El Consejo de la Magistratura investiga a dos jueces federales: uno fue acusado de apropiarse de casos ajenos y el otro, de no avanzar contra narcos

El Consejo de la Magistratura abrió hoy dos investigaciones de alto impacto contra jueces federales: una contra Federico Villena, de Lomas de Zamora, y la otra contra Marcelo Bailaque, de Rosario. En los dos casos, por denuncias de fiscales que llevaron causas con ellos.

A Villena lo acusaron de haberse “arrogado la competencia” en expedientes en los que no le correspondía intervenir y de haberse extralimitado; por ejemplo, en causas vinculadas con la expresidenta Cristina Kirchner, con Karina Moyano (la hija de Hugo Moyano, a la que Villena le devolvió casi medio millón de dólares en plena feria judicial) y con Martín Insaurralde. Fue el fiscal federal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), quien promovió esta investigación contra Villena.

A Villena también lo denunció la fiscal Cecilia Incardona, que según el expediente que se inició en el Consejo de la Magistratura, advirtió sobre el trámite irregular de cuatro sumarios iniciados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria como “actuaciones de prevención”, cuando de su contenido inicial y del resto de lo actuado se desprendía claramente que eran consecuencias de denuncias de particulares. La PSA habría actuado de ese modo por indicación de Villena y según Incardona, eso constituye un acto de gravedad institucional porque con esa orden genérica del magistrado a la fuerza de seguridad omitía la intervención del Ministerio Público Fiscal y la correcta participación en el proceso penal de la víctima.

El caso de Bailaque

Dos fiscales del fuero provincial de Santa Fe le pidieron al Consejo de la Magistratura que evaluara el desempeño del juez federal Bailaque, uno de los funcionarios que en 2013 decidieron no avanzar con una investigación contra el narco Esteban Alvarado, rival de Los Monos, que realizaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que encabezan la Unidad de Criminalidad Organizada, denunciaron que Bailaque denegó tres pedidos de intervenciones telefónicas y así obstaculizó la investigación penal.

La decisión que hoy tomó el Consejo de la Magistratura consiste en notificarles a los dos jueces que se abrió una investigación en su contra para que, si así lo desean, puedan “ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho, en el plazo de veinte días”.

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