El ex juez Romano, detenido en Mendoza

MENDOZA.- Luego de permanecer dos años en Chile, el ex juez federal Otilio Romano, de 70 años, fue extraditado y alojado en el penal de San Felipe, una cárcel común de esta ciudad, al dictar el juez federal Walter Bento su inmediata detención y prisión preventiva.

Acusado de 103 delitos de lesa humanidad durante su actuación como magistrado en la dictadura militar, Romano arribó anteayer a medianoche y pernoctó en un calabozo de la unidad 32 de los tribunales federales.

"Hoy [por ayer] dicté la prisión preventiva y el traslado a la cárcel de San Felipe", informó el juez Bento, quien firmó, además, el acta de elevación a juicio al Tribunal Oral N° 1 de Mendoza, que dispondrá de diez días para recibir pruebas de su defensa.

Según el detalle de la causa, Romano está acusado de 34 delitos de privación ilegítima de libertad con desaparición forzada de personas, 26 privaciones ilegítimas de libertad, 36 acusaciones de tortura, allanamiento ilegal y denegación de justicia, entre 1975 y 1983, cuando se desempeñaba como fiscal.

La querella pidió que el ex camarista -destituido por el Consejo de la Magistratura en diciembre de 2011- sea enjuiciado por delitos de lesa humanidad en un juicio previsto para el 11 de noviembre y en el cual, hasta ahora, sólo figura como único acusado el agente de inteligencia del Ejército durante la dictadura militar Enrique Blas Gómez Saá.

Apenas arribó a suelo argentino, el ex magistrado, a quien se le colocó un chaleco antibalas, fue trasladado en medio de un fuerte operativo, con más de 20 efectivos de la Policía Federal. Al llegar a los tribunales federales, fue recibido con una lluvia de insultos y protestas de familiares de ex detenidos desaparecidos.

"Mendoza es la provincia que tiene más prófugos de la justicia federal por delitos de lesa humanidad, y eso en gran medida es responsabilidad de la misma Justicia, que no ha actuado con la celeridad y urgencia que los abogados de los organismos solicitaban", recordó Nino Bonoldi, hermano de una desaparecida.

"Un ejemplo"

Pablo Salinas, querellante de la causa y abogado por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, destacó la extradición y dijo que "la Argentina es un ejemplo en el mundo por estar juzgando los crímenes de la dictadura y la complicidad civil, como este caso Romano". Estimó que "sería un escándalo si se lo beneficiara con prisión domiciliaria o la excarcelación".

El ex juez federal fue suspendido el 25 de agosto de 2011, pero un día antes había huido a Chile, tras eludir una citación judicial para declarar por cargos de complicidad en secuestros, torturas y desapariciones cometidas durante el régimen militar.

En septiembre de 2011, Romano solicitó asilo político en Chile y obtuvo un visado temporal de ocho meses, pero el gobierno de Sebastián Piñera desestimó su petición en mayo de 2012 y tres meses después la justicia autorizó su extradición.

El tema generó en su momento un fuerte cortocircuito diplomático entre la Argentina y Chile, ya que el gobierno de Sebastián Piñera reclama desde hace varios años la extradición del ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza, quien tiene pedido de captura de la justicia de su país por el asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991, durante la presidencia de Patricio Aylwin, y por el secuestro de Christian Edwards del Río, hijo de uno de los dueños del diario El Mercurio, de Santiago.

• Derechos Humanos

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