Diputados: la oposición impulsó la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA
Se fijó un cronograma para definir si se avanza con pedidos de informes e interpelación a funcionarios, como Karina Milei, por el escándalo de la criptomoneda; un amplio consenso para declarar la emergencia en Bahía Blanca fue la llave para abrir el recinto
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La oposición logró impulsar el caso $LIBRA en la Cámara de Diputados con el debate de los proyectos que apuntan a interpelar a funcionarios como Karina Milei, pedir informes al Poder Ejecutivo y activar una comisión investigadora por el criptogate. Fue después de más de dos horas de sesión, atravesada por un fuerte operativo de seguridad por la marcha de jubilados y la anunciada participación de barras de fútbol, convocada en las inmediaciones del Congreso.
Ninguno de estos proyectos tiene dictamen de comisión, lo que alejó sus chances de aprobación. La oposición no reunió los dos tercios de los votos de los presentes -unos 190 diputados si el recinto está completo- para imprimirles la media sanción. Sin embargo, sí se consiguió forzar a las comisiones a abrir el debate la próxima semana. Si los proyectos logran despacho, bastará con una mayoría simple para aprobarlos en la Cámara.
Para crear la comisión investigadora del escándalo cripto se definió armar una primera reunión plenaria de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento el martes próximo a las 16. La firma del despacho está previsto para el día posterior, el miércoles a la misma hora. El esquema se avaló por 134 votos a favor y 94 rechazos.
Para las iniciativas sobre interpelaciones a funcionarios y pedidos de informes al Poder Ejecutivo se emplazó a Asuntos Constitucionales, Justicia y Finanzas para el martes próximo a las 13. La fecha límite para firmar dictamen es un día después. Este cronograma se aprobó por 146 afirmativos y 81 negativos.
Estas mociones fueron acompañadas por Unión por la Patria, la Izquierda, la mayoría de Encuentro Federal, parte de los radicales de Democracia, la Coalición Cívica, el Movimiento de Integración y Desarrollo de Oscar Zago, la exoficialista Lourdes Arrieta, y Héctor Baldassi y el larretista Álvaro González, de Pro. Los rechazos los sumaron los libertarios, el macrismo, los radicales “peluca” y el bloque de Innovación Federal, que responde a los oficialismos de Neuquén, Río Negro, Misiones y Salta. La UCR, en tanto, acompañó el pedido de informes y la interpelación de funcionarios, pero no la creación de la comisión investigadora.
El diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, promotor de un pedido de interpelación a funcionarios que incluye a la hermana del Presidente, apuntó contra Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, que deberá abocarse al tratamiento del criptogate. “Hubiera bastado con que se comprometiera a abrir la comisión”, le reprochó. Advirtió que “los votantes de La Libertad Avanza están esperando una explicación” y aclaró que los cuestionarios le llegarán a los interpelados con anticipación.
“Si no tienen nada que esconder, aprueben el emplazamiento”, toreó el referente de la izquieda, Nicolás de Caño.
La postura del Gobierno la defendió Nadia Márquez, quien trató de frenar la afrenta con el argumento de que “el emplazamiento es para una comisión en retardo y ningún diputado pidió el tratamiento de estos proyectos”. Esta justificación fue replicada por el legislador de la Coalición Civica, Juan Manuel López, así como el radical de Democracia, Fernando Carbajal.
Juicio político
El kirchnerismo buscó emplazar a la Comisión pertinente para discutir el juicio político al Presidente. Fueron acompañados por los legisladores del socialismo santafecino, Esteban Paulón y Mónica Fein, quienes también impulsaron una iniciativa en este sentido.
“Lo que queremos es establecer las responsabilidades políticas del caso”, consideró Germán Martínez, el jefe de UP en Diputados.
No logró eco en el resto del arco opositor, donde estimaron la medida como el fin de un proceso, no el inicio. “Hay que agotar todas las intancias previas; hay que interpelar a los funcionarios para que expliquen qué pasó”, explicó Miguel Pichetto, de Encuentro Federal.
La moción resultó rechazada con 104 votos a favor y 128 en contra.
El quorum
La sesión especial, que comenzó cerca de las 12.20 con 130 diputados presentes, fue impulsada por los radicales de Democracia -alineados con Facundo Manes y el senador Martín Lousteau-, parte de Encuentro Federal y Álvaro González (Pro). Unión por la Patria (UP) se mantuvo en las sombras, consciente de que su presencia podía alejar apoyos clave, pero dipuesta a sentarse en sus bancas: contribuyó con más de 90 diputados.
Se sumaron los bonaerenses Fabio Quetglas y Karina Banfi, de la UCR, y el radical santafecino Mario Barletta, de Unidos. El resto del bloque conducido por Rodrigo de Loredo prefirió no aportar voluntades para abrir el recinto, aunque luego se sumaron al debate en mayoría.
Estuvieron presentes los seis legisladores de la Coalición Cívica, los cinco de la Izquierda, los tres del Movimiento de Integración y Desarollo (MID) de Oscar Zago. También lo hizo la exoficialista, Lourdes Arrieta.
El oficialismo recurrió a su manual de supervivencia para evitar un revés. Se apoyó en sus aliados habituales, así como en los gobernadores, que buscan mantener abiertas las negociaciones con la Casa Rosada para asegurar recursos para sus provincias. La estrategia dio resultados: casi todo el Pro y el radicalismo se ausentó. También los legisladores referenciados con los mandatarios provinciales macristas Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos); los peronistas no kirchneristas Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro), Osvaldo Jaldo (Tucumán); y los radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes).
El martes, en pleno conteo de voluntades para alcanzar los 129 diputados necesarios, se decidió ampliar el temario con un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en Bahía Blanca y otras regiones afectadas. La iniciativa, impulsada Victoria Tolosa Paz (UP), cuenta con el respaldo de casi todos los bloques, salvo el oficialismo, y propone destinar una partida extraordinaria del presupuesto “para intervenir y asistir inmediatamente en la reconstrucción de infraestructura y la recuperación de las actividades económicas, sanitarias, educativas y sociales”.
La estrategia tuvo éxito. Forzó el quorum y acorraló a los libertarios, que en plena reunión de labor parlamentaria definieron presentar su propio proyecto de emergencia, de la mano del bonaerense José Luis Espert, que especifica que la partida extraordinaria deberá ser destinada a través de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, a cargo de Daniel Scioli.
El inicio de la sesión significó un golpe para el oficialismo, aunque no será letal. Sin embargo, marcará un primer paso para poner en aprietos a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, en manos del libertario Nicolás Mayoraz y la macrista Silvia Lospennato. La presión busca obligarlos a abrir el debate en comisión, con tres caminos posibles: interpelar a funcionarios del Ejecutivo, pedir informes o crear una comisión investigadora. Si se habilita el debate, el caso $LIBRA volverá al centro de la agenda y el oficialismo sumará otra crisis.
Un inicio acalorado
La sesión comenzó con la declaración de emergencia a Bahía Blanca. Los libertarios pidieron incorporar su proyecto. Lo mismo solicitaron los diputados de Izquierda, que contaban con su propia iniciativa. En ambos casos, se necesitaban tres cuartos de los votos de los presentes, una mayoría imposible de conseguir sin el aval de casi todos los espacios de la Cámara.
Se incorporó exitosamente el de los libertarios, pero cuando llegó el turno del proyecto de la izquierda, el oficialismo se negó a levantar la mano para incluirlo al temario. Esto generó el repudio de sus compañeros de bancada, que los acusó de “no tener códigos” y de “falta de reciprocidad”.
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