El Gobierno acusó a la Justicia de hacer "golpismo activo" por allanar una firma de la Presidenta

Las investigaciones judiciales enrarecieron el clima en la Casa Rosada. El gobierno de Cristina Kirchner acusó ayer al Poder Judicial, por medio de varios voceros, de ejercer un "ataque despiadado y sistemático" y de seguir una "estrategia de golpismo activo" por el allanamiento de anteayer a Hotesur SA, una empresa hotelera de la Presidenta investigada por no presentar balances y por supuestas contrataciones ficticias, que podrían implicar el delito de lavado de dinero.

Por una orden de la jefa del Estado desde El Calafate, el primero en defenderla fue el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich. Además de acusar de "golpismo activo" a los jueces, denunció "denuncias falsas sin ningún tipo de entidad" porque la operatoria de Hotesur era "clara y transparente".

En la misma línea cerraron filas el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez; la jefa del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio; el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y el diputado kirchnerista Edgardo Depetri. En un intento de politizar las causas, acusaron de golpistas a los jueces, la oposición y la prensa.

Desde el arco opositor, la diputada Margarita Stolbizer, de GEN, que presentó la denuncia contra Hotesur, replicó que "la hotelera es una actividad de las que se utilizan para el lavado de dinero". Y el diputado Ricardo Alfonsín, de la UCR, le contestó a Capitanich diciendo que "no aporta una sola prueba de lo que dice" para defender a la Presidenta.

Entre tanto, Cristina Kirchner reapareció ayer en público mediante una comunicación telefónica pública desde El Calafate con Capitanich, que presidía un acto en Chaco. Pero no se refirió a las medidas judiciales contra la sociedad que regentea el Hotel Alto Calafate, de su propiedad, cerca del cual descansará todo el fin de semana, como se informa por separado.

La principal sospecha de irregularidades consiste en que el empresario Lázaro Báez reservó y pagó en el Hotel Alto Calafate un millar de habitaciones que nunca se ocuparon entre 2010 y 2011 y, de ese modo, transfirió varios millones de pesos a la empresa de los Kirchner, en una maniobra que podría ser sospechada de blanqueo.

Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, pese a esas sospechas, Cristina está convencida de que el juez federal Claudio Bonadio, que instruye la causa del hotel, tiene lazos políticos con el diputado y candidato presidencial opositor del Frente Renovador, Sergio Massa.

El malestar oficial se extiende a otras medidas judiciales recientes de varios jueces en diversas causas. Por ejemplo, ayer se produjo un segundo allanamiento a la Procuración General de la Nación, controlada por la kirchnerista Alejandra Gils Carbó, por un supuesto espionaje a un fiscal, y se convocó a indagatoria a dos de los hermanos Zacarías por el caso del tráfico de efedrina.

Cerca de Cristina Kirchner confiaron a LA NACION que tienen información de que varios jueces federales redoblarían en los próximos meses la velocidad de sus investigaciones contra funcionarios de la Casa Rosada y contra la Presidenta.

Interpretan que los magistrados aprovechan el final del ciclo político kirchnerista para posicionarse políticamente, congraciarse y obtener ascensos con el futuro gobierno, y presionar para frenar el proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal, que les otorga más poder a los fiscales en desmedro de los jueces.

Un ministro confió a este diario que "Bonadio debió buscar menos espectacularidad con su allanamiento a una empresa de la Presidenta y pedir por oficio la documentación al apoderado de Hotesur y a la Inspección General de Justicia, porque se le iba a mandar todo". Como si no existieran antecedentes de que se podría omitir información comprometedora.

En esa línea oficial, Capitanich afirmó que el Poder Judicial realiza un "ataque despiadado y sistemático al gobierno nacional a través de denuncias falsas, sin ningún tipo de entidad" y que lleva adelante una "estrategia de golpismo activo" contra el Gobierno.

Incluso, aseguró que "no hace falta un allanamiento" porque "los requerimientos judiciales se pueden hacer por solicitud formal". Capitanich aseveró que "este golpismo activo del Poder Judicial tiene varias patas": la oposición, la prensa y los jueces.

Para Julián Domínguez, "es inexplicable el ensañamiento y la persecución judicial". Urribarri lo interpretó como "un apriete liso y llano". Di Tullio aseguró que "la oposición recurre a sus jueces para intentar voltear a Cristina", y Depetri dijo que "armaron esta operación infame y mentirosa para ensuciar la figura de Cristina".

Por Mariano Obarrio

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