El Estado debió negociar con firmas de oxígeno denunciadas

Mientras avanza la segunda ola de la pandemia, el Gobierno busca garantizar la provisión de oxígeno medicinal en los hospitales y evitar que la falta de oferta ponga en riesgo a los pacientes más complicados. Para eso, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, debió reunirse con empresas que conforman un oligopolio, que ya fueron sancionadas en la Argentina y en Europa por cartelizarse y que se encuentran ahora bajo investigación del Gobierno por presunta colusión, según reconstruyó LA NACION con testimonios y documentos oficiales.

El encuentro se concretó el martes, cuando Cafiero y los ministros de Salud y Desarrollo Productivo, Carla Vizzotti y Matías Kulfas, participaron de la llamada “mesa del oxígeno” con los representantes de las tres principales empresas proveedoras del insumo medicinal en la Argentina. Esa “mesa del oxígeno” se conformó en abril de 2020, explicó Vizzotti, para “intentar minimizar cualquier dificultad en el acceso a este insumo crítico” a medida que aumentaban los contagios por Covid-19, e incluye a las empresas Air Liquide, Indura y Linde, según informó Presidencia.

Las tres firmas se encuentran, sin embargo, en la mira de las autoridades desde hace más de quince años, bajo sospechas de cartelizarse, fueron denunciadas por funcionarios públicos y ya fueron multadas, tanto en la Argentina como en Europa.

La ex-Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) mantiene abierta, incluso, una investigación sobre presuntas irregularidades graves, al mismo tiempo que debe definir si autoriza la fusión de una de esas empresas, Linde, con una de sus mayores competidoras en el mercado local, Praxair, operación que se anunció en 2019 y que podría fortalecer aún más el oligopolio.

Las tres empresas que participan en la “mesa del oxígeno”, más Praxair, por lo pronto, son las mismas que denunció en 2011 el entonces fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Szelagowski. Las acusó ante la CNDC de “connivencia empresarial” en perjuicio de los hospitales públicos bonaerenses “simulando competencia”.

El sumario que se inició a partir de esa denuncia resultó un déjà vu para la CNDC, que ya había lidiado con esas mismas empresas y las había sancionado en 2005. Aplicó multas millonarias a Praxair, Air Liquide e Indura, en tanto que la cuarta firma multada en aquel entonces, Aga, terminó comprada por Linde, otra de las firmas bajo la lupa en 2011.

Las evidencias de cartelización que se acumularon en esa investigación que terminó en 2005 fueron numerosas. Tras una serie de allanamientos de la Justicia Federal, incluso se recuperaron mensajes cruzados entre las empresas que reflejaban cómo coordinaban el reparto de contratos, cómo aplastaban a cualquier rival que osara competir y sus acuerdos para fijar cotizaciones.

“Las empresas Air Liquide, Praxair, Aga e Indura acordaron repartirse los distintos hospitales y sanatorios”, concluyó la CNDC. “De la misma documentación surge que dichas empresas se ‘ceden’ mutuamente ciertos clientes, a modo de compensación, a lo que denominan ‘intercambio’. Dichas empresas complementan los repartos de clientes con acuerdos de fijación de precios”. Dos de las firmas cuestionadas, además, ya arrastraban problemas. Air Liquide y AGA (luego Linde) ya habían sido sancionadas en Holanda por participar en un cartel en los 90, y luego fueron multadas por la Comisión Europea de la Competencia en 2002. Basada en sus propias evidencias, en 2005 la CNDC aplicó multas por más de $70 millones: a Praxair por $26,1 millones; a Air Liquide por $24,9 millones; a AGA (luego adquirida por Linde) por $14,2 millones, y a Indura por $5,1 millones. Y un dato adicional: las conminó a cesar con la colusión. Seis años después, sin embargo, el fiscal Szelagowski denunció a las mismas empresas, por las mismas prácticas. Esta vez la investigación se extendió hasta 2019, cuando el dictamen por la mayoría de la CNDC dijo que se estaba ante un “mercado oligopólico” y que “ciertas características podrían dar a inferir la existencia de un acuerdo de precios”, pero recomendó archivar el sumario.

En minoría, no obstante, uno de los vocales de la CNDC, Pablo Trevisán, abogó por seguir adelante. Las evidencias, remarcó, sugerían “una eventual interdependencia entre las diversas empresas proveedoras de oxígeno líquido y gaseoso a los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, que pudiere favorecer los mecanismos de comunicación entre ellas y coadyuvar a un reemplazo de la competencia efectiva por la confortable colaboración”.

Una y otra vez, sin embargo, las empresas negaron ante la CNDC que se hubieran cartelizado. Explicaron que seleccionaban muy bien en qué licitaciones competían y cuáles dejaban pasar, le enrostraron al Estado que pagaba tarde y mal, y que no cuidaba los insumos que le proveían –que a menudo ni siquiera lograban recuperar, causándoles pérdidas–, por lo que solo intentaban mantenerse a flote en un mercado acotado y rígido.

“Un problema es la desaparición de cilindros en los hospitales”, indicaron al defenderse ante la CNDC. “Nosotros hacemos una verificación de la cantidad de cilindros y estos no están en el hospital [que los recibió], y este normalmente no se hace cargo”. Eso es cierto, admitió el entonces director de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares del Ministerio de Salud bonaerense, argumento que CNDC también tomó por válido. Y eso llevaría, abundó la Comisión, a “la falta de incentivos de las empresas bajo análisis para participar de procesos licitatorios distintos a aquellos en los que vienen participando”.

A ese contexto ya de por sí complejo se sumó, desde el año pasado, la pandemia, que acrecentó la demanda de oxígeno medicinal, que las empresas no pudieron satisfacer. Esa es una realidad que tanto los funcionarios como los proveedores y observadores independientes coinciden en que se repitió alrededor del mundo. Incluso, con casos dramáticos en la India, Brasil y Turquía, tríada a la que siguen la Argentina e Irán entre los países de ingresos medios, de acuerdo con el registro “Covid-19 Oxygen Needs Tracker”, que compulsó LA NACION.

Vizzotti aludió al complejo cuadro local tras reunirse con Cafiero, Kulfas y los empresarios. “En este momento, la demanda de oxígeno [en la Argentina] es entre dos o tres veces más que en el momento de mayor consumo del año pasado”, alertó. “Dar respuesta a esta situación es resultado de un trabajo silencioso y muy constante del Estado nacional con el sector privado en función de prever acciones”.

Para los investigadores de la ex-CNDC, en tanto, el panorama es incómodo. Deben fijar su posición sobre –y quizá en contra de– las mismas empresas a las que ahora el Estado nacional pide ayuda. “Es un mercado de porquería”, indicó un alto funcionario a LA NACION bajo condición de reservar su nombre. “Pero al mismo tiempo es vital”.