Destituyeron a un juez que benefició a miles de gendarmes con sus sentencias

El jurado de enjuiciamiento de Corrientes destituyó hoy al juez Civil y Comercial de Santo Tomé Humberto De Biase Echeverría por "mal desempeño de sus funciones", tras haber otorgado más de 17.000 medidas cautelares por reajuste salarial en beneficio de efectivos de Gendarmería y Prefectura a fines de 2010.

El magistrado otorgó 17.060 medidas cautelares durante diciembre de 2010 en beneficio de efectivos de Gendarmería y Prefectura que habían reclamado reajustes salariales desde el año 2009, uno de los aspectos que denunció el gobierno nacional como parte de una supuesta "asociación ilícita" entre jefes de las fuerzas de seguridad, abogados y jueces, al justificar la aplicación del decreto 1307 que generó protestas en el sector.

De Biase es uno de los magistrados junto a la jueza federal de Río Gallegos, Ana Cecilia Álvarez Santa Cruz, fue mencionado en las denuncias del jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y del ministro de Economía, Hernán Lorenzino durante una conferencia de prensa realizada la semana pasada en la que el gobierno nacional acusó por supuesta "asociación ilícita" a "algunos abogados, jueces y jefes de ambas fuerzas de seguridad" para crear "una industria del juicio contra el Estado".

Tras conocerse el fallo destitutorio, De Biase calificó su separación de la Justicia como "injusta y arbitraria" y anticipó que apelará la decisión del Jurado de Enjuiciamiento, cuyos fundamentos se darán a conocer el próximo lunes al mediodía.

El ahora destituido magistrado dijo sentirse "tranquilo" porque "siempre he sido un buen magistrado" y "un hombre honorable".

El proceso

De Biase fue destituido de su rol de juez y suspendido por lapso de tres meses en la función pública por el voto de seis de los siete miembros del Jurado de Enjuiciamiento.

La acusación fue formulada por el fiscal general de Corrientes, César Sotelo, quien denunció que De Biase habría incurrido en una maniobra irregular denominada "forum shopping", debido a "la manipulación de sistemas legales y reglamentarios de organización de tribunales para permitir sentencias favorables en el caso".

En su alegato, el fiscal precisó que en el año 2009, el doctor De Biase inició 61 demandas contra el Estado Nacional, haciendo caso omiso a las normativas que establecían su competencia provincial", a las que "sumó las cuatro del 2010 que, según un informe de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, implicaban 17.060 actores".

El fiscal general sostuvo que esas causas poseían una naturaleza "corporativa" y ello quedaba comprobado en el carácter itinerante de los actores, conformando "un impresionante fórum shopping Made in Corrientes, efectivizado con la complicidad del matrimonio Nelson Serial y Josefa Milán".

El fiscal general estimó que el perjuicio al Estado nacional por esta avalancha de amparos ascendería a los "1.500 millones de pesos".