Denuncia de una diplomática por daños a su carrera

No es usual que una diplomática pida una "pertinente, justa y oportuna reparación" debido a un "severo daño, gratuito e innecesario" a su carrera profesional.

Menos aún que, aparentemente agotadas todas las instancias en la Cancillería, haya formulado la denuncia ante el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido.

No es usual, pero, según dijo a LA NACION la ministra plenipotenciaria Stella Peláez Ayerra, no tenía otra alternativa.

De ahí, la presentación por la cual pidió a Garrido que investigue hechos que, según el escrito al que tuvo acceso LA NACION, serían de "significativa gravedad institucional".

Dice Peláez, actualmente destinada a la Comisión de Relaciones Exteriores y Acuerdos del Senado, que "debí padecer que un jefe de Estado Mayor del Ejército [el teniente general Ricardo Brinzoni] y un gobernador de la provincia del Chaco [Angel Rozas] provocaran mi desplazamiento de un destino en el exterior para acomodar un amigo, no obstante haber sido seleccionada por la Junta Calificadora de la Cancillería para ese lugar".

El destino era el Consulado General en Colonia, Uruguay, por el cual, en abril de 2002, el ex canciller Carlos Ruckauf recibió recomendaciones para otro diplomático que, según Peláez, obraron en su contra a pesar de haber sido elegida por la Junta Calificadora de la Cancillería [conformada por cinco embajadores].

Ascenso frustrado

Desde ese año, a su vez, dice que se vio frustrado su ascenso de ministra de segunda clase a ministra de primera, "no obstante cuatro propuestas de la Honorable Junta Calificadora en tal sentido" y de "haber sido enviado mi pliego al Honorable Senado de la Nación en dos oportunidades".

Si bien Peláez no evaluó pedir una reparación económica al Estado, la diferencia entre ambos rangos profesionales, estimó, sería del orden de los 1700 pesos mensuales en el sueldo de bolsillo.

"No existen antecedentes de semejante irregularidad y discriminación", señaló.

En el escrito dirigido a Garrido dice Peláez que hubo un "fin espurio de sustituirme por amigos del poder" y que esa decisión tuvo "como finalidad desplazarme de mi cargo de subdirectora de Recursos Humanos y Organización, el que desempeñé durante cinco años, ya que era un firme obstáculo a los intentos de irregularidades que se intentaban cometer en ese organismo".

Desde que egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), en 1982, Peláez estuvo asignada en la embajada en Colombia; en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con sede en París, y en el Consulado General en Barcelona.

Instancias agotadas

Presentó su caso ante Garrido después de haber dirigido, el 31 de mayo último, una solicitud de reparación al subsecretario de Coordinación y Cooperación Internacional, Rodolfo Ojea Quintana, con copia al canciller Jorge Taiana.

A Garrido le pide en el escrito que "tenga presente la impunidad con la que se han movido los instigadores y partícipes de estas maniobras, algunos de los cuales todavía siguen en las mismas funciones que cuando sucedieron los hechos, tal el caso de los empleados administrativos de la Dirección de Recursos Humanos y Organización, y la Dirección de Sumarios", y le dice que "las irregularidades denunciadas me han causado un severo daño, gratuito e innecesario".

El caso, según dijeron a LA NACION fuentes diplomáticas, fue remitido nuevamente a la Junta Calificadora, de modo de rever la situación de Peláez y darle una respuesta. Con la salvedad, ahora, de que trascendió las fronteras de la Cancillería, por más que los hechos no se hayan producido durante la gestión del actual gobierno.

Por Jorge Elías

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