El detrás de escena de los Paradise Papers, una investigación global

El primer aviso llegó hace casi once meses. El 16 de diciembre de 2016, la directora adjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Marina Walker, nos convocó a una comunicación por un sistema similar a Skype, pero más seguro, para anunciarnos que comenzaba a tomar forma “un nuevo proyecto”.

Durante esa conversación, que incluyó a un puñado de colegas más de América Latina, nos convocó a un proyecto global, nos dijo que se centraba en Appleby -uno de los tres estudios jurídicos más grandes del mundo para el armado de estructuras societarias offshore-, un segundo proveedor sustancial de este tipo de sociedades, Asiaciti Trust y material de 19 jurisdicciones secretas. Por tanto, los primeros indicios daban que sería más grande que “Panamá Papers”.

Mendocina, pero radicada desde hace años en Estados Unidos, Walker nos adelantó también que los primeros y muy preliminares análisis mostraban que el material parecía centrarse más en Estados Unidos y en Europa que en América Latina, y que no aparecía mucho -casi nada- sobre la Argentina. Pero que consideraba que valía la pena que nos sumáramos igual. Entre otros motivos, porque por primera vez se nos abría una ventana para entender cómo operan jurisdicciones como las islas Caimán, las Seychelles o las Bermudas, o Malta.

Al igual que en los anteriores proyectos -tanto Panamá Papers como HSBC Leaks o Swiss Leaks-, Walker también nos dio un plazo para evaluar si nos sumábamos al nuevo proyecto bajo las condiciones que fijaría ICIJ. Si participábamos, dijo, comenzaríamos a acceder al material, a través de una plataforma encriptada a partir de enero, y debíamos evaluar un posible encuentro grupal en marzo. Con mucha suerte, estimó, acaso podríamos comenzar a publicar en junio o, más probable, octubre de 2017.

Al igual que en las anteriores investigaciones, ciertas pautas de ICIJ se cumplieron sin resquicio alguno en lo que ahora se conoce como “Paradise Papers”. La primera: la confidencialidad. Y para eso resultó clave que las decenas de colegas que comenzaron a sumarse acataron las pautas de seguridad para compartir la información en una red cerrada similar a Facebook, para decirlo en términos sencillos, pero con varios escudos sucesivos de protección.

Tal como Walker había adelantado, el siguiente paso fue reunirnos. Al igual que para Panamá Papers, el punto de encuentro fue, a fines de marzo, la sede en Munich del diario Süddeutsche Zeitung, receptor original de la filtración. Y al igual que en aquella investigación, el cónclave permitió comprender mejor el material, cómo buscar mejor en los documentos y acordar el protocolo de trabajo que, entre otros puntos, permitió consensuar cuánto tiempo antes llamaríamos a cada sujeto investigado para que hiciera su descargo o brindara sus explicaciones, y cuándo comenzaríamos a publicar.

¿Por qué tanto debate? Entre otros motivos, porque el material es inmenso, aún mayor que Panamá Papers: unos 13,4 millones de documentos que van de1950 a 2016, en lo que equivale a 1.4 terabyte de información. Y porque comenzamos unos pocos periodistas, pero para Munich ya éramos 130 y para fines del mes pasado llegamos a los 382 profesionales, de 96 medios de comunicación en 67 países.

Para complicar aún más el análisis. El material de “Paradise Papers” no estaba completo, procesado y subido a esa plataforma encriptada para una búsqueda integral desde el día 1. No. Los millones de documentos se subieron a una base de datos encriptada a medida que se procesaban -para unificar sus formatos, por ejemplo-, por lo que ciertos nombres aparecieron cuando ya llevábamos meses de revisión y, peor aún, ya los habíamos buscado antes. La última tanda de documentos estuvo disponible recién a finales de agosto. Y debimos reiterar nuestras pesquisas, una vez más.

¿La fecha? Sí, en Munich se habló de comenzar a publicar en junio de este año, como Walker había barajado al convocarnos, pero esa opción muy pronto quedó atrás, al igual que julio y agosto -por el verano en el hemisferio norte-, y luego septiembre y octubre por diversos motivos de otros países. Por eso, al marcharnos de Alemania ya se había pautado que el material vería la luz el domingo 29 de octubre o, a más tardar, el siguiente, 5 de noviembre, fecha hasta la cual todo quedaría “embargado”.

¿Qué significa un “embargo” periodístico? Que el material puede ser analizado y prepararse para su publicación, pero que bajo ninguna circunstancia puede publicarse hasta la fecha acordada, ya que se podría entorpecer o frustrar la investigación global, bajo pena de quedar excluido de futuras investigaciones de ICIJ. A esto se suma que su publicación anticipada podría poner en riesgo a colegas en múltiples zonas del planeta.

El equipo argentino ya lidió con esa dificultad dos veces. La primera, con la información sobre HSBC, cuando el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, comenzó a ventilar material -de manera parcial y tergiversada-sobre los argentinos con cuentas en la filial suiza de ese banco, pedimos autorización al Consorcio para comenzar a publicar de inmediato, pero debimos esperar. La segunda, con los Panamá Papers, cuando desde el equipo argentino abogamos en el encuentro en Munich en 2015 por publicar antes de las elecciones presidenciales de octubre de ese año, pero perdimos la votación entre los más de 100 colegas presentes de medios de todo el mundo.

En ambos casos, al igual que ahora, cumplimos con el embargo. Porque una investigación global requiere respetar las reglas establecidas por quienes la lideran y porque los riesgos son una realidad para muchos periodistas alrededor del mundo. El asesinato en Malta de la colega Daphne Caruana Galizia, madre de un miembro de ICIJ, a mediados del mes pasado, resultó un trágico recordatorio sobre cuán real es ese peligro.

Antes y después de aquel encuentro en Munich, en tanto, el equipo argentino se dedicó a hurgar en los millones de documentos disponibles. Algunos no abarcan más que una carilla, en la que apenas se consigna un nombre en una planilla, en un certificado o en un mail. Otros, son un manantial de información. Y esto significa cientos de “hits” positivos ante la búsqueda de un nombre, que hubo que abrir, ver y entender, uno por uno, manualmente, para descartar la presencia de “falsos positivos”, es decir homónimos, que los hay, y muchos. Y al igual que con los Panamá Papers, tomará un largo tiempo reconstruir algunas tramas societarias… si es que lo logramos. Hay historias que nunca verán la luz y otras de las que apenas tenemos unas pocas piezas.

El equipo argentino de “Paradise Papers” abarca a siete profesionales, provenientes de distintos medios de comunicación: Maia Jastreblansky, Emilia Delfino, Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli, Iván Ruiz, Ricardo Brom y Hugo Alconada Mon. Todos convocados por ICIJ, con sus respectivas claves de acceso al material encriptado. Y será el propio Consorcio el que determinará qué otros colegas argentinos podrán sumarse a este proyecto en marcha y cuándo.