Del sueño hegemónico al blindaje judicial
Otra vez, el kirchnerismo es más transparente de lo que se supone y más obvio de lo que presume y pretende en las cuestiones que de verdad le importan.
Si algo faltaba para confirmar que en la cúspide del Gobierno se ha dado por clausurado, al menos por ahora, el sueño de la vida eterna y que toda la energía se concentra, más allá de las urgencias, en prevenirse de las amenazas de la intemperie del poder, sólo hay que ver sus últimas movidas en el terreno de la Justicia.
La secuencia resulta clara y evidente si se parte de la sorpresiva activación de una dormida acusación en el Consejo de la Magistratura contra el juez federal Claudio Bonadio . Acción que fue impulsada por el camporista secretario de Justicia, Julián Álvarez, en coincidencia con el apartamiento de Bonadio de una causa con perspectivas de comprometer seriamente al Gobierno, por parte de la sala de la Cámara de Apelaciones más sensible a las necesidades del oficialismo.
Al mismo tiempo, los ahora expeditivos consejeros oficialistas se comportaron con extremo formalismo y mesura para tratar el cuasi flagrante delito del inefable magistrado Norberto Oyarbide , en el que aparece salpicado Carlos Zannini, el hombre de la Casa Rosada que más cercanía tiene y más influencia ejerce sobre la Presidenta.
No son hechos aislados ni una sucesión de casualidades, sino que constituyen la coronación de una política de gobierno cada vez más decisiva en estos tiempos de devaluación de la imagen oficialista.
Antes había sido la designación de los camporistas en las comisiones clave del Consejo de la Magistratura.
Y un poco más atrás en el tiempo fue la persecución a José María Campagnoli (el fiscal que más avanzó sobre el magnate kirchnerista de la obra pública patagónica, Lázaro Báez), encabezada por la procuradora Gils Carbó. La misma que en los albores de su gestión le pidió por escrito que hiciera casi lo mismo por lo que ahora quiere crucificarlo. La única diferencia es que en aquella causa el Gobierno tenía una necesidad manifiesta de que se avanzara hacia su esclarecimiento
Son apenas dos eslabones con los que empezó a tratar de repararse una cadena dañada por la fallida reforma judicial y que había empezado a engrosarse con el acoso y el desplazamiento de los primeros investigadores del ahora cada vez más comprometido vicepresidente Amado Boudou.
Este renovado desvelo casi obsesivo por el control de la Justicia ocupa desde hace poco más de un año el lugar, el tiempo y la energía que antes se destinaban a la batalla cultural, la disputa por la agenda pública y la guerra por el relato, concentradas en el ex monstruo Clarín, hoy ausente en los discursos presidenciales y devenido en respetuoso observador de la ley tras la inclusión de Paka Paka en su grilla del cable.
Torpezas otoñales
Como ya nos tiene acostumbrados el kirchnerismo otoñal, la ejecución de esta política no está exenta de torpezas e impericias, que las disputas de poder, las ambiciones personales y las defecciones de fin de ciclo en el seno del oficialismo sólo hacen más evidentes.
El Gobierno ya no cuenta en estos tiempos con la fidelidad y la dedicación de algunos operadores otrora capaces de lubricar engranajes de la maquinaria judicial. Tampoco puede confiar como antes en agentes de inteligencia cada día más dedicados al cuentapropismo y a agasajar a eventuales futuros ocupantes de la Casa Rosada. Y, para peor, a los ejecutores fieles que les quedan en sitios clave no siempre les llegan en tiempo y forma consignas claras ni directivas precisas.
Sólo eso podría explicar entonces que las maniobras para perseguir a jueces o fiscales díscolos se vuelvan desesperadas y obscenas. O la urgencia por ocupar estrados con magistrados fieles. O que se convierta en mártires a pecadores seriales. O que hasta los custodios del santo grial kirchnerista se vean obligados a abjurar de su pureza para defender a impúdicos siervos del poder de turno.
En definitiva, sólo evidencias de que la épica construcción del poder hegemónico parece haber dejado paso a la prosaica pero vital adquisición de un blindaje judicial. Lo que algunos opositores prefieren llamar "la contratación del seguro de impunidad" para después de 2015.
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