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El Gobierno asegura que la ampliación de la Corte Suprema no es una iniciativa propia: “No lo necesitamos”
El senador aliado, Juan Carlos Romero, presentó un proyecto para llevar el máximo tribunal a siete jueces; en la Casa Rosada afirman que quieren enviar dos nuevos pliegos
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LA NACIONMaia Jastreblansky
Después del affaire con los dos senadores de Misiones que dieron vuelta su voto por ficha limpia −minutos antes de que se contaran los votos en el tablero del Senado−, los movimientos de los legisladores aliados al Gobierno quedaron bajo la lupa. Horas después de que cayera el proyecto que impide ser candidatos a los condenados por corrupción en segunda instancia, otro senador aliado al oficialismo, el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal), presentó una iniciativa para ampliar la Corte Suprema. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿forma todo parte de un plan para conseguir un acuerdo político con el peronismo que le permita al Gobierno poblar el máximo tribunal?
En la Casa Rosada aseguran que no tienen intenciones de sumar jueces a la Corte y que el proyecto de Romero corrió por su cuenta. “No fue idea nuestra”, aseguraron muy cerca de Javier Milei a LA NACION. El vocero presidencial, Manuel Adorni, lo transmitió en la conferencia de prensa de este martes. “No es un proyecto impulsado por nosotros, hay que preguntarle al senador”, dijo.
Distinta había sido la postura del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, esta mañana, al ser consultado por Cadena 3. “Teniendo en cuenta lo que pasó en la propuesta de Milei, que fracasó, hay que intentar una nueva forma de constituir la Corte y, respecto a la propuesta de Romero, estamos dispuestos a considerarla, a conversar cualquier propuesta”, expresó.
En el Gobierno señalan que la intención oficial es completar únicamente los dos lugares vacantes del máximo tribunal. Según pudo saber LA NACION, cerca de Milei quieren proponer dos nombres nuevos y tienen la expectativa de conseguir acuerdo político para esas nominaciones, poniendo sobre la mesa de negociación un amplio paquete de vacantes que deben completarse en el Poder Judicial, desde el Procurador General (el jefe de los fiscales) que hoy está bajo el interinato de Eduardo Casal, hasta los pliegos de más de 150 jueces de todo el país, que el Gobierno prometió enviar hace más de seis meses y no lo hizo.
La idea de la negociación “en paquete” es el mismo plan que la Casa Rosada se había trazado la primera vez, sin éxito. Los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla fracasaron en el Senado; los dos fueron nominados en comisión vía decreto pero ninguno pudo permanecer en el máximo tribunal. En aquellas tratativas, en Balcarce 50 deslizaban que estaban dispuestos a “evaluar” una ampliación de la Corte, siempre y cuando primero la oposición convalidara a Lijo y García-Mansilla.
Ahora, el Gobierno se vuelve a exhibirse -al menos hacia afuera- confiado. “No necesitamos ampliar la Corte. Nos tenemos fe”, aseguró un importante colaborador oficial que evitó responder si el envío de los dos nuevos pliegos será antes o después del recambio de la Cámara alta, en diciembre.
Traba institucional
La cuestión institucional está hoy fuertemente trabada por la escasa representación parlamentaria que tiene el oficialismo y por la falta de acuerdos políticos en el Senado, donde el peronismo controla 34 bancas.
Cerca del senador Romero también afirman que la iniciativa “no fue conversada con nadie del Poder Ejecutivo”. Reconocen, no obstante, que ya se dieron charlas con los distintos bloques del Senado, desde el PJ que controla José Mayans hasta el bloque de La Libertad Avanza, a cargo de Ezequiel Atauche.
El proyecto consta de un solo artículo. Establece que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por siete jueces, de los cuales no más de cinco de sus integrantes serán del mismo sexo”. Es decir, que debería integrarse con al menos dos mujeres (ya hay tres hombres: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti).
Romero, al igual que otros aliados, vienen presionando para que avance una ampliación de la Corte que le dé al Gobierno un vehículo para destrabar los acuerdos en el Senado que permitan llenar no solo las vacantes del máximo tribunal, sino también otros casilleros que están vacíos, tanto en la Justicia como en la Auditoría General de la Nación (AGN), que quedó con un sólo miembro y no puede firmar sus auditorías.
Es decir, si bien ambas partes aseguran que no existieron diálogos previos, la intención del senador salteño es ofrendarle al Gobierno una vía y ser un artífice para que se destraben las cuestiones institucionales. Romero integra la Comisión de Acuerdos del Senado y fue uno de los senadores que apoyó el dictamen de Lijo el año pasado.
