El fiscal Guillermo Marijuan pidió indagar a funcionarios del PAMI por subsidios para centros relacionados con La Cámpora

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que sean citados a indagatoria tres funcionarios del PAMI acusados de haber otorgado subsidios a centros de jubilados relacionados con La Cámpora.

“A partir de los elementos recabados, considero que existe motivo bastante para sospechar que Santiago Paredes Adra, en su carácter de Asesor de la Gerencia de Promoción Social y Comunitaria; Osvaldo Leonel Aquino, en su calidad de Gerente de Control de Gestión Social del INSSJP; y Esteban Ernesto Laguizamo, en su carácter de Director Ejecutivo Local de la UGL VI, habrían actuado contrariando las funciones inherentes a sus cargos, al haberse interesado, al intervenir en razón de sus cargos, en el otorgamiento y pago de subsidios para beneficiar a nueve centros de jubilados y pensionados que no habrían cumplido con los requisitos establecidos en la norma”, afirmó Marijuan.

Según el fiscal, la prueba reunida en la causa demostró que se “autorizaron, gestionaron y efectivizaron la entrega de un subsidio extraordinario por montos diez veces superiores a los contemplados en la norma que los autorizaba a otorgarlos”.

Los centros favorecidos con los supuestos subsidios irregulares son ”Vengo a proponerles un sueño”, “Que florezcan mil flores”, “Seguimos Soñando”, “No me olvides”, “Eduardo Galeano”, “Palermo Viejo”, “Honrar la vida”, “Milagros al sur” y “La fe trae esperanzas”. Los subsidios serían de 100.000 pesos cada uno.

Según el fiscal, las “tareas de inteligencia” realizadas en la causa permitieron corroborar que “Seguimos Soñando”, “No me olvides”, “Palermo Viejo”, “Honrar la vida”, “Milagros al sur” y “La fe trae esperanzas” funcionan en locales que resultan asiento de unidades básicas de la agrupación política La Cámpora.

Luana Volnovich, la titular del PAMI, es una de las principales dirigentes de La Cámpora.

El origen de la causa

Las presuntas irregularidades en los subsidios fueron denunciadas por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el Programa de Atención Medica Integral (UFI-PAMI).

Se trata de una suma de $900.000 entregados como “subsidios solidarios de sostenimiento” y “apoyo extraordinario de sostenimiento” a centros de jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires en el marco de la pandemia de coronavirus. Pero, según consignó la denuncia que dio origen a la causa, muchos de los centros que recibieron el dinero “no se encuentran en funcionamiento en la actualidad” y “son locales partidarios de la agrupación política La Cámpora”.

Fue el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, a cargo de la UFI-PAMI, quien radicó a la denuncia a fin de que se investiguen las presuntas irregularidades del organismo.

La investigación de la Unidad Fiscal Especial previa a la denuncia penal comenzó en junio por una presentación de los opositores Graciela Ocaña y Luis Petri.

La resolución n°1472/2020, citada en la presentación judicial, que creó el subsidio solidario, apunta que estaba destinado a colaborar con los centros de jubilados y pensionados que durante la cuarentena dispuesta por el gobierno en el marco de la pandemia cerraron sus sedes y suspendieron sus actividades, perdiendo los ingresos provenientes de las cuotas de sus integrantes. Sin embargo, seis de los nueve centros beneficiados se inscribieron luego del inicio de la pandemia, según la denuncia.

“Es dable resaltar que la naturaleza del subsidio está vinculada con la contingencia sanitaria y la consecuente dificultad que hallaron las entidades en la percepción de sus cuotas sociales”, apunta la denuncia y agrega: “Resulta llamativo, entonces, que la inscripción de los centros Seguimos soñando, No me olvides, Eduardo Galeano, Honrar la vida, Milagros al Sur y La fe trae esperanzas sea sustancialmente posterior a la suspensión de las actividades sociales en los centros de jubilados y al inicio de la pandemia”.

Cinco de los nueve formularios de solicitud del beneficio fueron presentados con firma, pero sin ningún tipo de dato de identidad, y fueron aprobados como peticiones válidas y luego autorizados para que se efectúen los pagos correspondientes. Sumado a eso, muchos de ellos no consignan la fecha en que fueron entregados, sostiene la denuncia.