El discurso y el voto, por igual camino

Lo que el politólogo Bovero llama "autocracias electivas", en las que el decisionismo del Ejecutivo fuerza normas e instituciones y violenta la libertad y la igualdad, encuentra en nuestro país una de las expresiones más acabadas.

Argumentos no faltan y son palabras de sentimientos populares las que fundan decisiones complejas: "argentinización", "soberanía", "pueblo", todas formando parte de un discurso que, tras su música, esconde consecuencias de una gravedad que no es posible aún dimensionar en pleno.

No puede perderse de vista que ante esas decisiones aventuradas pocos parecen reaccionar, sea porque no lo recomiendan las encuestas o, aún más, porque el miedo atormenta voluntades que prefieren esconderse en el silencio. Así queda el campo libre para que el Gobierno decida lo que quiera y, a la vez, avise a los contradictores, disciplinando conductas.

En el regodeo de esas formas, el Ejecutivo se aprovecha del "todo vale si total no pasa nada" y del "van a ver de qué somos capaces", expresado en el "vamos por todo", llevándose por delante cada límite y enviando el admonitorio mensaje disciplinador. YPF es gráfica expresión de esta actitud.

Si es tan clara la Constitución con que la propiedad sólo puede ser limitada por expropiación "por causa de utilidad pública... calificada por ley y previamente indemnizada", da el Gobierno un claro aviso de que no le importa, y confisca sin previa ley ni pago. Pero, además, para hacerse del control de YPF por DNU utiliza sin pudor un instituto creado por ley de la dictadura, aunque con ello contradiga su "relato". E ignora el tratado de "Protección recíproca de inversiones" firmado con España, que dice que "la expropiación... en ningún caso deberá ser discriminatoria", y sólo expropia a la empresa española, acusándola de hechos que consintió nueve años y deja intocable a su socio histórico. Una señal al mundo de que está dispuesto a todo, aun contra sus tratados.

Y para hacer de YPF una empresa a la que nadie audite, en la propia ley la excluye de todo control público.

Habrá que tomar conciencia de esta situación. Especialmente la oposición, para que discurso y voto no vayan por caminos diferentes. Con convicción votaré negativamente, no porque no crea que el Estado no deba tener injerencia y control en los recursos estratégicos, sino porque con igual firmeza creo que hay que cumplir con la ley y los contratos. Y porque, más allá de miedos o encuestas, no se pueden convalidar las formas y el fondo del "modelo".