que abarca a más unidades. El comienzo de la pesquisa fueron las denuncias anónimas que llegaron al sitio virtual de la Unidad de Transparencia en la página web de la cartera castrense.
Así se siguió el rastro de las adquisiones de servicios efecuadas durante 2007, que habrían mostrado un inusual desdoblamiento de las licitaciones, supuestamente para dividir el volumen de gastos y vulnerar la ley que obliga a la intervención de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) frente a contrataciones superiores a los 450.000 pesos.
El monto investigado, en consecuencia, es de unos 40 millones de pesos. En el Ministerio de Defensa estiman, a partir de los datos obtenidos, que no sólo fueron favorecidos amigos y familiares de los denunciados, sino que en varios casos no habría podido probarse que el servicio contratado hubiese llegado efectivamente al Ejército, pese a que sí están demostrados los pagos a los proveedores.
La presentación judicial acusó por las maniobras al jefe de Personal, general Mario Troncoso, al jefe del Comando de Intendencia, general Eduardo Gibelli, al ex jefe del Comando de Operaciones Terrestres, general Raúl Gallardo (retirado en diciembre ùltimo) y al jefe de la Dirección de Asuntos Históricos, general de división (R) Héctor Giralda. Incluyó, además, a los coroneles Néstor Korbs, José Giro Martin, Andrés Andreotti, Oscar Frascaroli y Alberto Bonetti, y a los teniente coroneles Antonio Nóblega, Jorge Noriega, Juan Larroulet, Julio Aregger, Norman Reynoso y José Fermín (R). Garré dispuso el pase a retiro de todos los acusados en la denuncia.
Sin declaraciones públicas, en el Ejército se veía como incierta la posición en que quedó la cúpula de la fuerza, ya que en el Ministerio de Defensa apuntan a continuar con las investigaciones internas más allá de la tarea que se llevará adelante en el juzgado federal Nº 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.
Sólo una muestra
En las cercanías de Garré se entiende que las irregularidades descubiertas sólo configuran una muestra de lo ocurrido con las licitaciones del Ejército. Se especula que en breve será intervenido el sistema de compras de esa fuerza. El cuerpo de auditores de Defensa revisará las adquisiones realizadas en los últimos años. Más allá de la escándalosa situación denunciada por Garré, otro problema se presentaría al Ejército en una investigación paralela que realiza la Sigen sobre el proyecto Gaucho. Se habrían detectado también condiciones anormales en la compra de equipos para la construcción del vehículo liviano de exploración, una iniciativa que tiene a Brasil como asociado.
Ante la decisión política de Garré, que buscó el aval de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de presentar un escrito en la Justicia denunciando una red de corrupción militar, los mandos del Ejército quedaron en una compleja situación.
Sucede que la denuncia de Garré pone en evidencia, una vez más, la pelea interna que vienen protagonizano el jefe del Ejército y la ministra de Defensa. Aunque anoche en la Casa Rosada dijeron que la Presidenta había ratificado en su cargo al jefe del Ejército, el teniente general Roberto Bendini (de lo que se informa por separado).
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