El exministro Juan José Aranguren declaró en Comodoro Py por su gestión en Energía y negó haber beneficiado a Shell

El exministro de Energía Juan José Aranguren declaró en la Justicia, en la causa donde se lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública mientras encabezaba el Ministerio de Energía cuando todavía poseía acciones de la petrolera Shell, y negó haber tomado decisiones para beneficiar a la empresa.

"En ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor, tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público", dijo Aranguren a la prensa, cuando dejó el juzgado de Luis Rodríguez, el juez que está a cargo del expediente.

Aranguren declaró durante una hora y media y respondió las preguntas del magistrado. "Estoy muy tranquilo, el juez recibió las respuestas que formulé a las preguntas y estoy muy conforme con la oportunidad que me dio de despejar las dudas", dijo.

En relación a la acusación que se formuló en su contra por haber beneficiado a la petrolera Shell a través de los incrementos de las tarifas de gas a los usuarios residenciales, Aranguren dijo: "El incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras porque el precio que reciben las compañías petroleras por el gas durante en el período 2016-2017, que es el imputado, es el mismo que provenía de un plan gas diseñado por la anterior administración".

Y agregó: "El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales lo que logró fue reducir el subsidio por parte del estado. Las empresas petroleras no se vieron beneficiados por el precio del gas que pagaron los usuarios en sus casas".

Por último, en diálogo con la prensa, dijo: "Estoy tranquilo con mi consciencia, sé que lo que hice fue conforme a lo que la ley indica, y será decisión del juez sobreseerme o procesarme".

El defensor de Aranguren en este expediente es Alejandro Pérez Chada, un hombre que defendió a varios integrantes del gabinete macrista e incluso al propio Mauricio Macri. La causa fue iniciada en 2016, pero Rodríguez citó a Aranguren por primera vez el 18 de octubre de este año. También está imputada la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que deberá declarar la próxima semana. A la funcionaria se la acusa por el delito de encubrimiento.

En la causa se investiga a Aranguren por supuestas "negociaciones incompatibles con la función pública", por haber encabezadoEnergía cuando todavía era accionista de Shell

Aranguren fue presidente de la firma Shell durante casi doce años. Durante su gestión como ministro del gabinete de Mauricio Macri negó que hubiera incompatibilidades y dijo que cuando le tocaba intervenir en temas puntuales de la petrolera, delegaba el tema en segundos. Vendió sus acciones de Shell en septiembre de 2016, después de que la OA le sugirió, a través de un dictamen, desprenderse de su capital en la empresa. En junio de 2018 renunció a su cargo como ministro.

En la denuncia que dio inicio a esta causa, formulada por los diputados Rodolfo Taihlade y Martín Doñate se acusó a Aranguren de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.".

La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron al entonces ministro de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.".

Los legisladores denunciaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex CEO de la filial argentina de la petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer "más de trece millones de pesos en acciones 'clase A' de la empresa Royal Dutch Shell", que vendería meses después.

Doñate y Tailhade relataron que el 28 y 29 de marzo de 2016, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren.

También habían denunciado que por esa decisión se autorizó la "compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia", lo que habría puesto "en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino".

Las causas que involucran a funcionarios del Gobierno

Aranguren es el primer exfuncionario del macrismo que, después del resultado electoral, debió asistir a los tribunales federales de Comodoro Py para dar explicaciones. La titular de la OA Laura Alonso deberá prestar declaración indagatoria en esta misma causa la semana que viene. En las últimas semanas, sin embargo, se tomaron medidas en expedientes que podrían comprometer a otros funcionarios que dejarán la administración pública el 10 de diciembre.

El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, está imputado en una causa que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan con la jueza María Servini, iniciada por una denuncia de los dueños del Grupo Indalo Cristóbal López y Fabián De Sousa. En ese expediente se lo acusa de haber impedido que algunas firmas del Grupo Indalo accedieran en los últimos meses a planes de pago para refinanciar el pago de impuestos. En ese expediente también se investiga cómo el Gobierno habría, a través de interlocutores cercanos a Macri, intentado quedarse con las empresas del Grupo Indalo.

Pero el desempeño de los funcionarios de la AFIP también lo investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral, que instruye una causa por presunto espionaje ilegal y filtración de información reservada. En ese expediente, iniciado por una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en 2017, Canicoba Corral no había tomado medidas hasta hace pocas semanas.

El juez pidió a varios organismos oficiales, como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Dirección Nacional de Migraciones, la AFIP, la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina que informasen bajo qué condiciones accedieron a los sistemas de bases de datos que, supuestamente, luego habrían filtrado a dirigentes políticos. Todos estos organismos hicieron presentaciones al juzgado de Canicoba Corral. Desde la AFIP negaron haber accedido a información amparada bajo el secreto fiscal por fuera de la ley.

Además, la semana pasada el fiscal federal Jorge Di Lello imputó al Presidente y a cuatro de sus funcionarios (Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Juan José Aranguren) por el delito de "traición a la Patria", a través de un decreto que habilitó el tramo aéreo de Brasil a las Islas Malvinas para la firma Latam. Esa causa también la tiene a su cargo Luis Rodríguez.

Por otro lado, la causa Correo Argentino tiene imputados al actual ministro de Defensa Oscar Aguad, a uno de sus asesores y a dos directivos de la firma Correo Argentino. Aguad fue indagado a comienzos de este año por el juez Ariel Lijo, que investiga el acuerdo presuntamente abusivo entre el Estado y la firma de la familia presidencial. Lijo todavía no procesó ni sobreseyó a ninguno de los imputados en ese expediente. La semana pasada el Consejo de la Magistratura desestimó, de manera unánime, una denuncia contra ese juez por mal desempeño.