El Gobierno anunció que cerró con el FMI un aumento de tarifas, que será mayor que lo prometido

El Gobierno anunció que acordó con el FMI los próximos aumentos de tarifas y dijo que espera enviar “en las próximas horas” el pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación de la deuda de más de 44.000 millones de dólares que la Argentina mantiene con ese organismo.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo en conferencia de prensa virtual que se acordó con el Fondo un aumento en los servicios de gas y electricidad con “un esquema de segmentación en tres niveles” de usuarios. Los incrementos salariales alcanzarán a todos los niveles, incluso a los que tienen tarifa social, que recibirán sus facturas con un incremento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior. Ese coeficiente rondó el 53%. De este modo, el incremento para este segmento será de cerca del 21%.

Cerruti ratificó que habrá un grupo de usuarios que pagará la tarifa plena -según dijo el Presidente el martes en el Congreso, serán aproximadamente un 10% de los usuarios- y el resto tendrá un incremento equivalente al 80% del CVS. Sería entonces un aumento de cerca del 42% para este segmento.

La portavoz no precisó cuantos usuarios ingresarán en cada una de estas categorías y dijo que eso se resolverá en audiencias públicas.

“Confiamos en que en las próximas horas esto va a estar cerrado, traducido al Congreso”, dijo Cerruti. “Hay que tener mucha templanza. Estamos discutiendo con los poderes más grandes de esta tierra. Esto no se resuelve en cinco minutos”, afirmó.

Cerruti brindó la conferencia desde su casa, donde se recupera de coronavirus. “El Gobierno está determinado a lograr niveles de tarifas razonables para los servicios públicos de gas y electricidad”, sostuvo, e indicó que durante esos dos años no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes anunciados. “Este era uno de los puntos que dificultaban el acuerdo”, insistió.

La Casa Rosada había hecho público su principio de acuerdo con el Fondo el 28 de enero pasado, tras jornadas de reuniones y comunicaciones frenéticas.

Desde entonces, el equipo del Ministerio de Economía y el staff del Fondo asignado al caso trabajaban en los detalles técnicos del acuerdo. Ese intercambio estuvo trabado durante varios días por las diferencias respecto del aumento tarifario y de los subsidios energéticos. “Se mira palabra por palabra”, describió la portavoz.

Una vez que ingrese el acuerdo en el Congreso, será tratado primero en Diputados -donde pasará por dos comisiones- y luego, en el Senado. Para definir la mecánica de las negociaciones, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, convocó este mediodía a una reunión con los jefes de los bloques. Deberá lidiar con el endurecimiento de la oposición, y en particular de Pro, tras las críticas que Alberto Fernández lanzó durante la Asamblea Legislativa. El Senado, donde la resistencia del kirchnerismo es mayor, no ofrece un mejor panorama para el Gobierno.

Los tiempos apremian. La Argentina debe afrontar un vencimiento el 22 de marzo. Fuentes gubernamentales al tanto de las negociaciones dijeron a LA NACION que, una vez cerrado el acuerdo con el organismo, el eventual incumplimiento de ese plazo no sería un problema.

La idea del Gobierno de Alberto Fernández era lograr el envío al Parlamento antes de la apertura de las sesiones ordinarias, pero el debate por los números finales, a los que se sumó el contexto internacional marcado por la suba del petróleo luego de la invasión de Rusia a Ucrania, alargó los tiempos.

Diferencias internas

El acuerdo llevó al extremo las diferencias dentro de la coalición gobernante, pero también en la oposición, en especial luego de los dichos del Presidente en la apertura de sesiones.

Consultada por LA NACION, Cerruti no descartó que Máximo Kirchner y su sector voten en contra del acuerdo en el Congreso, aunque se mostró comprensiva con su postura. “Formamos parte de una coalición de gobierno donde cada uno puede expresar su postura, su posición y la mejor síntesis entre todos (...). No se trata o no de si acompaña o no las posturas del Gobierno, es parte del Gobierno, el sector que lidera el compañero Máximo Kirchner es un sector importantísimo, esperamos que lleve el debate de la manera que siempre lo ha hecho, con honestidad y buscando las diagonales para ponernos de acuerdo en lo que tenemos que ponernos de acuerdo”, sostuvo la portavoz.

