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El Gobierno analiza cómo para controlar la presencialidad de los empleados públicos y los gremios reclaman por paritarias
Debatieron tomar medidas con las tarjetas de las cuentas sueldo o proceder con un reempadronamiento; hasta ahora hubo poco avance en la reestructuración de los organigramas y hay mucha incertidumbre entre los trabajadores estatales
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LA NACIONMaia Jastreblansky
Entre las primeras cosas que pidió Javier Milei en las reuniones de gabinete estuvo la de controlar con “mano de hierro” la presencialidad de los empleados públicos y la eficiencia de la gestión. El Presidente -que siempre calificó al Estado como “parasitario”- está convencido de que hay trabajadores que persisten en la modalidad remota desde la pandemia.
En el fondo, Milei cree que obligando a todos a asistir a su lugar de trabajo detectará si hay agentes que perciben su sueldo sin trabajar o si hay situaciones irregulares, porque está convencido de que en el Poder Ejecutivo también hay situaciones como la de “Chocolate Rigau”. Parte de esa obsesión la transmitió el jefe de Estado cuando en sus redes sociales compartió un meme de una foto del Congreso con millones de personas asomando por las ventanas y la frase “el que no tiene presentismo, no cobra”.
En uno de los encuentros de ministros, según pudo reconstruir LA NACION, Milei debatió con sus funcionarios cómo instrumentar un control más exhaustivo de la planta del Estado. Allí se debatió la posibilidad de renovar todas las tarjetas de débito del Banco Nación donde los empleados tienen su cuenta sueldo. También se debatió la idea de impulsar algún tipo de reempadronamiento general, ya que los empleados fichan con huella digital en la mayoría de las dependencias públicas. Las ideas que debatieron los libertarios apuntaron a obligar a los agentes a que realicen un trámite que dé fe de su trabajo.
En el cónclave con los ministros se recordó que el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro -que fue director en la firma de servicios de auditoría KPMG Argentina- en el pasado había realizado un trabajo de entrecruzamiento de datos de los empleados en la Ciudad para detectar situaciones irregulares. Milei dio la orden de proceder en esa dirección.
Desde la jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse, ya repartieron planillas a todas las dependencias para que se detalle la nómina de personal. “La pandemia hizo estragos con la presencialidad”, insisten en la Casa Rosada.
Por ahora lo que hubo fue gestualidad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que dio la orden en su cartera de que haya “presencialidad plena” dado que (según dijo) detectó que el trabajo remoto persistía vigente desde la emergencia sanitaria de 2020. Y el portavoz Manuel Adorni dijo que serán “sancionados” quienes no brinden información de sus plantas de empleados.
Advertencias de los gremios
En los papeles, sin embargo, reestructuración del Estado está en una situación muy preliminar. La nueva gestión aún no logró diagramar el organigrama de las autoridades superiores y en todas las dependencias públicas hay una fuerte preocupación e incertidumbre entre los empleados, que temen que se cometan injusticias.
Uno de los puntos que anunció Luis Caputo es que “no se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia” ya que –siempre a los ojos del nuevo Gobierno- hay “una práctica habitual en la política de incorporar familiares y amigos antes de la finalización de un mandato”. Sin embargo, hay un gran número de empleados que están bajo la modalidad de contratación en los ministerios -no son de planta permanente ni transitoria- y que trabajan hace mucho más de un año, pero que firmaron su último convenio hace alrededor de tres meses porque cada vez que hay una actualización salarial deben volver a firmar un contrato en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya anunció que analiza “los pasos a seguir” ante los anuncios realizados por Caputo y advirtió que en los próximos meses “10.000 trabajadores” pueden quedarse “sin empleo” en el Estado.
Hasta ahora, el funcionario que entró en contacto con los gremios estatales fue el ministro del Interior, Guillermo Francos. Esta semana, en tanto, mantuvo un encuentro con el secretario general de ATE, Daniel Catalano (el gremio más combativo). El sindicalista le manifestó preocupación por la medida anunciada por Caputo y el ministro del Interior se comprometió a “continuar con el diálogo”.
En el contexto de una reunión con la CGT, días atrás, Francos le transmitió al titular de UPCN, Andrés Rodríguez, que la intención del nuevo gobierno no era afectar las plantas de empleados sino apuntar a “los cargos políticos y la militancia agrupacional en el Estado”. “Es mínimo el porcentaje de empleados que hace home-office, acá lo que hay que discutir es la paritaria”, advirtió un alto jefe gremial de un sindicato estatal. La paritaria estatal nacional se discuten de mayo a mayo, y actualmente no está definido el tramo de enero a mayo de 2024, con los cual los gremios reclamarán su reapertura.
Por ahora, cada ministerio viene avanzando en el diseño de su organigrama para reducir subsecretarías y direcciones nacionales. Adorni anunció la reducción del 50% de los ministerios (de 18 a 9), del 50% de las secretarías (106 a 54) y del 23% de las subsecretarías (de 182 a 140). Pero, tal como contó LA NACION, el achicamiento de esos cargos implica una reducción de solo el 1,2% de los cargos jerárquicos y la clave pasará por ver cómo queda la “raviolera” de los cargos medios.
Aunque los cargos no están formalizados, para quedar al frente de Empleo Público (que en la gestión anterior ocupaba Ana Castellani) suena Belén Moretti, que ocupó funciones en Vialidad Nacional. Con la reorganización del organigrama nacional, cerca del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, está actuando Armando Giubert, que trabajó durante el menemismo como secretario de Reforma y Modernización, entre otros cargos y fue uno de los arquitectos de la reforma del Estado de los 90.
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