Denuncian a Bussi por grabaciones y extorsión

Grabaciones secretas y presiones a modo de extorsión a legisladores de la oposición por parte de algunos funcionarios del gobierno de Antonio Domingo Bussi, en Tucumán, fueron denunciados ante La Nación por quienes se sienten víctimas de estos presuntos manejos del entorno del ex militar.

"En Tucumán se intenta estructurar un estado policial para encubrir al gobierno de Bussi y silenciar a la oposición para que no denuncie los actos de corrupción", afirmó el Legislador provincial Alfredo Neme (UCR).

Por su parte, la titular de la Comisión de Juicio Político de la Legislatura tucumana, la justicialista Malvina Seguí, dijo que "el gobierno de Bussi pretende conseguir impunidad casi a punta de pistola".

Las denuncias de los legisladores se originan en las consecuencias que tuvo un pedido de juicio político contra el ministro de Asuntos Sociales de la provincia, Carlos Octavio Quijano, hombre de confianza de Bussi.

"Hace dos meses, el radicalismo presentó un pedido de juicio político contra Quijano por presuntas irregularidades en la contratación de una obra para remodelar el hospital Angel C. Padilla, del orden de los 3 millones de dólares. Se presentaron cinco oferentes que no son empresas constructoras: un gasista, un albañil -Robles Construcciones, que no tiene empresa y no está inscripto en el Registro de Contratistas del Estado- y otros tres desconocidos", relató Neme.

"Ganó Robles con una oferta de 2.910.000 dólares, pero en lugar de ofrecer la remodelación de 3000 metros cuadrados, lo hizo por 2000 -explicó Seguí-. Todas las ofertas tuvieron el defecto de mil metros cuadrados menos y, a pesar de que los oferentes competían, los estampillados fiscales tenían números correlativos. Por otro lado, la ganadora tenía contratado el seguro de ejecución 48 horas antes de la apertura de sobres, lo que indica que ya sabía que iba a ganar."

Según Seguí, pocos días antes de la aprobación del pedido de juicio político, recibió en la fundación Sampay, que preside, la sorpresiva visita de Ricardo Bussi, hijo del gobernador y actual diputado nacional por Fuerza Republicana.

"Llegó en un auto negro con tres hombres. Dijo que venía en nombre de su padre para saber si acusaríamos a Quijano, y advirtió que si lo hacíamos, íbamos a tener problemas. Luego aclaró que esos problemas iban a ser denuncias e investigaciones, especialmente contra mí. Lo acusamos y tuve que afrontar una seguidilla de denuncias por mi gestión durante la administración de Ramón Ortega", contó Seguí.

Durante el gobierno de Ortega, Seguí se desempeñó como interventora en el Instituto Social de la Vivienda, donde manejaba un presupuesto de 3.500.000 dólares mensuales.

"Una de las denuncias es por 3600 pesos que pagué, en concepto de productividad, a 12 personas del instituto. Otra, por un gasto de publicidad de 44.000 dólares a un canal local. Durante dos años no tuve denuncias y ahora sí. Cumplió su advertencia", se quejó la legisladora.

En julio, el concejal radical José Ricardo Azcárate vinculó a Ricardo Bussi con Alfredo Yabrán, a raíz de que aquél comparte un estudio jurídico con Omar Alí Yabrán, sobrino del empresario. También denunció que la designación de un amigo de Yabrán, un militar de apellido Vera Robinson, al frente del aeropuerto de Tucumán, se había hecho con el propósito de preparar la privatización de la estación aérea para dársela a ese empresario.

"La misma semana en que Azcárate hizo las denuncias una bomba incendiaria le destruyó el auto y parte de la casa", recordó Neme.

Vera Robinson, amigo de Yabrán, era el encargado del aeropuerto de Tucumán, y Azcárate denunció que su presencia tenía el propósito de preparar la privatización del aeropuerto para entregárselo a Yabrán.

"El juicio está en la etapa de citación de testigos. El último 18, el secretario coordinador del Ministerio de Asuntos Sociales, Miguel Daruich, segundo de Quijano, declaró como testigo y, cuando se sintió acorralado, dijo que tenía pruebas de grabaciones de escuchas telefónicas de legisladores. Presentó una, clandestina, sobre un diálogo que él tuvo con la presidenta de la comisión", explicó Neme.

"Le exigí allí mismo que reprodujera la cinta. En ella se escucha muy poco mi voz, casi todo el tiempo habla Daruich. De la grabación, obviamente, no surge nada extraño. El habla mal de los legisladores de Fuerza Republicana. La presentación fue una suerte de extorsión. Por el revuelo institucional que se armó, Bussi recibió la renuncia de Daruich, pero todavía no la aceptó", señaló Seguí.

En declaraciones a La Gaceta, Bussi, contra quien Neme presentó una cuestión de privilegio, dijo que comprendía la actitud de Daruich: "Habría que estar en el lugar del funcionario, amenazado y citado intempestivamente a altas horas de la noche a un lugar desconocido. Otro habría llevado un arma, pero él optó por el grabador para asegurarse de que lo que le preguntaran u ofrecieran quedaría debidamente registrado".

Según Seguí, el encuentro se realizó a las 9 de la mañana, en la sede de la fundación Sampay.

Bussi rechazó el procedimiento utilizado por Daruich y negó, a su modo, que el funcionario tuviera varias grabaciones: "¿Para qué?, si la que tiene no sirve para nada".

Por Alejandra Florit

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