El Gobierno admite que este año no se aprobará el Código Penal

Garavano, el día que presentaron el proyecto de baja de imputabilidad; el del Código Penal todavía no se hizo
Garavano, el día que presentaron el proyecto de baja de imputabilidad; el del Código Penal todavía no se hizo Fuente: Archivo
Enviará el proyecto en los próximos 30 días, pero reconoce que no será ley durante 2019; sin embargo busca que esta norma y el Régimen Penal Juvenil dominen el debate durante la campaña electoral
Hernán Cappiello
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9 de marzo de 2019  

El Gobierno está resignado. Mauricio Macri terminará su primer mandato como Presidente sin que se haya aprobado el nuevo Código Penal , según reconoció a LA NACION un alto funcionario. La máxima aspiración es que este texto tenga al menos media sanción en la Cámara de Diputados, después de las elecciones y antes de fin de año.

En la Casa Rosada piensan que va a tener la misma suerte, el proyecto de ley, ya enviado al Congreso, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil. Sostienen los funcionarios del Gobierno que quieren que tenga sanción en Diputados antes de las elecciones.

La campaña electoral que se desarrollará durante este año tendrá como temas centrales del debate político que quiere instalar el Gobierno a estos dos códigos, de modo que los temas de Justicia y Seguridad sean los que concentren la discusión pública.

El proyecto de Código Penal fue encargado a una comisión de juristas presidida por el juez de la Casación Mariano Borinsky. El cuerpo empezó a trabajar en febrero de 2017 y terminó su tarea a comienzos del año pasado, pero el envío del proyecto de ley al Congreso viene demorado (Borinsky que desde hace un año se dejó crecer la barba y bromea con sus amigos que no se afeitará hasta que el texto entre a la Cámara de Diputados).

El principal motivo por el que Macri viene demorando el envío del texto es que incluye algunas reformas en el artículo referido al aborto.

El nuevo Código no hace cambios revolucionarios, pero sí mejora la redacción y es un avance en la aplicación de la ley. El anteproyecto sigue penalizando el aborto, pero propone eximir de pena a la mujer que decida interrumpir su embarazo, lo que los jueces deberán analizar en cada caso concreto.

Además reglamenta el fallo de la Corte Suprema conocido como F.A.L, que prevé que cualquier mujer puede interrumpir su embarazo en caso de que este provenga de un abuso sexual, receptando así la jurisprudencia del máximo tribunal.

De esta manera, una mujer que desea interrumpir su embarazo evita estar hasta tres meses en un hospital esperando autorización judicial y le da seguridad jurídica al médico que interviene. Se mantienen dos causales de aborto no punible previstas en el actual Código Penal: riesgo para la vida o salud física o mental de la mujer y embarazo producto de un abuso sexual.

El debate de la ley de despenalización del aborto que ocupó la agenda parlamentaria el año pasado impidió que se elevara el proyecto, que ahora puede llegar a ver la luz.

El solo hecho de que el Gobierno presente al Congreso un anteproyecto de Código penal ya sería un logro, dado que el actual se presentó hace 100 años y recibió centenares de parches. El texto actual es un trabajo que concentra esas reformas, las depura y las hace congruentes.

Además se incorporan nuevos delitos, vinculados con la tecnología, y hay una ampliación de la protección de derechos de los ciudadanos. En materia de corrupción y narcotráfico es más duro que el actual. Busca la efectiva aplicación de la ley, como dicen en el Gobierno, o lo que sus críticos llaman un proyecto de mano dura.

El Gobierno no se preocupa por la demora en el tratamiento del proyecto, pues una ley especial prevé que una vez ingresado no pierda estado parlamentario (como el resto de los proyectos que caen si no son tratados en dos años) pues se trata de un código, que se suponen demandará un análisis más vasto, profundo y extenso que una ley estándar.

En las últimas tres semanas el Gobierno envió dos proyectos de ley que estaban previstos en el plan de Justicia 2020. Uno de ellos es el nuevo Régimen Penal Juvenil que propone bajar la edad de punibilidad penal a los 14 años y reduce la discrecionalidad de los jueces para aplicar medidas sobre los menores envueltos en delitos. Agrava las penas en caso de los mayores que los acompañen y prevé un menú de penas alternativas al encierro para los menores de edad.

Esta semana ingresó el proyecto de ley de ética pública elaborado por la Oficina Anticorrupción que regula lo relacionado con conflictos de intereses, contrataciones de familiares y publicidad de las declaraciones juradas de bienes.

Ahora de manera escalonada ingresará este nuevo anteproyecto. El 2019 será un año muy acotado para la labor parlamentaria por la campaña electoral. De hecho, legisladores del oficialismo prevén que a lo sumo puede haber media docena de sesiones antes de las PASO previstas para agosto. La idea no es regalarle el escenario del Congreso a la oposición. En tan poco tiempo ya sería un logro que el Régimen Penal Juvenil tenga sanción en Diputados antes de las elecciones y que el Código Penal sea tratado en el recinto entre octubre y fin de año.

Los ejes de la propuesta

Los puntos salientes del nuevo Código Penal

Inseguridad

  • Se prohíbe la libertad condicional de los condenados por delitos dolosos cometidos con violencia que hayan conllevado para la víctima graves daños físicos o mentales o la muerte, hasta que hayan cumplido 35 años de prisión. Se mantiene la reincidencia para los delitos dolosos

Arrepentido

  • Se mantiene la figura y se amplía para delitos cuya pena máxima sea 15 años

Penas alternativas

  • Se prevé detención domiciliaria con pulsera electrónica en la primera condena de no más de 3 años

Armas

  • Se elevan las escalas a 3 años y 6 meses de prisión de mínima y 10 años de máxima para el tráfico de armas

Género

  • Se prevé la intervención de la víctima en la probation

Corrupción

  • Se propone el decomiso anticipado de bienes y aumentan las penas hasta 12 años para el cohecho, el soborno transnacional, el enriquecimiento ilícito. Son de cumplimiento efectivo

Lavado de dinero

  • Se prevé una agravante cuando se encuentre involucrado un funcionario público

Personas jurídicas

  • Se prevé que las personas jurídicas pueden ser responsables de trata de personas, delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico y financiero, terrorismo y narcotráfico, delitos fiscales, manipulación genética, delitos contra el ambiente

Narcotráfico

  • Se aumentan las escalas penales hasta 20 años

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