El 77 por ciento de los argentinos desconoce la Constitución
Más del 80% dice que no se la respeta y que el país es desobediente y transgresor
El 77% de los argentinos conoce poco o nada sobre la Constitución Nacional y el 85% considera que no se respeta su texto ni las leyes porque, según un porcentaje similar, el país vive al margen de la ley, ya que sus ciudadanos son desobedientes y transgresores.
Para el 74% de los consultados, los principales responsables de violar las normas son los políticos y, en menor medida, los policías, los funcionarios y los jueces. Pero muchos –43%– dicen que hay momentos en que “es necesario” violar la ley.
El descreimiento ciudadano se expresa también en que más de la mitad no cree en la Justicia y en que el 93% sostiene que el Congreso no piensa en la gente cuando toma decisiones. Por eso, el 63% admite que no tiene interés alguno en saber lo que discuten los legisladores nacionales.
Un dato acaso sorprendente es que sólo el 21% ve con malos ojos que el Presidente gobierne por medio de decretos de necesidad y urgencia, más allá de lo que le permite la Constitución Nacional.
Estos son algunos de los resultados que arrojó una encuesta sobre cultura constitucional hecha a instancias de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que preside el constitucionalista Antonio Hernández, y del politicólogo Daniel Zovatto, director para América latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, organización intergubernamental con sede en Estocolmo (Suecia).
La muestra probabilística fue realizada por el sociólogo Manuel Mora y Araujo entre 1000 personas y fue publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“La Argentina no es un Estado de Derecho, sino un Estado de arbitrariedad. Y la relación que tenemos los ciudadanos con la ley es conflictiva”, dice el politicólogo Natalio Botana, de la Universidad Torcuato Di Tella, al comentar la encuesta. “Esta situación es similar a la que vivió Estados Unidos en el siglo XIX, pero aquí está durando demasiado tiempo”. Esos resultados parecen indicar que la sociedad argentina padece un fuerte déficit en materia institucional y social:
• El 72 por ciento considera la democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno.
• El 69 por ciento acepta que la principal asignatura de la sociedad es lograr la aplicación y el respeto de la ley y el 83 por ciento considera fundamental inculcarles esa idea a sus hijos.
• Estimamos que quienes más violan la ley son los políticos (74 por ciento), los policías (56 por ciento), los funcionarios públicos (49 por ciento) y los jueces (41 por ciento).
Los responsables de hacer cumplir las leyes son vistos, pues, como los más responsables por sus violaciones. Y tal vez sintiéndonos víctimas, el 90 por ciento estimamos que estamos insuficientemente protegidos frente a los abusos de autoridad del Estado.
• Reflejando cierta contradicción con nuestras aspiraciones de vivir en un país más ordenado, el 38 por ciento de las personas, cuando consideran que tienen la razón, admite que está dispuesta a violar las normas y el 14 por ciento responde un ambiguo e indulgente “depende”.
Y el 43 por ciento afirma que “hay momentos en que es necesario” violar la ley.
Por supuesto que un mayor porcentaje está dispuesto a romper las normas sociales que mantiene con los padres o el cónyuge.
• El 85 por ciento evalúa que la Constitución es importante, frente al 19 por ciento que la siente como poco o nada importante.
Pero ese mismo porcentaje advierte que no se respeta. Y el 77 por ciento confiesa no conocerla.
Por otra parte, el 71 por ciento se equivoca cuando le preguntan en que año se dictó la ley fundamental (1853-1860), del mismo modo que el 69 por ciento no sabe que la última reforma constitucional se hizo en 1994.
Sin embargo, los ciudadanos escucharon mencionar a la Constitución más veces en los medios de comunicación (69 por ciento) que en la escuela (20 por ciento).
• El 90 por ciento considera que los argentinos no nos prodigamos respeto unos con otros. Y las principales causas por las que nos sentimos discriminadas no son la edad ni el sexo, sino por la mejor o peor posición económica de la que gozamos y por el nivel educacional.
•Esta mala vivencia de las instituciones tiene una consecuencia concreta: 4 de cada 10 argentinos no confían en la gente.
Desconfiados
Los más desconfiados son los más jóvenes.
•Los más bajos niveles de confianza recaen en la Justicia, el 73 por ciento estima que su nivel de respuesta es regular o malo; el Congreso, la policía, los sindicatos la administración pública, la Corte y los partidos, en ese orden. El descreimiento en los jueces también está acompañado de otra percepción: el 51 por ciento de los ciudadanos intuye que los jueces inferiores y la Corte son poco o nada independientes.
En cuenta al Congreso, al 63% le importa poco o nada lo que se discute en ese ámbito, mientras que el 93 por ciento opina que el Parlamento toma decisiones sin pensar en la gente.
“Estos datos ponen de relieve la gran paradoja que caracteriza a la sociedad argentina: por un lado, una gran demanda de legalidad y de líderes que muestren apego a las leyes; pero, por el otro, somos una sociedad que respeta muy poco la Constitución, que se autodefine mayoritariamente como transgresora y que, en lugar de asumir como propia la responsabilidad de este incumplimiento, prefiere transferirla a los políticos y a otras personas”, concluye Hernández.
Ficha técnica
- La encuesta realizada por Mora y Araujo se hizo sobre una muestra de 1000 casos en las principales ciudades del país, abarcando el 46 por ciento de la población nacional y tomando como referencia a los argentinos mayores de 18 años. La muestra incluyó 480 casos en la zona metropolitana de Buenos Aires, 120 casos en Rosario, 120 en Córdoba, 100 en Tucumán, 100 en Mendoza y 80 en Mar del Plata. Se utilizó la metodología cara a cara en una muestra probabilística.
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