El general Bussi se resiste a declarar
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Los miembros de la Comisión de Juicio Político de la Legislatura tucumana daban por sentado anoche que el suspendido gobernador, Antonio Domingo Bussi, no se presentará hoy a declarar ante la Cámara, constituida como Tribunal de enjuiciamiento. Una actitud similar adoptarían la esposa de Bussi, Josefina Bigolio, sus cuatro hijos (Luis José, María Fernanda, Claudia y Ricardo) y su yerno, Héctor D´Amico.
Los legisladores sospechaban que la familia Bussi se apoyará en el derecho de que nadie está obligado a declarar en su contra.
Pero al tenso clima que se vive en Tucumán por el juicio político a Bussi se sumaron ayer versiones, luego desmentidas, acerca de las posibles renuncias del vicegobernador a cargo interinamente del Ejecutivo, Raúl Topa, y de su subrogante en el cargo de presidente de la Legislatura, Pablo Baillo.
Ambos funcionarios pertenecen a la oficialista Fuerza Republicana, partido que se vio sacudido ante la decisión de la comisión acusadora de citar a declarar a Bussi. Topa fue el encargado de desmentir tanto estos rumores como los que indicaban que se estaban ejerciendo fuertes presiones sobre los legisladores oficialistas para que voten en contra de dicha comisión.
Curiosa defensa
En tanto, la parte acusadora todavía analizaba ayer el descargo presentado por los abogados de Bussi, Gilda Pedicone de Valls y Roberto Lix Klett.
El descargo tiene un punto que llamó la atención de la comisión acusadora. En lo que hace a la acusación de falta a los deberes de funcionario público, los letrados afirman que "en tiempo y forma, el señor gobernador había dado cumplimiento a las disposiciones de la ley 3981 y sus decretos reglamentarios, presentando la declaración jurada patrimonial al asumir su cargo y, posteriormente, su actualización en febrero de 1998".
Integrantes de la Comisión de Juicio Político explicaron a La Nación que esta afirmación ayuda a la parte acusadora, ya que hasta la presentación del descargo sólo había sospechas de que la declaración jurada que presentó Bussi, cuando asumió su cargo como gobernador, en 1995, había sido modificada luego de que el 9 de febrero del actual trascendiera que había tenido una cuenta en Suiza.
Respecto del cargo de desórdenes de conducta originado en las respuestas ambiguas de Bussi, los abogados afirman que "dichas afirmaciones no adolecen de omisiones, ni constituyen mentiras, evasivas, afrentas o agravios -las que quedan negadas enfáticamente- y que sus dichos no pueden sustentar en modo alguno la acusación".
Frente a esto, un integrante del bloque radical de la Legislatura se preguntó: "¿Alguien puede olvidar a Bussi cuando apareció por todos los canales de televisión del país diciendo primero que no y luego que sí tuvo la cuenta en Suiza?"


