Dictan la prisión preventiva del juez federal acusado de tener vínculos con los narcos
Bailaque es investigado por sus lazos con traficantes y por extorsiones; la detención no se hará por ahora efectiva porque tiene fueros
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LA NACIONHernán Cappiello
El juez de garantías de Rosario Eduardo Rodrigues da Cruz dispuso la prisión preventiva por 90 días del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, que es investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, por extorsionar a empresarios.
La prisión preventiva no se ejecutará hasta tanto avance en el Consejo de la Magistratura el desafuero del juez, ya que por ahora está protegido por sus fueros de magistrado. Ese privilegio le da inmunidad de arresto.
El fiscal federal Diego Velasco, que está a cargo de la unidad fiscal contra el lavado de dinero, pidió que Bailaque quede preso en una audiencia oral y pública que tuvo lugar este miércoles en Rosario.
Gracias al nuevo código acusatorio, la audiencia permitió apurar los tiempos de las decisiones. La dinámica fue reforzada por la celeridad de los fiscales y el juez del caso, Rodríguez da Cruz.
Bailaque, además, está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura. Para que quede preso debería avanzar su juicio político en el Consejo.
Actualmente ese trámite está en la Comisión de Disciplina donde, a instancias del diputado y concejero Álvaro González, ya pidieron que se incorpore al expediente todas las constancias de estas causas penales.
“Es un gran avance, quedó imputado y ahora seguramente apelará ante la Cámara Federal de Rosario, pero esto nos da la razón”, dijo a LA NACION una fuente de la acusación.
En el Consejo de la Magistratura analizan si corresponde llamar a un plenario extraordinario para disponer la suspensión de Bailaque hasta tanto avance la causa penal y la administrativa. De esa forma se evitaría que siga firmando sentencias en su juzgado.
Bailaque quedó formalmente imputado en una audiencia donde los fiscales acusaron, exhibieron la prueba y el juez se defendió. Luego, el juez de garantías Eduardo Rodrigues da Cruz, que presidió la audiencia oral y pública resolvió en cuestión de tres horas.
Allí, el fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Diego Velasco pidió la prisión preventiva efectiva del juez Bailaque.
El magistrado está acusado en tres causas por corrupción, incumplimiento en los deberes de funcionario público y prevaricato. Velasco pidió al Consejo de la Magistratura que acelere la investigación.
“No escapa a este Ministerio Público Fiscal que el imputado tiene inmunidad de arresto. Esto es un pedido sujeto a que el Consejo de la Magistratura actúe en consecuencia”, señaló el fiscal Velasco ante el juez de Garantías Eduardo Rodrigues da Cruz.
Velasco sostuvo que “están dados los elementos de convicción suficientes” para fundar el pedido de prisión del juez federal. Agregó que su rol actual puede generar “cierto riesgo de entorpecimiento en las investigaciones que llevan adelante” los propios fiscales. A modo de ejemplo, citó una suerte de “apriete” que profirió Bailaque a una empleada judicial que había sido citada a declarar en la causa.
Por su parte, el fiscal Sergio Rodríguez de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó embargar inmuebles del juez, una embarcación y un vehículo.
Estas causas son impulsadas por los fiscales federales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari de Rosario.
Los fiscales acusaron a Bailaque por el manejo de fondos de la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, por supuestas demoras en una causa por narcotráfico contra el capo narco preso Esteban Lindor Alvarado, que tenía el mismo contador que el juez (Gabriel Mizzau) y por extorsión contra dos empresarios a los que les inventó una causa en complicidad con un jefe de la ex-AFIP.
Para los fiscales fue curioso que mientras Mizzau era contador de Bailaque y de algunas de las empresas vinculadas al narcotraficante, el juez que tenía a cargo la instrucción de la investigación contra Alvarado denegó medidas como intervenciones telefónicas, ligadas al contador.
La otra acusación contra el juez fue por el manejo de los fondos de la intervenida cooperativa de estibadores portuarios de Puerto San Martín y San Lorenzo. En ese expediente, el magistrado permitió el giro de unos 1000 millones de pesos hacia una mutual cuyo responsable es su amigo Fernando Whpei, cuando debió haberlo hecho hacia una entidad bancaria, regulada por el Banco Central.
El fiscal indicó que en las apelaciones ante instancias superiores, Bailaque no dejó asentado que era amigo de Whpei hasta que se lo consultaron los camaristas Fernando Barbará y Aníbal Pineda, en una segunda revisión de cámara. “Jamás negué que era su amigo”, contó el fiscal que respondió Bailaque.
“En la investigación pudimos comprobar que Bailaque viajó a Chile en abril de este año (2024) con Whpei. Claramente, es amigo hasta el día de hoy”, aseguró el fiscal en la audiencia.
El último caso fue expuesto por el fiscal Argibay Molina, que describió el presunto actuación de una red en la que estaría involucrado el juez, su secretario Gustavo Guazzaroni y trabajadores de alta jerarquía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en realizar medidas para perjudicar al empresario Claudio Iglesias en 2019, a quien se investigó por una denuncia anónima.
Un arrepentido de la ex-AFIP Carlos Vaudagna contó en el expediente como se armó la causa. Argibay Molina señaló: “Hay intercambios entre Vaudagna y Bailaque el día de los allanamientos. Después de las indagatorias a Iglesias y Jorge Oneto se dictó la falta de mérito y el trámite quedó planchado a niveles escandalosos”.
Vaudagna confesó la autoría de varios delitos, entre ellos, el de haber extorsionado a empresarios a cambio de dinero en connivencia con otros actores del sistema.
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