Duras críticas a Rafecas por su fallo contra De la Rúa

El tribunal que absolvió al ex presidente Fernando de la Rúa, al entender que no se pagaron sobornos para aprobar leyes laborales en su gestión, denunció al juez que investigó el caso, Daniel Rafecas, ante el Consejo de la Magistratura, al entender que actuó con parcialidad para llegar a "objetivos preordenados".

Según los jueces, estas metas eran: "Procesar a un ex presidente de la Nación y a las autoridades de los bloques mayoritarios que, para el año 2000, conformaban el Senado de la Nación".

Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 3 Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez escribieron 2697 páginas para descartar que se hubieran pagado coimas y absolver al ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes; al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, y a los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Constanzo y Ricardo Branda.

Además, absolvieron a Mario Pontaquarto, que era secretario administrativo del Senado y confesó haber efectuado los pagos. Dijeron que se trató de un "falso arrepentido". El tribunal entendió que Rafecas perdió objetividad, al igual que los fiscales que intervinieron en el caso Federico Delgado y Eduardo Freiler, que actualmente es camarista federal. Pero el tribunal también criticó a los anteriores jueces que llevaron adelante la causa y a la Oficina Anticorrupción, que fue querellante en el caso.

El juez Rafecas atraviesa una delicada situación, pues el Consejo de la Magistratura lo investiga por cruzarse mensajes telefónicos con un abogado allegado al vicepresidente Amado Boudou cuando lo investigaba por el caso de la ex Ciccone. Su caso, el más avanzado que tiene el Consejo, se suma a esta denuncia del tribunal oral.

Los jueces Pons, Ramírez y Gordo lo acusaron de "manipular" la versión de Pontaquarto y la declaración de testigos. El tribunal, el mismo que anuló casi todo el caso por la AMIA, denunció que como antes el ex juez Juan Galeano, ahora la actividad de Rafecas "careció de los límites propios de un Estado de Derecho que pretende resguardar las formas del proceso y, por ende, las garantías constitucionales de los ciudadanos". Y agregaron que "la falta de límites del magistrado instructor se advierte a lo largo de toda la causa, al extremo de constituirse en la principal característica del proceso".

Le endilgó haber discriminado a las defensas, excepto a la de Pontaquarto. "La forma en que procedió el juez Daniel Rafecas patentiza su parcialidad y falta de ecuanimidad en la investigación de los hechos, quedando en evidencia sus objetivos preordenados", dijeron los jueces, y señalaron que para eso el magistrado "cercenó el adecuado ejercicio del derecho de defensa, ya sea por sus infundadas suposiciones o por su torcida interpretación de las pruebas". Como ejemplo, dijeron que el juez cambió horarios de reuniones, días en que acontecieron y hasta "acomodó" la declaración de Pontaquarto para que cuadrara con el resto de las evidencias.

Incluso sugirió el tribunal que existió un preacuerdo entre el dirigente kirchnerista Daniel Bravo, Pontaquarto, abogados y el juez para acercar pruebas al expediente que alentaran la acusación contra el ex presidente y los senadores.

Por eso pidieron investigar "las circunstancias que rodearon la presentación de Pontaquarto como supuesto arrepentido, como también los presuntos ilícitos que podrían haberse cometido con motivo del sumario administrativo Nº 664/03 labrado en la Secretaría de Inteligencia". Los jueces sospechan que el sumario "en realidad escondía la artera intención de preconstituir prueba que sirviera para avalar la falaz versión que, un mes y diez días después, introduciría en el juicio el pseudoarrepentido Pontaquarto".

Por Hernán Cappiello

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