El Congreso no sólo debe dar un apoyo testimonial

La Comisión de Relaciones Exteriores no debería conformarse con reproducir en el Congreso la investigación que realiza la Justicia: poco significará mañana haber escuchado al ex embajador argentino Eduardo Sadous repetir lo que ya declaró en la Justicia, hace un mes, si, además, el Congreso no le brinda apoyo político a la Justicia y presiona al Gobierno para replantear una relación bilateral que está teñida de sospechas.

Desde 2003, el vínculo entre la Argentina y Venezuela transita carriles muy difíciles de entender por la solidez e intimidad del vínculo que trabaron el mandatario venezolano, Hugo Chávez, y el matrionio Kirchner. La transparencia de una amistad o de una legítima confianza entre presidentes nunca puede explicar que haya aspectos más oscuros de esa relación internacional.

Venezuela fue prestamista de la Argentina a tasas de interés más altas que el propio FMI; le vendió combustible a nuestro país a precios más elevados que los que cobran las petroleras locales; llegó al país, en las manos de Antonini Wilson, una valija con US$ 800.000 cuyo destinatario nunca se descubrió; las exportaciones de nuestro país a Venezuela se cobran de un fideicomiso o de una cuenta previo pago de jugosas comisiones y, tal como lo reiteró ayer Sadous en el Congreso, el Ministerio de Planificación montó una diplomacia paralela.

Tal vez fueron las muchas dudas que presenta ese vínculo internacional lo que llevó al Gobierno a reclamarle a Sadous que fuera mesurado en sus dichos, evitando violar un deber de confidencialidad. Por momentos, pareciera que se pedía a Sadous someterse a una obediencia debida, que es tan inaceptable para justificar hechos de represión en un gobierno de facto como para acallar supuestos hechos de corrupción en un gobierno democrático. Pero el Gobierno temió que cualquier chispa inesperada pudiera desatar un infierno incontrolable.

Ahora bien, la Comisión de Relaciones Exteriores podría darse por satisfecha con haber escuchado la declaración de Sadous o, como se evaluará hoy mismo, podría crear una subcomisión para investigar el caso de las exportaciones.

La Justicia, sin duda, es la que debe cargar sobre sus espaldas con la tarea de esclarecer aquellos hechos.

Pero el Congreso no puede desconocer que, por más voluntad que puedan poner los jueces federales Julián Ercolini y Daniel Petrone, los tiempos judiciales son lentos; habitualmente los jueces están sometidos a presiones y hay enormes dificultades para superar trabas burocráticas oficiales o para acceder a las rutas internacionales del dinero. Es natural que los diputados, cuando actúan, hagan política. Pero deberían hacer algo más: buscar pruebas críticas, aquí y en el exterior, que la Justicia tiene dificultades para obtener y apoyar aquella investigación.

Por Adrián Ventura

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