Denuncian que hay funcionarios procesados en cargos importantes

El presidente Alberto Fernández tiene dentro de su gobierno varios funcionarios que fueron procesados por actividades incompatibles con la función pública. Algunos de ellos fueron ubicados en puestos claves de la administración nacional. Así se reveló anoche en un informe de La cornisa, el programa que conduce Luis Majul por LN+.

"Nosotros no somos ladrones, no somos corruptos. Si un corrupto se infiltra, lo identificaremos y lo sacaremos del Gobierno. Eso es así, así debe ser". La frase pertenece a Fernández y la dijo en una entrevista telefónica a C5N el 8 de abril.

Para entonces, el mandatario ya había nombrado a Carlos Zannini procurador del Tesoro y a Juan Martín Mena secretario de Justicia. Ambos están procesados por el delito de encubrimiento agravado y forman parte de una larga lista de funcionarios que deben rendir cuentas ante la Justicia. Son, quizás, algunos de los funcionarios procesados con cargos más relevantes, pero no son los únicos "infiltrados", según detalló el programa ayer.

En el ámbito nacional, siempre según el programa, se multiplican los casos. El Registro Nacional de las Personas designó a Santiago Juan Rodríguez, quien está investigado por defraudación a la administración pública por haber direccionado varias licitaciones y abonado sobreprecios cuando estaba al frente de Fabricaciones Militares. Pertenece a la agrupación La Cámpora y es amigo personal de Máximo Kirchner.

La Justicia investiga a Rodríguez, junto con su esposa, Bárbara Grané, por aumentos excesivos en la contratación de personal durante su gestión (pasó de 603 a 1151 empleados), mala administración de fondos para la creación de un estudio de cine y televisión, el alquiler de un perro dogo para un spot publicitario que no vio la luz y el pago de varios viajes al exterior entre 2011 y 2015 por 876.603 dólares.

Un caso curioso es el de Ana Beatriz Priolo. Estuvo detenida por presunto fraude en la compra de insumos en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires cuando se desempeñaba como directora de Administración y aún continúa procesada en la causa que llevaba el fiscal Álvaro Garganta en la que se pidió la elevación a juicio oral por los delitos de asociación ilícita, fraudes reiterados contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Fue designada coordinadora de Administración Financiera del Inadi, pero presentó su renuncia luego de que se hiciera público su prontuario.

Eduardo Zuain es otro de los funcionarios en la mira de la Justicia que ocupan cargos en el Estado. Fue designado a cargo del instituto que forma a los diplomáticos argentinos y se encuentra procesado por la causa del memorándum con Irán. Fue vicecanciller y secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Cristina Kirchner.

Hay más. Nicolás Michudis es el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado. Se desempeñó como director de Presupuesto bajo el mando de Julio De Vido. Michudis está procesado y embargado junto a Roberto Baratta y otros funcionarios por administración fraudulenta.

Qué dice la ley

Ninguno de los actuales funcionarios debería ocupar los cargos en los que fueron designados, según establece la ley 25.164, que regula el ingreso a la administración pública y que entre sus requisitos especifica que no puede ser designado el que haya sido condenado por delito doloso, por delito en perjuicio de la administración pública y "el que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos anteriores". Quienes no lograron protegerse en cargos nacionales, lo hicieron en el refugio kirchnerista: Santa Cruz. El territorio que comanda Alicia Kirchner también tiene procesados en el gobierno, como Carlos Sancho, uno de los socios de Máximo Kirchner.

LA NACION

• Actualidad

---

Conforme a

“Se disfruta como uno quiere”. En el negocio del vino sigue dando que hablar una curiosa frase de Messi

Vacunos. Cierre de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

“Tormentas brutales”. El último fenómeno extremo golpeó a 400.000 hectáreas de la principal región agrícola