Denuncian irregularidades de subsidios entregados por el PAMI a locales de La Cámpora

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el Programa de Atención Medica Integral (UFI-PAMI) denunció penalmente a la obra social de los jubilados por presuntas irregularidades en el otorgamiento y fiscalización de subsidios.

Se trata de una suma de $900.000 entregados como “subsidios solidarios de sostenimiento” y “apoyo extraordinario de sostenimiento” a centros de jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la pandemia de coronavirus. Pero, según consigna la denuncia, a la que accedió LA NACION, muchos de los centros que recibieron el dinero “no se encuentran en funcionamiento en la actualidad” y “son locales partidarios de la agrupación política La Cámpora”.

Fue el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, a cargo de la UFI-PAMI, quien radicó a la denuncia a fin de que se investiguen las presuntas irregularidades del organismo, que preside Luana Volnovich, una de las dirigentes de La Cámpora. Desde el organismo, no respondieron las consultas de LA NACION.

La investigación de la Unidad Fiscal Especial previa a la denuncia penal comenzó en junio gracias a una presentación de la diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña y el exdiputado Luis Petri. Arzubi Calvo radicó la denuncia penal al considerar que el escrito y la documentación presentado por los dirigentes opositores reunía los requisitos necesarios para elevar el caso.

Según puntualiza la denuncia, cada uno de los siguientes centros recibió un monto de $100.000: “Vengo a proponerles un sueño”, “Que florezcan mil flores”; “Seguimos Soñando”, “No me olvides”; “Eduardo Galeano”, “Palermo Viajo”, “Honrar la vidad”, “Milagros al sur” y “La fe trae esperanzas”.

A Ocaña y Petri, según consigna la denuncia, les resultó llamativo que se trataba de “un importe más elevado a los que se suelen otorgar” y también que “la mayor parte de estos centros de jubilados fueron creados cuando la actual directora del PAMI comenzó a ejercer sus funciones”. Se refieren a Volnovich, la dirigente camporista que asumió la dirección de la agencia gubernamental en 2019 con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia.

La resolución n°1472/2020, citada en la presentación judicial, que creó el subsidio solidario, apunta que estaba destinado a colaborar con los centros de jubilados y pensionados que durante la cuarentena dispuesta por el gobierno en el marco de la pandemia cerraron sus sedes y suspendieron sus actividades, perdiendo los ingresos provenientes de las cuotas de sus integrantes.

Sin embargo, seis de los nueve centros beneficiados se inscribieron luego del inicio de la pandemia.

“Es dable resaltar que la naturaleza del subsidio está vinculada con la contingencia sanitaria y la consecuente dificultad que hallaron las entidades en la percepción de sus cuotas sociales”, apunta la denuncia y agrega: “Resulta llamativo, entonces, que la inscripción de los centros Seguimos soñando, No me olvides, Eduardo Galeano, Honrar la vida, Milagros al Sur y La fe trae esperanzas sea sustancialmente posterior a la suspensión de las actividades sociales en los centros de jubilados y al inicio de la pandemia”.

Según consigna la denuncia, los subsidios habrían sido otorgados el primero de febrero del año pasado y su pago habría sido autorizado 11 días después por la unidad de gestión local. Indica que, además, se detectaron irregularidades en la documentación y en las listas de socios donde encontraron falsas identidades.

Cinco de los nueve formularios de solicitud del beneficio fueron presentados con firma, pero sin ningún tipo de dato de identidad, y fueron aprobados como peticiones válidas y luego autorizados para que se efectúen los pagos correspondientes. Sumado a eso, muchos de ellos no consignan la fecha en que fueron entregados.