Diputados aprobó la nueva ley de quiebras

Fue un debate intenso, cargado de acusaciones cruzadas, discusiones ideológicas y apelaciones nacionalistas. Al final, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la ley de quiebras, una exigencia explícita del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un eventual desembolso crediticio al país.

La iniciativa se aprobó por amplia mayoría, con 178 votos positivos contra 47 negativos, estos últimos promovidos por el interbloque ARI y de sectores de izquierda. La intención del oficialismo es que el proyecto se convierta en ley hoy mismo en el Senado, aunque anoche nadie garantizaba esta posibilidad.

No hubo sorpresas en la aprobación de la iniciativa en la Cámara baja; eso sí, el debate estuvo condimentado con fuertes discursos y críticas cruzadas, que llegó a su punto más álgido cuando un grupo de diputados casi se trenza a golpes cuando su par Alicia Castro (Frente para el Cambio) exhibió en alto una bandera norteamericana.

Es que, para los opositores a la iniciativa, la aprobación de la nueva ley de quiebras no sólo implica un nuevo gesto de “sumisión” al FMI, sino que, además, permitirá la desnacionalización de numerosas empresas nacionales en quiebra y la pérdida de mayores puestos de trabajo, proceso éste que sería favorecido por la devaluación de la moneda. Así lo advirtieron, una y otra vez, en sus respectivos discursos.

El oficialismo relativizó estas advertencias y aseguró que, con la reforma de la ley, se asegurará la continuidad de la empresa en bancarrota, una cuestión que -insistía- no estaba garantizada con el actual régimen de quiebras. El argumento fue avalado por la UCR -que trabajó codo con codo con el PJ en el diseño del proyecto-, los partidos provinciales y Acción por la República.

Principales puntos

Esta es la segunda reforma que se realiza a la ley de quiebras en lo que va del año. La primera se sancionó en enero, pero fue objetada por el FMI por el excesivo resguardo que se propiciaba hacia el deudor.

Con los nuevos cambios, el oficialismo procuró acercarse al Fondo. Y, en virtud de ello, se restituyó del instituto de cram-down, que habilita al acreedor o a un tercero a hacerse cargo de una empresa en quiebra aunque, para evitar el riesgo de una compra masiva de empresas o bienes a precio vil, se acordó una serie de límites en el texto.

Uno de ellos es el que permite al deudor competir con sus acreedores y presentar una oferta para salvar a su empresa. La otra se refiere a la valuación de la firma en bancarrota: según el proyecto, no se regirá según el criterio contable, sino por el valor del mercado, incluidos los intangibles.

Otros puntos centrales de la iniciativa son los siguientes:

• Suspensión de ejecuciones: regirá por un plazo de 180 días corridos.

• Período de exclusividad: en este plazo el deudor puede formular ofertas sus acreedores. Se extenderá de 90 a 120 días.

• Más facultades al juez: se le permite imponer un acuerdo que considere justo aunque no cuente con el acuerdo de todos los acreedores convocados.

• Excepciones: en el debate en particular se aclaró que serán exceptuados del cram down los medios radiales y televisivos en virtud de la ley de radiodifusión.

“El objetivo de esta iniciativa es garantizar la continuidad de la empresa; los acreedores hubieran querido que se derogara la norma que se aprobó en enero, pero eso era inaceptable. Había que fijar límites”, enfatizó Eduardo Di Cola (PJ).

La UCR se expresó en la misma sintonía: “Era imperioso modificar la ley aprobada en enero -enfatizó Benjamín Nieto Brizuela-. Perjudicaba nuestra economía porque coartaba el crédito”.

Los argumentos no convencieron a los opositores a la ley.

Héctor Polino (ARI) advirtió que con esta norma se producirá una “desnacionalización total” del patrimonio argentino y, en el mismo sentido, Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad) denunció que ése es el fin del FMI y de los Estados Unidos: “Quieren llevarse puestos a los capitales locales y europeos. Y ustedes (señalando al oficialismo) los están ayudando”.

Sobre el final, Elisa Carrió (ARI) advirtió que las leyes de quiebras y de derogación de la figura de subversión económica son pasibles de ser anuladas “porque fueron aprobadas bajo extorsión”.

“Estados Unidos y el FMI vienen por la derogación de la ley de subversión económica para garantizar la impunidad de aquellos que fueron acusados por este Parlamento (en la comisión de lavado de dinero) -enfatizó-. Las leyes deben garantizar la justicia y el bien común, no la impunidad y la entrega del patrimonio”.

El radical Horacio Pernasetti relativizó estos argumentos. “Aun sin la ley de quiebras puede venir quien quiera a comprar bienes de nuestro patrimonio. El problema de fondo es la debilidad que afrontan nuestra economía y nuestras empresas.”

Humberto Roggero, jefe del bloque del PJ, elogió el discurso del radical y añadió: “Claro que hay presiones internacionales. Pero esta ley permite la preservación al menos por 180 días de miles de hectáreas que serían rematadas mañana si no se sancionan”.

Por Laura Serra

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