El Gobierno analiza si levanta el tope salarial para los funcionarios

El Gobierno analiza si levanta o mantiene el tope de $ 3000 para los salarios del Presidente, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, entre otros cargos públicos, que rige desde la efímera presidencia de Adolfo Rodríguez Saá.

El límite salarial genera una fuerte resistencia en las primeras líneas de todos los ministerios y de la propia Casa Rosada, donde reclaman su eliminación, aunque saben que implicaría un alto costo político, reconocieron a LA NACION numerosos funcionarios de varias carteras.

El decreto 1357/03, que renovó por tres meses la aplicación del tope salarial, vence mañana. Pero al presidente Néstor Kirchner le bastará con dejar pasar los días si quiere aumentar sus ingresos y equipararse así a sus antecesores, ya que el límite a los sueldos caerá salvo que se prorrogue su vigencia con un nuevo decreto.

Hasta ayer, las secretarías de Hacienda (Ministerio de Economía) y Legal y Técnica (Presidencia de la Nación) no habían recibido aún órdenes de Kirchner en ningún sentido, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, le confirmó a LA NACION las dudas que hay en el Gobierno. "El tema todavía no lo tenemos definido", comentó.

El Palacio de Hacienda no analiza cuál sería el costo de un aumento salarial en las arcas públicas, ni los abogados de la Casa Rosada comenzaron a redactar un proyecto de decreto para extender el límite de los 3000 pesos.

"Esa es una decisión del Presidente. Nadie hablará ni se moverá hasta no saber qué quiere Kirchner. En diciembre todos pensábamos que se levantaba el tope y, al final, prorrogó su vigencia por tres meses", recordó un secretario de Estado.

El fastidio de los funcionarios por el límite salarial es evidente, máxime cuando toman como referencia para sus sueldos lo que cobran quienes están por debajo de ellos, con regímenes laborales mejores. Así, el canciller Rafael Bielsa cobra 3000 pesos por mes, contra los $ 7100 del secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, y los $ 7700 del subsecretario de Política Exterior, Juan José Uranga. Ambos cobran retribuciones según sus rangos de embajadores.

También es el caso del ministro de Economía Roberto Lavagna, que como todo funcionario político percibe 3000 pesos, mientras que el cargo de director nacional de Sanidad Animal, cuyo concurso para ingresar en el sistema de la administración pública está en curso ahora, prevé un salario bruto de 5580 pesos, más un "suplemento no remunerativo".

El tope salarial sólo rige, en rigor, para aquellos funcionarios considerados "políticos", es decir, que no pertenecen como planta permanente a la administración pública. Pero tampoco a todos los cargos políticos, ya que no afecta a los integrantes del Poder Legislativo o a los embajadores elegidos por el Presidente, los llamados "inciso 5".

El ex gobernador mendocino y actual embajador argentino ante los Estados Unidos, José Octavio Bordón, cobra unos 12.500 dólares por mes. Esto es, cerca de 36.000 pesos netos, que no debe destinar ni al pago de un alquiler, ya que vive en la residencia oficial en Washington.

Más elocuente es el caso del embajador en Uruguay, Hernán Patiño Meyer, también investido por el "inciso 5". Cobra más de 10.200 dólares por mes según los registros oficiales a los que accedió LA NACION. Es decir, unos 29.700 pesos o diez veces más que el Presidente, desde Montevideo.

Aún así, esas diferencias salariales, en esos casos, son legales. No así los sobresueldos que cobrarían ciertos funcionarios, según sospechan algunos de sus propios colegas en el gabinete, que apuntan al abuso de los viáticos, las llamadas "unidades no retributivas", los gastos de representación y el aporte por desarraigo.

Por lo pronto, la mayoría de estos rubros no deben incluirse dentro de los 3000 pesos, según surge de sucesivos dictámenes elaborados por la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.

Esto hace que se incremente de manera sustancial el salario de, por ejemplo, un funcionario nacional cuya residencia estable queda en Santa Cruz, pero que trabaja en Buenos Aires y que además debe viajar al exterior.

Aun así, el ministro del Interior Aníbal Fernández afirma ante quien quiera oírlo que su equipo de colaboradores sólo incluye una vasta mayoría de bonaerenses por las dificultades que afronta para sumar técnicos calificados del interior con una oferta salarial máxima de 3000 pesos.

Un informe de noviembre último de la Sindicatura General de la Nación detalla que el 98% de los funcionarios cobran salarios por debajo del tope, aunque el límite genera fuerte resistencia en ciertas áreas del Estado, como las universidades nacionales.

El plenario de rectores dispuso por resolución 418/02 que quienes trabajan en los claustros académicos públicos no están alcanzadas por el tope, lo que luego fue replicado por el dictamen 261/03 de la Procuración del Tesoro y aún es objeto de debate (de lo que se informa por separado).

En el informe de la Sigen también se apuntó, entre otros, a algunos directivos del Conicet y de la Comisión Nacional de Valores, los que no respetaban el tope salarial, aún después de recibir una advertencia oficial.

Mientras, otros funcionarios que sí cobran menos de 3000 pesos, como el director de la Oficina Anticorrupción Daniel Morín o el subsecretario de la Gestión Pública, Norberto Ivancich, no ocultan su fastidio con el tope.

Morín analiza, además, si presenta la renuncia a su cargo e, inmediatamente, emprende el retorno a cargo del fiscal en el Poder Judicial o, incluso, eventualmente, como integrante de un tribunal oral. Repetiría, así, el derrotero de Manuel Garrido y Roberto De Michelle, que se alejaron de la OA en los últimos dos años.

Por Hugo Alconada Mon

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