Diputados: cámaras farmacéuticas, usuarios de prepagas, inquilinos y jubilados exigieron el rechazo del DNU de Milei

A instancias del kirchnerismo y un sector de la oposición dialoguista, cámaras farmacéuticas, usuarios de la salud privada, inquilinos y defensores de jubilados expresaron su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que desregula diversas áreas de la economía. Se dio en el marco de la comisión de Defensa de la Competencia de la Cámara de Diputados, que dio inicio al debate tan solo unos minutos después de que el Gobierno dispusiera dar marcha atrás con los aumentos en las empresas de medicina prepaga.

“Hay una afectación negativa que está produciendo el DNU 70/2023 en las familias argentinas, principalemente el tema de la medicina prepaga, el acceso a medicamentos y el acceso a la vivienda”, señaló la presidenta de la comisión, la fueguina Carolina Yutrovic (UxP), al abrir el debate.

Por su parte, el diputado cordobés, Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal), vicepresidente de la comisión, resaltó la pertinencia de la reunión y destacó que, a la par del trabajo legislativo, “hay que escuchar a las asociaciones para que nos den las herramientas que permitan resolver estos problemas”.

El referente de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias, Sergio Barilari, argumentó su disconformidad con el DNU 70/2023 y exigio su rechazo a los Diputados presentes. “El ámbito del medicamento es pura y exclusivamente de las farmacias con un profesional farmacéutico. El decreto desregula la salud, sector que no da espacio para las desregulaciones, sino todo lo contrario: la salud es un sector esencial”, determinó. Entre otras medidas, la norma del Poder Ejecutivo quitó la exclusividad de comercialización de medicamentos conocidos como de “venta libre” a las farmacias.

Alejandra Iglesias, de la asociación civil Sostén y fundadora de la ONG Unidos por el Cancer, precisó que desde el 10 de diciembre “fallecieron siete personas esperando su medicación”. Sobre este problema, subrayó: “Los medicamentos oncológicos son de alto costo y con los aumentos se hace muy difícil adquirirlos dado que existe una desinversión $140.000 millones que afecta directamente a las personas que viven con cáncer”. “Cuando la enfermedad está avanzada no pueden suspender su medicación, y esto afecta tanto a su salud física como emocional”.

Como representante de la Fundación por los Derechos Económicos Sociales, Roberto Sukerman tildó de “criminal” dejar de regular los aumentos de las prepagas y habló de acciones “contradictorias” por parte de la administración de Javier Milei. “Dejar al libre mercado que fije el precio de las prepagas de manera tan desmedida genera usuarios expulsados del sistema. Pero como el Estado es garante de la Salud, tiene que hacerse cargo de esas personas”, explicó.

En la misma línea se expresó José Luis García Ventureira, como referente de alrededor de 10.000 abogados autoconvocados. “La situación actual está colapsando los juzgados de amparos colectivos e individuales. Si esto se mantiene no solo van a colapsar los juzgados sino también los hospitales públicos”, dictaminó.

Facundo Mancebo, titular de la Defensoría del Pueblo de Lanús, trajo al debate casos concretos de adultos mayores que no pueden afrontar los incrementos de sus prepagas. “Hay una afectación clara a consumidores híper vulnerables, sobre todo a nuestros jubilados y pensionados. Hemos visto casos que han pedido préstamos para continuar con tratamientos oncológicos y de ahí la preocupación de quien les habla”, indicó.

Mientras que el bloque de Unión por la Patria (UxP) tuvo una asistencia casi perfecta; de Pro solo participó el rionegrino Sergio Eduardo Capozzi; Mónica Frade y Agost Carreño por la bancada liderada por Miguel Ángel Pichetto; Pedro Galimberti y Mariela Coletta de la UCR; Myriam Bregman por el Frente de Izquierda; y de La Libertad Avanza (LLA) Beltrán Benedit y Lilia Lemoine.

Crisis con las prepagas

La reunión se da en plena crisis entre las empresas de medicina prepaga y el Gobierno, que esta mañana anunció, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, que presentará una medida cautelar en la Justicia para retrotraer los aumentos en este sector, que promedian el 165% en lo que va del año. La medida se aplicará a un compendio de compañías de la salud que representan al 75% de los afiliados y se fijará un ajuste por inflación durante los próximos seis meses.

La impugnación del DNU, que ya cuenta con el rechazo del Senado, toma cada vez más cuerpo en la Cámara baja con el impulso del kirchnerismo, la izquierda y un puñado de legisladores de los bloques dialoguistas. La semana pasada, legisladores renuentes a acompañar el megadecreto coordinaron una “jornada de debate” con abogados constitucionalistas.

En la antesala del inicio de la discusión de la desmalezada ley ómnibus y conscientes de las tensiones del Gobierno con algunos gobernadores ante el recorte de partidas provinciales, buscan descontar las 12 manos que les faltan para llegar a las 129 que no solo abrirá la discusión en el recinto, sino que también dejaría sin vigor el decreto.

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