El caso de las papeleras llega a la Corte Suprema

PARANA.- El gobernador Jorge Busti anunció ayer que no apelará la decisión del juez federal Guillermo Quadrini, que se declaró incompetente en la causa iniciada contra directivos de las firmas ENCE y Botnia por presunto delito de contaminación en grado de tentativa, y pasó las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia por considerar que se trata de un "litigio entre países".

"Lo que corresponde hoy no es dilatar esta cuestión en una apelación sin sentido, sino ir ante la Corte Suprema de Justicia y seguir en ese ámbito la causa", manifestó el gobernador. "Creemos haber puesto la discusión sobre la instalación de las plantas de celulosa en la máxima expresión de la legalidad", dijo.

Luego recordó que el juez lo admitió como querellante e interpretó que allí Quadrini "ratifica la imputación penal efectuada por la fiscal María de los Milagros Squivo y reconoce la posibilidad de la imputación criminal, no sólo de los empresarios de Botnia y ENCE sino también de funcionarios uruguayos".

De hecho, el magistrado reconoció que la causa podría involucrar en el proceso a "un espectro de la administración pública del Estado vecino en cuanto permitiera, habilitación mediante, tales emplazamientos fabriles con ese determinado proceso productivo que vulneraría normas de su propio derecho interno e internacional".

La Corte estudiará primero si corresponde la declaración de incompetencia dispuesta por el juez o si debe devolver los expedientes para que Quadrini se ocupe del asunto.

La causa se inició en respuesta a los reclamos de vecinos de Gualeguaychú, preocupados por la inversión de 1800 millones de dólares prometida por la finlandesa Botnia y la española ENCE a orillas del río Uruguay, en cercanías de Fray Bentos. Una Asamblea Ciudadana Ambiental de esa ciudad entiende que las industrias contaminarán el agua y el aire, en la elaboración de 1,5 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa.

Además de esta denuncia, el gobernador Busti pidió a la fiscal Squivo que promueva la prohibición del paso de camiones con materiales de construcción para las firmas de celulosa, con la idea de que esta medida evitará un daño futuro.

El juez admitió que habría un delito en proceso. "Si bien es cierto que una sociedad global como la actual no puede ser concebida como carente de riesgos so pena de condenarla a una paralización asfixiante, lo es también que tales potenciales puestas en peligro deben permanecer dentro del ámbito de lo permitido. En lo atinente a la contaminación por la actividad fabril existen regulaciones con cierta rigurosidad que permiten esbozar tal delimitación", escribió.

Quadrini manifestó que el proyecto aprobado por el Uruguay, y la temperatura de los efluentes liberados en el río, "no cumplen con los parámetros de la legislación uruguaya" ni con el Digesto sobre Uso del Río Uruguay, de la Comisión Administradora del Río Uruguay.

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