El Gobierno asegura haber detectado que 178 mil Certificados de Discapacidad correspondían a personas muertas

En medio del reordenamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) iniciada por la intervención dispuesta tras el escándalo desatado por los audios de su extitular Diego Spagnuolo, fuentes del Ejecutivo aseguraron a LA NACION haber detectado que 178 mil receptores del Certificado Único de Discapacidad (CUD) corresponden a personas que están muertas.

El número se desprende de un cruce entre las bases del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) con los datos de la ANDIS, donde están registrados los beneficiarios de los certificados.

Las autoridades del área accedieron al dato en las últimas horas. A raíz de la detección de esa irregularidad, se prevé dar de baja esos certificados, según pudo saber LA NACION.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo evalúa acciones legales contra quienes recibieron los beneficios del CUD, a pesar de que sus beneficiarios originales habían fallecido.

Las acciones ilegales apuntarán también a los prestadores que cobraban por supuestamente darles servicios a esas personas.

El CUD es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad de una persona, permitiéndole acceder a derechos, prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares y otros beneficios, con validez en todo el territorio nacional.

Se otorga tras una evaluación de una Junta Interdisciplinaria y no tiene un vencimiento fijo, sino períodos de actualización. Actualmente los plazos están prorrogados.

La detección de extensión certificados entregados a personas fallecidas motivó una investigación interna.

El resultado, al que accedió LA NACION, es parte del cruce que ordenó, en el marco del reordenamiento de la ANDIS, la intervención de Alejandro Vilches, el médico sanitarista quien en septiembre pasado reemplazó a Spagnuolo, primer titular de ese área durante la administración libertaria.

Spagnuolo salió eyectado del Gobierno tras quedar alcanzado por sospechas de corrupción, tras la filtración de audios con lo que sería su propia voz y que se referían a sobornos.

Vilches fue designado en el cargo por el titular de Salud, Mario Lugones.

“Es una estafa al Estado”, dijeron a LA NACION las fuentes consultadas. Ese argumento sería el que podría llevar a la justicia a quienes percibieron los beneficios del CUD. A raíz de la información recibida “se van a cruzar los datos de las personas fallecidas con los prestadores”. Luego de ese segundo cruce se avanzaría legalmente con los prestadores que hayan asegurado haber atendido a esas personas.

En el Gobierno admiten que el cruce debió darse desde el primer momento, pero Spagnuolo no lo hizo. Exabogado del presidente Javier Milei, de quien era amigo personal, Spagnuolo fue echado en medio del escándalo de presunta corrupción en la ANDIS, a través de la difusión de los audios. En esos audios se a afirma que cobraba coimas para la secretaria general de Presidencia, Karina Milei y el subsecretario, Eduardo “Lule” Menem, lo que es descartado de plano por la Casa Rosada.

Desde el comienzo del escándalo, en la previa a las elecciones legislativas en territorio bonaerense, en septiembre pasado, en la Casa Rosada insisten que “no hay motivo de preocupación”. Y resaltan que en lo que va de investigación judicial, en la que ya hay en curso una primera ronda de indagatorias, “no hay un solo indicio que apunte a ellos; ni lo va a haber”. A Spagnuolo suelen referirse como un “chanta” y sostienen que, de confirmarse el cobro de coimas, habría actuado como un “cuentapropista”.

La auditoría tras el escándalo

Con el cambio de autoridad en la ANDIS y el escándalo de presuntos sobornos, Lugones ordenó una auditoría en esa agencia. Como organismos de control externo para que revisen se dispuso la colaboración de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), para determinar qué sucedió en el organismo internamente. Especialmente en torno a la gestión de las Pensiones No Contributivas (PNC) y compras de medicamentos. Esa auditoría aún no está finalizada, pero podría estarlo antes de que finalice el primer trimestre de 2026. Las auditorías tienen un plazo legal de seis meses de duración. El de la ANDIS comenzó en septiembre pasado.

El área de Discapacidad fue objeto de dos conflictos este año. Mientras que por un lado quedó alcanzado por el escándalo de los audios de Spagnuolo en ANDIS, por otro el oficialismo enfrenta duras críticas por los recortes en él área de Discapacidad.

Mientras que los conflictos alrededor de este último se remontan a mediados de este año, alrededor de la ley de emergencia en Discapacidad, el tema aún no está saldado. En las últimas horas el Gobierno logró la aprobación en Diputados del Presupuesto 2026, pero no la derogación de la emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario, un tema central en la discusión con la oposición y algunos aliados.

Por Cecilia Devanna

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