Dinero de la corrupción: procesaron a directivos de Jonestur y Transcambio por maniobras de lavado y conformar una asociación ilícita
La Justicia federal de Mar del Plata estimó que los financistas ayudaron a ocultar dinero de Daniel Muñoz y el narcotráfico
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Once años después de radicada la denuncia, y tras superar múltiples escollos, la Justicia federal de Mar del Plata procesó a decenas de integrantes de los grupos financieros Jonestur y Transcambio, acusados de conformar una asociación ilícita con ramificaciones locales e internacionales, que van de la corrupción kirchnerista y el narcotráfico, a la Banca Privada de Andorra (BPA).
El juez federal Santiago Inchausti consideró que se recolectaron evidencias suficientes para procesar a los acusados por presunta intermediación financiera ilegal, captación de ahorros no autorizada y lavado de activos, valiéndose de una compleja red de empresas, fideicomisos y cuentas bancarias en el exterior.
En ese sentido, los grupos Jonestur y Transcambio montaron estructuras offshore, algunas reveladas en los “Panama Papers”, para captar fondos de particulares y canalizarlos a través de casas de cambio y “cuevas” financieras. Esos fondos fueron luego reintroducidos en el sistema formal mediante operaciones inmobiliarias y comerciales, disimulando así su origen ilícito.
Esa operatoria bajo sospecha benefició, por ejemplo, a los testaferros del fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, quien manejó durante años decenas de millones de dólares sin declarar. Según la investigación, ambas estructuras financieras ofrecieron servicios de reciclaje y triangulación de fondos a la pareja de Muñoz, Carolina Pochetti, y a uno de sus testaferros, Sergio Todisco, que terminaron en sociedades offshore, contribuyendo a ocultar parte de su fortuna en el exterior.
La operatoria de Jonestur y Transcambio, según reconstruyó la Justicia, se desarrolló en Mar del Plata, la ciudad de Buenos Aires, Andorra y Panamá, pero también con el apoyo de “arbolitos” que ofrecían divisas en la vía pública, custodiados incluso con vehículos cargados de dinero y armas. Todo eso, con la connivencia de personal policial bonaerense y con el objetivo de dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas.
En su resolución, el juez Inchausti también impuso embargos multimillonarios: $50.000 millones para los principales acusados y $10.000 millones para otros procesados, con el fin de garantizar la devolución de fondos a los ahorristas perjudicados. Muchas víctimas denunciaron haber perdido sumas cercanas al medio millón de dólares en inversiones canalizadas por Jonestur.
Entre los procesados aparecen miembros de las familias García Navarro, Ramaglio, Vattuone e Irazoqui, además de conocidos operadores financieros como Oscar Rigano, Rubén Seret y Rolando Todaro —este último señalado como nexo clave entre ambas organizaciones—. El fallo también alcanzó al comisario (RE) de la Policía bonaerense, Gerardo Julio Gómez, imputado por encubrimiento agravado debido a que omitió denunciar las maniobras.
Decomiso anticipado
La investigación, cabe aclarar, también abarca al patrimonio de Francisco Fernando García Navarro, el histórico presidente del Grupo Jonestur, quien falleció en 2018. La Justicia ordenó el decomiso anticipado y definitivo de parte de su acervo sucesorio, integrado por propiedades en Tandil adquiridas mediante el fideicomiso Quirón, acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y participaciones societarias en Jonestur Crediticia, Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. y García Navarro Hnos. Según la resolución, estos bienes habían sido incorporados a la red de lavado y ocultaban el verdadero origen ilícito de los fondos.
En paralelo, se dispuso una rogatoria internacional a Andorra para asegurar activos detectados en cuentas de García Navarro, sus hijas y un conjunto de sociedades panameñas asociadas al grupo. El expediente detalla que en 2023, en Andorra, directivos de Jonestur —entre ellos Rigano y Seret— celebraron un acuerdo con el Ministerio Público del Principado, donde reconocieron delitos financieros y aceptaron multas por más de 32 millones de euros, además del decomiso de casi 8 millones de euros en comisiones ilegales. A pesar de ello, en la Banca Privada de Andorra (BPA) permanece congelado un saldo cercano a 40 millones de euros, que la Justicia argentina busca recuperar para reparar a los damnificados.
A lo largo de 243 fojas, la resolución de Inchausti refleja la magnitud de la operatoria cuestionada: además de las cuentas de los imputados y sus familiares, fueron detectadas múltiples cuentas de sociedades offshore en Andorra, Panamá y otros paraísos fiscales, todas ellas vinculadas al circuito de blanqueo. Las declaraciones de las propias hijas de García Navarro confirmaron que los fondos depositados en cuentas familiares en la BPA tenían como origen exclusivo el patrimonio de su padre, sin poder justificar el origen lícito de ese dinero.
Planteos judiciales
Los procesamientos, cabe remarcar, los dispuso el juez Inchausti, quien años atrás había sido apartado del expediente por planteos de las defensas, pero fue luego reincorporado tras la revisión de instancias superiores. Su regreso al caso resultó decisivo para destrabar medidas que estaban paralizadas, entre ellas el decomiso de bienes sucesorios y la rogatoria internacional a Andorra, que finalmente quedaron firmes en junio de 2025.
La fiscal federal Laura Mazzaferri, en tanto, quedó al frente de la investigación junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y jugó un papel clave en sostener la acusación pese a los múltiples intentos de las defensas por dilatar el proceso. Impulsó los pedidos de decomiso anticipado, trazó los nexos entre las operaciones locales y los fondos offshore, y articuló la cooperación internacional que permitió avanzar sobre cuentas en Andorra y Panamá. En su dictamen, subrayó que la magnitud de la estructura “solo puede explicarse por la connivencia de sectores económicos, políticos y policiales”.
La investigación, iniciada en 2014, requirió años de escuchas telefónicas, peritajes contables, testimonios de ahorristas damnificados -muchos de ellos patrocinados por los letrados Pedro Bove, Julián Vespa y otros profesionales- y cooperación internacional. La resolución judicial sostiene que “quedó acreditado que los fondos manejados provenían de actividades ilícitas y que ambas estructuras actuaron con vocación delictiva permanente”, configurando una de las mayores redes de intermediación financiera ilegal de las últimas décadas en Argentina.
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