El desinterés y los obstáculos por llegar a la verdad

Para el oficialismo, conocer la verdad sobre el avión acusado de colaborar con el terrorismo se fue convirtiendo en lo menos importante del asunto. Sus últimos movimientos se enfocaron en la prioridad de cuidarse las espaldas ante las irregularidades que rodearon su aterrizaje en la Argentina. El papel más activo lo impulsa el diputado Leopoldo Moreau, quien rápidamente clausuró nuevas indagaciones sobre la falta de alertas surgidas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia. En Paraguay insisten con que le avisaron a la AFI los riesgos que implicaba la tripulación cuando el avión estaba en suelo argentino. La oposición tiene en su poder un listado con seis funcionarios de la Agencia que, según información en sus manos, fueron advertidos sobre los riesgos de la tripulación a bordo del avión. Si es cierto y se lo dejó igual despegar a Uruguay, hubo negligencia o encubrimiento. Pero para Moreau no hacen falta más preguntas. En todo caso, el diputado propuso a sus colegas de la oposición que si tenían más dudas sobre el juego de la AFI se las podían transmitir y él se encargaría de administrarlas. Toda una garantía.

Moreau guarda una cercana relación con Federico Villena, el juez a cargo de la causa del avión. El vínculo se estrechó intensamente cuando ambos promovían las denuncias por el espionaje ilegal en el Instituto Patria. El problema era que los operativos que habían llevado a los espías al centro de convenciones de Cristina Kirchner habían sido ordenados por el propio Villena. Eso lo advirtió la Cámara Federal de La Plata, que terminó por quitarle la causa, pese a los esfuerzos de Moreau. Al fiscal Guillermo Marijuán, que investigaba el espionaje ilegal en la Capital Federal, que el intento del diputado de exigir que la causa quedara en manos de Villena le parecía un esfuerzo “absolutamente descabellado”, como dijo en una entrevista en el diario Perfil. Pero no explicó las motivaciones que podían tener los desvelos del diputado kirchnerista.

El hecho fue que el caso terminó por costarle a Villena un pedido de juicio político, firmado por el diputado Alberto Asseff, donde se advertía que el magistrado “ordenó diversas tareas de inteligencia a la Agencia Federal de Inteligencia y a la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal” entre 2017 y 2019, que terminaron en las actividades de espionaje ilegal “vinculadas directa o indirectamente a las medidas ordenadas por el juez”. El pedido de Asseff puntualizaba también que el juez “libraba oficios judiciales para justificar la realización de tareas de inteligencia ilegales llevadas a cabo por personal de la AFI”. Y, sin embargo, Moreau se desvivía en aquel entonces porque la causa se mantuviera en manos de Villena. En una entrevista con los periodistas Nacho Girón y Nuria Am, en CNN, el diputado llegó a calificar de “excelente” la tarea del juez, la misma que le valió el pedido de juicio político. Ahora Villena investiga si existió espionaje ilegal en la Argentina. Pero de iraníes y venezolanos.

En una escena irreal, los diputados opositores debieron conformarse esta semana en la Comisión Bicameral con que les leyeran las respuestas del informe que había mandado la AFI. La representación terminó a los gritos. En sus páginas se insiste con la fórmula de que los nombres de la tripulación se cruzaron con las bases de datos en manos de los servicios de inteligencia y nada apareció. Es lo mismo que le transmitió la AFI a Villena. Pero el informe no repitió la aseveración de su titular, Agustín Rossi, quien había afirmado que los iraníes a bordo eran instructores de vuelo. Ese fue el mismo argumento que usaron después los venezolanos en una entrevista de propaganda para explicar las incongruencias en el número de personas a bordo. En la Argentina, nadie se animó a dejar la tesis de los instructores por escrito.

Uno de los nombres en poder de la oposición de los miembros de la AFI que, según la denuncia, recibió las alertas pero las desestimó, es un agente que ocupaba un lugar marginal en la estructura de los servicios de inteligencia hasta la llegada de Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, en tiempos del segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner. Con el desembarco camporista, el agente ascendió rápidamente en los escalones de la AFI y se embanderó con el acercamiento a Irán que impulsó la firma del memorándum ideado por Cristina Kirchner. Por sus convicciones políticas, no es precisamente un funcionario que considere a una tripulación de cinco iraníes como un riesgo eventual. La oposición quiere que los seis miembros de la AFI sean llamados a declarar. También el camporista. Su nombre se mantiene en reserva por tratarse de un miembro de los servicios de inteligencia.

Llegar a la verdad sobre las tareas que iba a cumplir la tripulación del avión de Emtrasur aparece como una quimera ante las deficiencias de los sistemas de seguridad y judicial de la Argentina y la resplandeciente falta de voluntad política. Pero la causa judicial tiene sus propias debilidades. La tripulación investigada todavía se mantiene alojada en un hotel. Más temprano que tarde, el juez deberá definir su situación.

El FMI, el piloto y la Fuerza Quds

Estados Unidos envió el informe del FBI que apunta al piloto Gholamreza Ghasemi por sus vínculos con la Fuerza Quds, defensora del régimen iraní, y hacia las operaciones de la empresa Mahan Air por colaborar con operaciones de grupos terroristas. Pero no requirió ninguna extradición. El juzgado, por lo tanto, depende de las fuerzas nacionales para avanzar. Son las mismas que dejaron entrar al avión al país sin advertencias. Son las mismas que evitaron usar los dos equipos de detección global de huellas dactilares donados por Estados Unidos. Ese sistema está disponible en el Estado, en la Dirección Nacional de Información Científica (DNIC). Difícil avanzar con los mismos responsables: Deberían argumentar contra sí mismos.

El juez debe todavía corroborar las verdaderas identidades de los tripulantes. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, aseveró ayer que uno de los tripulanes, Mohammad Khosraviragh, de 39 años, se operó la cara en Cuba. Los conocedores de los interminables expedientes de la causa por la voladura de la AMIA llamaron la atención sobre el parecido de su nombre con Mohamad Hossein Khosravi, un iraní que a fines de los ‘90 llegó a la Argentina con un pasaporte holandés y montó una empresa de cobertura, la firma South Beef S.A., cuyo objeto social incluyó una variedad de operaciones comerciales, desde venta de ganado hasta compra de inmuebles. La firma South Beef quedó en la mira de los servicios de inteligencia internacionales porque servía como pantalla para Hezbollah, el grupo acusado de planear y ejecutar la voladura de la AMIA. Una empresa de cobertura puede tener múltiples aspectos. Vender carne o transportar autopartes. En la Justicia quieren saber si se trata de la misma persona. También aparece un apellido similar a Ghasemi entre los empleados de la embajada de Irán en el staff previo al ataque a la AMIA. Si las conexiones se multiplican, la causa debería pasar al equipo a cargo de la investigación del atentado. Habrá que ver qué opina Moreau.

Por Damián Nabot

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