El caso Ciccone, la última gran tormenta judicial de Moneta

Fuente: Archivo - Crédito: Aníbal Greco / LA NACION
Hugo Alconada Mon
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6 de junio de 2019  • 12:17

Sospechado y acusado de prácticas delictivas que más de una vez lo llevaron a los tribunales, la última gran tormenta judicial de Raúl Moneta fue el "caso Ciccone". Allí se presentó como el supuesto financista de The Old Fund, la sociedad que tomó el control de la imprenta Ciccone Calcográfica. Pero los investigadores sospechan que puso el rostro -y la firma- por una de las familias más poderosas de la Argentina: los Brito.

La irrupción de Moneta en el escándalo que puso contra las cuerdas al entonces vicepresidente Amado Boudou resultó tan sorpresiva como endeble. Tanto que el entonces responsable de la unidad fiscal antilavado, Raúl Plee, el fiscal a cargo del caso, Jorge di Lello, el Banco Central (BCRA), el síndico y el juez de la quiebra, Martín Stolkiner y Javier Cosentino, y hasta la Justicia uruguaya comenzaron a exponer inconsistencias en la versión de Moneta.

El propio Moneta optó, con el tiempo, por abandonar esa versión y dejó de reclamarle a la Justicia por los millones que, como supuesto financista, le habría prestado a quien aparecía como presidente de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele. ¿Son muchos los potentados que están dispuestos a dar por perdidos más de US$ 10 millones, de un día para el otro?

Los investigadores pronto sospecharon que, en realidad, Moneta puso su firma por los Brito, verdaderos financistas de la intentona de Boudou por quedarse con la única empresa privada del Cono Sur en condiciones de imprimir papel moneda y otros instrumentos de seguridad, como títulos públicos, billetes de lotería, entre otros.

El propio Vandenbroele confirmó esas sospechas cuando dio el paso a fines de 2017 y se convirtió en el primer y hasta ahora único arrepentido del "caso Ciccone". Relató que colaboradores de Brito como su abogado de máxima confianza, Francisco Sguera, le pagaron su defensa legal e incluso una manutención mensual a cambio de su silencio, lo que para el fiscal Di Lello podría configurar una "obstrucción de Justicia" y conllevar la inmediata detención de los responsables.

Tanto Vandenbroele como Di Lello apuntaron contra Jorge Horacio Brito, es decir, el entonces presidente del Banco Macro, quien debió pedir licencia a ese cargo. Pero desde el entorno marplatense de Boudou y de su íntimo amigo y socio, José María Núñez Carmona, señalaron ante LA NACION a uno de los hijos del banquero, Jorge Pablo Brito, como el verdadero compañero de la aventura que terminó mal.

Moneta, sin embargo, jamás abrió la boca. Ante la Justicia optó por presentarse como el supuesto financista y, cuando esa versión se cayó a pedazos, optó por el silencio. En parte, por serios problemas de salud; y en parte, según relataron desde su entorno íntimo a LA NACION, por lealtad a sus amigos.

¿Qué versión había ofrecido Moneta a mediados de 2012, es decir, cuando irrumpió en escena de manera sorpresiva? Dijo que había financiado a The Old Fund con $ 43,8 millones -entre capital e intereses acumulados, y con opción de quedarse con las acciones de The Old Fund si no le honraban su acreencia- por medio de una sociedad panameña, Mayer Business Corporation. Es decir, más de US$10 millones al tipo de cambio entonces vigente.

Con el kirchnerismo en pleno apogeo tras la reelección de Cristina Kirchner con el 54% de los votos, la irrupción de Moneta pareció aquietar las aguas del "caso Ciccone". Pero fue un espejismo. Entre otros motivos, porque los documentos que aportó a la Justicia para demostrar su rol como financista se encontraban antedatados.

Tan desprolija fue la versión de Moneta que el síndico de la quiebra de la exCiccone, Martín Stolkiner, concluyó que el banquero no había logrado demostrar "la relación económica que dio lugar a la obligación, es decir, el negocio generador del crédito para determinar su legitimidad".

¿Qué pretendía Moneta? Que el síndico lo reconociera como financista de The Old Fund por $35,5 millones de capital más otros $8,3 millones en intereses, los que afirmó que se basaba en un convenio firmado entre la panameña Mayer Business y otra sociedad suya, Maxifarm, y que llegaron a las arcas de The Old Fund a través de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Limitada, conocida en la City porteña por sus muy fluidos vínculos con el Banco Macro.

Pero el síndico no aceptó su planteo. Concluyó que "resulta ineficaz de pleno derecho" porque Vandenbroele firmó documentos que le estaban prohibidos por ley y, encima, sólo "dos hábiles antes del dictado del decreto 1388/2012 que dispuso la intervención" oficial de la compañía.

Ya sin Moneta como pararrayos y con Vandenbroele como arrepentido, Brito (padre) quedó contra las cuerdas. Y en diciembre pasado, el juez federal Ariel Lijo lo procesó, aunque no ordenó su detención. Consideró que Brito intervino en el gerenciamiento de la exCiccone de la mano de Máximo Lanusse, un exgerente del Banco Macro que asumió como número dos de la imprenta, y de Sguera, su abogado de íntima confianza.

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