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El femicidio de Agostina impacta políticamente sobre el gobierno de Córdoba y la intendencia de la capital
La primera reacción fue de control de daños, pero ayer en la marcha de “Ni Una Menos” las críticas fueron directas contra la dirigencia; renunció un concejal ligado políticamente al principal sospechoso
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- El femicidio de Agostina Vega, la menor de 14 años que estuvo desaparecida una semana y fue hallada asesinada y presuntamente abusada, no solo generó conmoción social sino que tuvo impacto político en el peronismo -y, obviamente, en el gobierno- de Córdoba. Tanto el gobernador Martín Llaryora como el intendente de la ciudad capital, Daniel Passerini, reaccionaron con una estrategia de control de daños. Por ahora, tiene gusto a poco. En la marcha de “Ni Una Menos” los cuestionamientos al oficialismo tuvieron un rol protagónico, más allá de lo que sucede en la Unicameral y el Concejo Deliberante.
Llaryora blindó al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien además estaba en carrera para ser candidato a intendente, y Passerini ordenó regresar a un funcionario al Concejo Deliberante para que dejara su banca Ricardo Moreno, quien admitió haber “hecho entrar” a la Municipalidad al único detenido y principal sospechoso por el femicidio, Claudio Barrelier.
A nivel provincial, además de la reunión de Llaryora con los abuelos maternos de Agostina - una decisión que fue bien recibida- un paso fue aplazar la jura del fiscal Iván Rodríguez como Procurador Penitenciario, un cargo creado el año pasado junto a otros para promover a funcionarios judiciales que están en sintonía con el oficialismo. Rodríguez fue quien dejó en libertad a Barrelier hace un año, cuando fue denunciado por una joven por privación ilegítima de la libertad.
El fiscal general, Carlos Lezcano, ratificó al cuestionado fiscal Raúl Garzón. Consideró que, por ser un caso “excepcional” no debía pasar a su fuero natural, el de Violencia de Género. En lo que parece una respuesta a las críticas por la falta de perspectiva de género de Garzón después de su conferencia de prensa del sábado, le asignó la colaboración de la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Claudia Romero, y del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Juan Fernando Ávila Echenique. No está obligado a consultarlos ni a compartirle sus decisiones en la investigación.
Quinteros -un ministro con buena sintonía con su par nacional, Alejandra Monteoliva, y también con Patricia Bullrich- sigue en el cargo. Dio varias entrevistas para explicar que buscó a Agostina “desde el primer día” y que siempre siguió, como corresponde, las indicaciones judiciales. Le juega en contra el perfil alto que tiene y que hizo que, en los primeros días de búsqueda, además de dirigir el mega operativo por la final de fútbol entre Belgrano y River, diera notas hablando de su pasión por los “piratas” y se expresara (como exobeso) en contra de los cambios en la ley de octógonos.
Un exjuecista -el senador Luis Juez no ahorra oportunidades de criticarlo- es uno de los no peronistas que Llaryora sumó a su gabinete de perfil “cordobesista”. Estaba en la lista de los posibles candidatos a intendente de la ciudad.
El audio de Moreno, -el “abogado del diablo”, como promocionaba su estudio- admitiendo haber pedido un puesto para Barrelier en la Municipalidad de Córdoba encendió la mecha de una crisis que todavía no terminó. Dirigente peronista desde hace años, era concejal suplente e ingresó al cuerpo en reemplazo de Raúl La Cava, quien se convirtió en secretario de Políticas Sociales municipal.
Passerini ordenó el enroque inmediato cuando la oposición convocó a una sesión para desplazar a Moreno. Sin embargo, el tema sería tratado en el recinto porque Moreno volvió a su puesto de suplente en la lista. Moreno, finalmente, renunció al mediodía de este jueves.
Moreno fue abogado de Barrelier en la causa por privación ilegítima de la libertad por la que debió constituir una fianza de $5 millones para salir. Desde la oposición plantearon si quedó libre por convicción del fiscal Rodríguez o si existió tráfico de influencias.
La designación de Barrelier por recomendación también es producto de la decisión de Llaryora, cuando era intendente, de cambiar el sistema de ingreso por concurso por la contratación de personal y becarios. Passerini sostiene ese esquema que, claramente, facilita la entrada o premiación de punteros políticos o amigos de dirigentes. El intendente ahora anunció además que impulsará la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal. También pidió la renuncia de todos los funcionarios de Tránsito, área donde se desempeñaba Barrelier.
A los cuestionamientos, pedidos de renuncia y de jury se suma la desconfianza que generan los abogados de los querellantes en la causa del femicidio -el padre y los abuelos de Agostina- de cerrar filas en torno al fiscal y al operativo de búsqueda. Explícitamente repiten su aval a lo actuado. Cada vez que lo hacen, en mensajes a medios o en redes sociales, hay un aluvión de objeciones y conjeturas.
A la indignación y dolor que este tipo de crímenes desatan en la sociedad, se sumaron alrededor del femicidio de Agostina factores como la convicción de que hubo fallas institucionales, de que el Estado no cumple el rol que debe y de que el amiguismo domina las designaciones públicas. Los 27 años que lleva el peronismo cordobés en el poder también parece condicionar sus respuestas que lucen cortas y tardías.
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