Kirchnerismo, empresarios y poder: los vínculos que sostienen al juez Walter Bento

Es el juez penal más famoso de Mendoza y el que reúne mayor poder en la región, principalmente por sus vínculos con políticos y empresarios. Por eso, a pesar de llevar hoy sobre sus espaldas una grave causa de corrupción, el magistrado federal con competencia electoral Walter Ricardo Bento (58) busca seguir ascendiendo en los tribunales y convertirse en camarista de la Casación, el máximo tribunal penal del país, solo por debajo de la Corte. Como si se tratara de una carrera desesperada, con saco y corbata, para alcanzar la cima del Aconcagua. Quizás, para demostrar aún más poder. Sin embargo, hay quienes dudan de que tenga resto para cumplir el objetivo, aunque en el fondo saben que están frente a un hombre que supo construir relaciones de peso con la dirigencia, entre las que se destaca el kirchnerismo, que viene tendiéndole una mano.

Bento está cada vez más acorralado en los tribunales federales cuyanos: deberá responder en el banquillo de los acusados por liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios para presos por contrabando o narcotráfico, con revelaciones que crecen día a día, incluso con ramificaciones internacionales, tal como adelantó LA NACION.

Antes de la megacausa en su contra, no había quien no hablara por lo bajo de Bento, respetado y temido por su poder, incluso entre los principales hombres del sector privado, que en algún momento lo tuvieron cerca. El cuestionado magistrado definió expedientes de peso, no sólo vinculados a la organización de las elecciones -lo que le permitía estar en contacto permanente con el mundo político partidario-, sino también en causas de narcotráfico, contrabando, lesa humanidad y en conflictos empresariales y comerciales de magnitud.

Bento fue nombrado titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza por el expresidente Néstor Kirchner en setiembre del 2005, tras la vacante que dejó Luis Leiva, en 2002, destituido por mal desempeño de sus funciones.

Entre las acciones más recordadas de Bento está la orden que firmó en 2011 para allanar y desguazar la empresa Cablevisión, a tono con las embestidas kirchneristas, sobre todo de la gestión de Cristina Kirchner, contra el Grupo Clarín. Fue una causa iniciada por el grupo Vila-Manzano, por ese entonces propietario de Supercanal, con quien el magistrado siempre tuvo una relación estrecha, impulsada a su vez por el histórico operador del peronismo mendocino Juan Carlos “Chueco” Mazzón, entonces mano derecha de José Luis Manzano. “Bento siempre actuó según los tiempos y necesidades del grupo”, decían sus detractores por esos años.

Luego entró en escena la Corte Suprema de Justicia, que rechazó todas las actuaciones y cuestionó los movimientos del juez federal, que terminó con un proceso en el Consejo de la Magistratura, donde también fue acusado por contratar a su esposa, Marta Isabel Boiza, para hacer horas extras en el juzgado a su cargo.

En 2012, Bento logró salvarse de un juicio político, al contar, principalmente, con el apoyo de los consejeros vinculados al kirchnerismo, entre ellos Hernán Ordiales, representante en ese entonces del gobierno de Cristina en el Consejo, y los legisladores Marcelo Fuentes (hoy secretario Parlamentario del Senado), Stella Maris Córdoba, Carlos Moreno y Manuel Urriza. Antes había tenido algunas diferencias con el gobierno nacional, luego de derivar a Córdoba una causa por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Finalmente, tras el reclamo de familiares y víctimas del proceso militar, y para evitar un posible juicio político, el expediente volvió a sus manos, por lo que tuvo que hacerse cargo de esa investigación.

Hoy el magistrado está imputado como jefe de una asociación ilícita y cohecho, en más de 10 hechos, además de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros delitos. En su declaración indagatoria desestimó todos los cargos en su contra y aseguró que el fiscal que investiga el caso, Dante Vega, sólo busca conseguir arrepentidos falsos. Además, sus allegados aseguran que entre ambos hay una enemistad histórica.

