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Dos años de ley de medios con menos democracia
Se acaban de cumplir dos años de la ley de medios. El Gobierno dice que la comunicación, ahora, es "más democrática", aunque Oscar Nemirovsci, titular del sistema público de TV Digital, advirtió que "la batalla no terminó". Lo cierto, sin embargo, es que en la actualidad hay muchos más medios oficialistas que antes y hay mucho menos pluralismo.
¿Está sugiriendo Nemirovsci que, después del 23 de octubre, se viene la embestida final contra Cablevisión , Papel Prensa, el Grupo Clarín u otros empresarios como Daniel Hadad, en cuyo Grupo Infobae podría desembarcar Cristóbal López? ¿Cuántos otros empresarios K están haciendo compras agresivas de radios y canales, para sumarlos al mundillo kirchnerista y aprovechar negocios con la publicidad que fluye a manos abiertas? ¿No se volvió el instituto de cine (Incaa) una usina de propaganda del Gobierno? Los actores están enamorados de un régimen que, curiosamente, cercena la libertad de creación.
Hay otro dato revelador: ningún periodista ni medio oficialistas -incluyendo a Página 12 y Tiempo Argentino - hicieron alguna denuncia contra funcionario alguno. Vivimos en un mundo perfecto.
El Gobierno, para acorralar a los medios críticos, nunca escatimó esfuerzos. Algunos ataques fueron frontales. Por ejemplo, las críticas que hacía el ex presidente Néstor Kirchner a algunos diarios o los carteles y globos que despliega el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, contra esas publicaciones.
En esa misma línea desembozada se inscribe, tal vez, la acusación contra la directora del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, de haberse apropiado de Marcela y de Felipe: a pesar de que, hace tres meses, se realizaron exámenes genéticos que demostraron, en forma concluyente, que aquellos jóvenes no son hijos de desaparecidos, ni la jueza Sandra Arroyo Salgado ni quien la reemplazó en su licencia, el juez Juan Manual Yalj -el mismo que encarceló sin fundamento al gremialista Rubén Sobrero- aceptaron realizar la última batería de cotejos. El Gobierno no acepta el fracaso.
Pero, más allá de esos ataques obvios, el Gobierno aprendió a desplegar una estrategia más sofisticada: con un mecanismo de pinzas, logró achicar el espacio en el que se mueven los medios independientes, mientras que fortaleció el sistema de medios públicos y privados paraoficiales (formado por canales y radios comprados por empresarios amigos del poder o subyugados por la publicidad). Billetera mata libertad.
El Gobierno no se conforma con haber denunciado a Papel Prensa ante la Justicia sin fundamento alguno: también impulsa un proyecto de ley para obligar a los propietarios privados (Clarín y LA NACION) a desprenderse de la empresa. Se olvida que en la Argentina hay, desde hace décadas, 17 periódicos nacionales y otros cientos de locales.
Continúan existiendo los mismos 5 canales de TV abierta de siempre y hay más de 12.000 radios legales y truchas: pero, ahora, el discurso oficialista se expandió al ritmo de distribución de la pauta que entrega Telam o de las presiones del Afsca (ex Comfer). Y si bien se adjudicaron en forma directa, sin licitación, algunas licencias de TV digital, los beneficiarios son los escribas del discurso único.
Volvamos a la ley de medios: Gabriel Mariotto, titular de Afsca -que en diciembre podría ser reemplazado por Moreno o por Damian Loretti, que continuarán con la misma política- dijo que hay que poner fin a las medidas cautelares que suspendieron el artículo 161, que obliga a los grupos a vender sus canales y radios. ¿Tendrá fuerza o valor la Justicia para ponerle un límite a las pretensiones hegemónicas del Gobierno?
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