El empresario reflotó su vínculo con Calcaterra

Báez recordó que con el primo de Mauricio Macri apostó a construir dos represas en Santa Cruz
Hernán Cappiello
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6 de mayo de 2016  

Fuente: Archivo

Lázaro Báez se defendió de las acusaciones de lavado de dinero con un pariente del presidente Mauricio Macri y con una emblemática obra pública prometida por el kirchnerismo: la de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, de Santa Cruz. Báez dijo que se asoció con la empresa Iecsa, de Ángelo Calcaterra, primo de Macri, para competir por la obra y que, para capitalizarse, su empresa Austral Construcciones emitió acciones preferidas que compró Helvetic Service Group, una firma suiza de inversión.

Justamente anteayer, como informó LA NACION, Calcaterra dijo que vendía sus negocios en Iecsa para que no hubiera un conflicto de intereses con la gestión de Macri.

Helvetic Service Group le pagó a Báez 33 millones de dólares por esa operación de compra de obligaciones, los que ingresaron a las cuentas de Austral Construcciones en el Banco Nación, sucursal Plaza de Mayo, mediante nueve cheques por 209 millones de pesos.

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Para probar que esa operación se realizó, Báez tiene en su poder un memorándum de entendimiento firmado con Iecsa, por el propio Ángelo Calcaterra, por un lado, y por Julio Enrique Mendoza, presidente de Austral Construcciones, protocolizado y con intervención notarial. También cuenta con documentos que certifican de la emisión de las obligaciones negociables, según supuestos registros contables de Austral Construcciones que vio LA NACION.

Pero para la acusación fiscal, esos fondos en realidad eran dinero negro que salió de la Argentina a través de La Rosadita (la cueva SGI, de Puerto Madero), con el que se compraron en Suiza bonos de la deuda argentina, los que se vendieron y fueron girados por Helvetic Service Group a Báez. La acusación es que se trató de una autoventa o autocompra de bonos. Para probarlo, la fiscalía cuenta con los registros de la venta de bonos y los cheques endosados por Jorge Chueco, abogado de Báez que operaba con un poder de SGI.

Báez sostiene en su defensa que Helvetic es "una corporación constituida conforme a la legislación suiza, de reconocida trayectoria internacional y con negocios en más de quince países, cumpliendo con las disposiciones de la legislación suiza". Que "es una empresa seria, solvente, de reconocida trayectoria internacional, con inserción en varios países y es monitoreada por las rigurosas leyes y mecanismos de control de uno de los países más desarrollados del mundo".

Dijo, por supuesto, que Helvetic Service Group no es de él, sino del ítalo-cordobés Marcelo Ramos, citado a indagatoria por el juez Sebastián Casanello, y de la italiana Verena Fontana.

Sin embargo, para el juez Casanello, Helvetic Service Group funciona "como una sociedad vehículo: una suerte de tren en constante movimiento, donde se suben y bajan activos de distintas personas que buscan reducir u ocultar parte de su patrimonio".

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"A cada usuario se le entrega un poder notarial que le permite operar su parte del negocio", dijo el juez cuando procesó a Báez con prisión preventiva. Así pudo haber sido usada por Báez para este negocio y luego se bajó.

Pero Helvetic Service Group no es sólo una empresa financiera que vio en las represas patagónicas la promesa de "ser un muy buen proyecto empresarial", como dice Báez en su escrito de defensa.

Helvetic Service Group es la firma que se quedó como dueña de La Rosadita, o SGI, bajo presión, que ejerció Daniel Pérez Gadin sobre Federico Elaskar, en nombre de Báez. Jorge Chueco participó de esa adquisición.

En esta idea de que Helvetic era contratada por Báez cuando la necesitaba se apoya la tesis de la autocompra o autoventa: la hipótesis es que Báez con Helvetic simuló la operación financiera para blanquear los fondos.

Sin embargo, el empresario dijo que Helvetic le inyectó el capital necesario para participar de la licitación por las represas, que perdió. Por eso dijo que le debe ahora 33 millones de dólares a Helvetic. Y argumentó que justamente el hecho de perder la licitación a manos de Electroingeniería (de Gerardo Ferreyra, otro empresario kirchnerista, pero cordobés) es lo que demuestra que su empresa no era la preferida. Claro, era 2012, ya Néstor Kirchner había muerto y habían quedado atrás los tiempos en que se quedaba con el 78% de toda la obra pública santacruceña.

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