Un rato antes, había augurado un debate “con mucha lealtad, con mucho pragmatismo”, como una forma elegante de cuestionar a los sectores del oficialismo referenciados en la vicepresidenta Cristina Kirchner que se resisten a aprobar el acuerdo.

Durante las últimas horas, fuentes del oficialismo atribuyeron la demora en presentar el acuerdo a una virtual “rebelión” de senadores oficialistas, que no fue del todo subsanada. Según fuentes cercanas al Presidente, “Alberto decidió presentar el proyecto igual, y que cada uno pague el costo político que tenga que pagar”.

En la conferencia de prensa, cuando le preguntaron a Cerruti si tenían los votos para aprobar en el Congreso el acuerdo con el FMI, ella contestó: “Tenemos la obligación de ser optimistas”.

El comunicado del Gobierno

Se trata del proyecto de ley para aprobar el “Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional”, cuyos anexos incluyen los entendimientos y textos técnicos alcanzados para reemplazar el fallido programa Stand By acordado en 2018, por un nuevo programa de Facilidades Extendidas.

El Gobierno Nacional enviará este jueves al Congreso de la Nación el acuerdo alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda récord de aproximadamente USD 45.000 millones que tomó la administración de Juntos por el Cambio. Se eleva de esta forma al Poder Legislativo un proyecto que incluye como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico.

Luego de intensas negociaciones, el Gobierno nacional logró cerrar con el FMI un acuerdo que permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa Stand By de 2018 que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023.

El nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo.

El acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés) que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.

Durante los meses de negociaciones se ha logrado llegar a entendimientos con el staff del FMI acerca de la importancia de alcanzar un programa acorde a las necesidades y desafíos de la Argentina y que no implique una inhibición en la recuperación económica.

En este sentido, hay coincidencia en que la inflación es un fenómeno multicausal -siendo uno de los principales desafíos de la política macroeconómica- que debe ser abordado desde un enfoque integral. La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas. El programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas. Al mismo tiempo, se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos. También este proceso será acompañado por políticas de precios e ingresos que contribuirán a anclar expectativas en pos de una desinflación gradual junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos reales.

Asimismo, se apunta a una reducción gradual del déficit fiscal, consistente con un crecimiento moderado del gasto en términos reales con el objetivo de apuntalar la recuperación económica en curso, al tiempo que se fortalecen el crédito y la moneda nacional. “Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024″, define uno de los Memorándum.

Este sendero hace posible un paquete equilibrado de medidas de gastos e ingresos para sostener una política expansiva que permita aumentar la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, promover la generación de empleo, seguir impulsando la actividad económica y fortalecer la asistencia social enfocados “en abordar la pobreza infantil y reorientando el apoyo para promover la inclusión en el mercado laboral, particularmente de las mujeres y las personas con menor calificación laboral”.

En relación a las jubilaciones, el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional, por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609. Dicha fórmula permite que las prestaciones crezcan a partir de los incrementos de la recaudación nacional y de los salarios de la economía.

Atendiendo la gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía, el Gobierno está comprometido en procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios. En el marco de sus objetivos de estrategia energética, está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso. Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales.

Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (anteriormente denominado CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior. Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago.

La segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles, conforme los parámetros que determine el Poder Ejecutivo nacional en el marco de su competencia según el servicio público de que se trate: a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago; b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior, c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior. Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c). Para el año 2022 se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario.

La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.

Se desarrollará un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a: (i) incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable; (ii) reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza; (iii) mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; (iv) fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y (v) asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad.

También hay entendimiento en la importancia de impulsar políticas de crecimiento y resiliencia para abordar los cuellos de botella de largo plazo y sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo.

Estas políticas tratarán de potenciar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones; la inversión y la productividad; el desarrollo económico local y regional; el empleo formal y la inclusión laboral que incluya perspectiva de género; mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético; las políticas de mitigación y adaptación ambientales y; el desarrollo más amplio de los mercados de capitales.

El proyecto ingresará al Congreso de la Nación en los términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública -impulsada por el Gobierno Nacional- que establece que, entre otras, que todo programa realizado con el FMI requerirá de una Ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente

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