Bento insiste en que no está probada “la entrega de dinero”, al tiempo que consideró una “injusticia” que hayan detenido a abogados “por delitos que son excarcelables”, aunque en la causa ya hay letrados y contrabandistas arrepentidos. Desde que fue imputado el magistrado sostiene que la Justicia está actuando con parcialidad, con una “estrategia de lawfare” y una “operación de prensa planificada”, en alusión a la decisión del 26 de julio de Eduardo Puigdéngolas, el juez federal que lo investiga, quien ordenó el procesamiento, el embargo por más de 300 millones de pesos y la prisión preventiva, que no se hace efectiva por tener fueros. “El objetivo de Bento es seguir siendo juez; es la carta de poder que lo mantiene en libertad”, aportó a LA NACION una alta fuente de la Justicia federal.

Bento es un funcionario judicial de carrera, nacido en Buenos Aires. De vacaciones en Chile conoció a su actual esposa, Boiza. Mientras vivieron en la Capital, él trabajaba en una casa de cambio y ella, en un banco. Con los primeros ahorros, según sus abogados, se compraron su primer departamento, en Caballito. En 1992 decidieron radicarse en Mendoza, donde Bento logró ser designado en la Justicia, como secretario.

En 2005 logró el puesto de juez, tras la destitución de Leiva. Según declaró la esposa de Bento, el juez destituido y el camarista Otilio Romano querían que el cargo fuera para Vega, el fiscal que ahora lo acusa. “Le hacían la vida imposible”, afirmó Boiza, quien también está imputada, junto a sus hijos, y fue desplazada de su cargo.

Más allá de las cuestiones personales, la investigación judicial está enfocada en el notable crecimiento patrimonial del magistrado, que ha derivado en inhibición general de bienes de toda la familia, dispuesta por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de Origen Delictivo (Procelac).

En la pesquisa judicial se determinó que la familia posee nueve propiedades en cuatro countries de Mendoza, cuatro autos de alta gama y que viajó decenas de veces al exterior, con Miami y Las Vegas entre sus destinos preferidos. Bento también es coleccionista de búhos, como su madrina profesional, la jueza María Romilda Servini.

La intención de Bento de concursar para la Casación, pese a que lleva meses con procesamiento firme, embargado y con pedido de prisión, dejó en evidencia la protección que el kirchnerismo le otorgó en el Consejo de la Magistratura. A mediados del año pasado, el consejero Pablo Tonelli, de Pro, impulsó una denuncia en su contra, que si bien fue aceptada por unanimidad en la Comisión de Disciplina y Acusación, nunca avanzó. En septiembre, de hecho, el kirchnerismo rechazó suspender al juez, con votos de la senadora kirchnerista María Pilatti de Vergara y el magistrado Alberto Lugones, afín al Gobierno.

A fines de junio, en un celular de Bento se descubrió un mensaje que le había enviado a Lugones a través de la aplicación Telegram. “Gracias hermano”, decía el texto, enviado el 29 de abril de 2021, cuando se aceleraba la investigación contra el magistrado mendocino.

El proceso sigue estancado hoy: aún se aguardan peritajes contables pedidos por el kirchnerismo en el Consejo, a pesar de todas las pruebas remitidas por la Justicia que lo comprometen cada vez más, incluso con tarjetas, cuentas y posibles sociedades en el exterior. Los consejeros consultados por este diario aseguran que ahora hay más chances de acelerar los plazos, aunque reconocen que se necesitarán votos ligados al oficialismo para iniciarle juicio político.

Encumbrados dirigentes políticos mendocinos creen que Bento seguirá siendo beneficiado por la paridad de fuerzas en el nuevo Consejo. “Más allá de que Cristina ahora no podrá designar más jueces a su antojo, la oposición no la tiene fácil: acá ganaron ella y jueces como el señor Bento, que disfrutarán del paso del tiempo”, expresó un encumbrado referente opositor.

En diálogo con LA NACION, una alta fuente del fuero federal en Mendoza reconoció su malestar por la imagen “vergonzosa” que deja Bento en el trabajo judicial. Y sentenció, con un dejo de ironía: “No parece descabellado pensar que llegue a juicio de traje y corbata”. Esto recién ocurriría en la segunda mitad del 2023, otro año clave para el juez federal con competencia electoral de Mendoza.

Por Pablo Mannino

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