El curioso lobby de Sbattella en la región

Debido a las impugnaciones que recibió su nominación para permanecer otros cuatro años al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF, el organismo antilavado), José Sbattella tomó una decisión inesperada: les pidió apoyo público a todos sus pares de la región. Y, para eso, incluso les envió una carta modelo que pretende que firmen, según surge de las copias del correo electrónico y de la nota que obtuvo LA NACION.

"Sería un gran honor para mí recibir su aval para la inminente renovación propuesta", planteó Sbattella a los receptores de su mail, en el que les explicaba que les adjuntaba "para su consideración, un modelo de nota para que expresen su apoyo". Quienes la completen deben enviarla a una casilla de correo de la UIF, que a su vez se encargaría de presentarla en el Ministerio de Justicia.

Con su solicitud de apoyo internacional (y otras similares que ya empezaron a circular en el país entre entidades cercanas al Gobierno), Sbattella aspira a contrarrestar la ola de impugnaciones que ya se anunciaron en contra de su nominación.

Ya anticiparon su rechazo a que Sbattella continúe al frente de la unidad que investiga el lavado de dinero el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el radicalismo, a través del senador Ernesto Sanz, y Pro, de Mauricio Macri, entre otras agrupaciones políticas opositoras y organizaciones no gubernamentales que siguen los temas de transparencia y la lucha corrupción.

Las objeciones se centran en la polémica actuación de Sbattella durante los últimos cuatro años, en los que acumuló por lo menos cuatro denuncias e investigaciones penales por el presunto cajoneo de reportes de operaciones sospechosas (ROS), realizadas por funcionarios o empresarios cercanos al Gobierno, emitidas por entidades bancarias. Está acusado de proteger entre otros, al vicepresidente Amado Boudou, a Lázaro Báez, al ex responsable de la gestión financiera de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, y al banquero Jorge Brito.

Las sospechas también alcanzan a Sbattella por la presunta animadversión que mostró contra personas o empresas distanciadas con el Gobierno –como el Grupo Clarín y el diputado nacional Francisco De Narváez, entre otros– y la creciente politización del organismo, del que desplazó a técnicos y analistas para reemplazarlos con militantes de su agrupación política, familiares y amigos.

Sbattella no alude a esas objeciones en su correo electrónico. Pero sí expone que tras su postulación se abre "un lapso de 15 días" para recibir apoyos e impugnaciones "a los fines de valorar [su] designación".

"Dado su reconocido expertise en la materia y las experiencias compartidas en el ámbito de los organismos internacionales especializados durante estos últimos cuatro años, a los fines de garantizar la continuidad de la labor emprendida y ratificar el firme compromiso", explicó Sbattella, "sería un gran honor para mí recibir su aval para la inminente renovación propuesta".

El correo –con el proyecto adjunto de carta– circuló entre los titulares de las unidades antilavado de la región que integran el llamado Gafisud, es decir, el foro intergubernamental de América latina para la lucha contra el lavado y la financiación del terrorismo.

En ese foro, Sbattella cosechó algunas buenas relaciones, pero también rispideces. Por ejemplo, cuando intentó influir en el voto que sus pares emitirían sobre el sistema antilavado en la Argentina en diciembre de 2010 y recurrió, para eso, a la presión política sobre las embajadas en Buenos Aires de esos países.

Lejos de cosechar apoyos, Sbattella afrontó reclamos y planteos de los delegados de Chile, Brasil, México, Paraguay y Bolivia, entre otros, en una comida que se celebró antes de que se iniciara el cónclave del Gafisud.

Más cercano en el tiempo, la última reunión de ese foro se celebró en Montevideo, en diciembre último. Allí Sbattella concentró la atención de sus pares, pero por su rutina y vestimenta en la pileta del hotel Radisson, según indicaron dos asistentes al cónclave.

Los chispazos internacionales exceden, sin embargo, a Sbattella. En el foro mundial antilavado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aún recuerda cómo las autoridades del plenario que se celebró en París debieron pedirle al jefe de la UIF local como jefe de la delegación argentina, que despertara a uno de sus funcionarios, que se había quedado dormido en plena sesión.

Sbattella no aludió a esos inconvenientes en su correo o el proyecto de nota de apoyo que le adjuntó. Pero sí reconoció que la Argentina estuvo cerca "de una sanción" –circunstancia que consideró "producto de deficiencias de gestiones anteriores"– y que el país podría salir "en el corto plazo del proceso de seguimiento intensivo", es decir, lo que en el GAFI se conoce como la "lista gris". La presidenta Cristina Kirchner llegó a desmentir, por cadena nacional, que la Argentina esté entre esos países.

En el borrador de la carta de apoyo, Sbattella incluyó otro párrafo dirigido al frente interno. Les pidió a sus pares de las UIF de la región que destaquen su "arraigado compromiso en la defensa de los derechos humanos y los más altos valores de la democracia".

Redactado en una carilla y media, el borrador concluye con una "observación", en la que les recuerda a sus pares que se trata de "una carta modelo". Por eso, les resaltó con marcador amarillo: "Es necesario agregar un párrafo que dé cuenta de la relación del adherente con los licenciados [por Sbattella y el candidato a vice, Germán Saller] y modificar el contenido de acuerdo con la experiencia personal de cada uno". El mail comenzó a distribuirse, por toda la región, días atrás.

Defensa de los negocios de Lázaro Báez

Para el titular de la UIF, José Sbattella, está claro: "No hay pruebas de que se haya cometido un ilícito" en el caso en el que se investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez por lavado de dinero.

"La UIF investigó ese caso desde antes de que yo asumiera la conducción. Y avalan las transacciones de dinero con la financiera SGI [La Rosadita] porque esos fondos provienen de actividades de la construcción y están los certificados de obra que emite el Estado como prueba", dijo.

Sbattella agregó: "Los certificados de obra en este caso probaban el origen de los fondos. Cuando aparece la denuncia a partir de la operación de Jorge Lanata, el juez de la causa pide a la UIF si tiene antecedentes de los hechos, y ahí se los entregamos al juez. Pero, repito, para probarse el delito de lavado tiene que probarse que el dinero era mal habido, y eso lo tiene que probar la Justicia, no la UIF". Sbattella habló en una entrevista con el diario Perfil.