El alejamiento de Palacios debilita el poder de Moyano

La decisión del gremialista Juan Manuel Palacios de no postularse "a ningún cargo" en las elecciones de autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), de noviembre próximo, y que no esté confirmado que continúe el año próximo en la Secretaría de Prensa de la CGT -cuando entregue a su sucesor en el gremio la secretaría general- es un dato que "debilita considerablemente el poder de Moyano" (Hugo), actual jefe de la central obrera, según dijeron a LA NACION fuentes sindicales.

El secretario de Prensa de la UTA, Mario Calegari, dijo a LA NACION que "no sorprendió la renuncia a la reelección de parte de Palacios porque desde hace por lo menos seis meses venía diciendo que se iba a jubilar". Pero admitió que el papel de "equilibrio" que juega Palacios dentro de la CGT y su apoyo hasta ahora "incondicional" a Moyano ponen en riesgo esa estabilidad y que proliferen "las peleas internas" en el consejo directivo.

En los últimos tiempos, muchos dirigentes se quejan de las "operaciones políticas" que provendrían del Gobierno y recriminan a Moyano por "una sumisión sin respuesta".

Los opositores al camionero tampoco dejan pasar la posibilidad de sumarse a la movida."No fue casualidad que se difundiera en algunos medios que Palacios compró un campo millonario en la localidad bonaerense de Henderson, y que días atrás, otro moyanista, [el titular del gremio de peones de taxis, Jorge] Viviani, fuera investigado por la AFIP por un supuesto fraude contra contribuyentes de su obra social", argumentó un sindicalista a LA NACION.

La disputa en la CGT se inició cuando, semanas atrás, la prensa dio a conocer que la Sigen (Sindicatura General de la Nación) denunció deudas por 300 millones de pesos que supuestamente tenían varias obras sociales sindicales con la Administradora de Prestaciones Especiales (APE).

La mayoría de los gremios acusados (Comercio, UPCN, Gastronómicos, Uocra, Trabajadores Rurales) desmintió a LA NACION esas cifras y dijo que "no se devolvía dinero sino [que se trataba de] las rendiciones administrativas por las prestaciones".

Fuentes gremiales atribuyeron al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, una "operación política" en contra del sindicalismo y en favor de la Superintendencia de Servicios de Salud, que conduce su aliado Héctor Capaccioli. Se quejaron por la supuesta "campaña de desprestigio" unos 40 gremios que responden al gastronómico Luis Barrionuevo, mientras que militantes de La Bancaria "tomaron" la sede del organismo ante los rumores de intervención de su obra social.

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