El Gobierno busca destrabar el nombramiento de jueces que bloquea el peronismo

La resolución de la crisis en la que sumió al PJ la deserción de Miguel Pichetto, con la elección de Carlos Caserio como su jefe de bloque, le dio al oficialismo nuevos bríos para tratar de avanzar en la aprobación de más de 60 pliegos de jueces que se encuentran trabados en el Senado por la oposición de un sector del peronismo.

Por lo pronto, el flamante jefe del bloque peronista fue contactado ayer por el presidente provisional y principal negociador de Cambiemos en la Cámara alta, Federico Pinedo (Pro-Capital), y acordaron reunirse el martes próximo para hablar sobre "cómo sesionar".

Desde que empezó el año, el Senado solo sesionó en cinco oportunidades, la última, el 22 de mayo. En esa sesión estaba previsto que se discutieran los pliegos con dictamen de la Comisión de Acuerdos, pero la queja de algunos senadores peronistas obligó a Pichetto, por entonces presidente de la principal bancada de oposición, a pedir la postergación del debate.

El de los pliegos judiciales es otro de los temas que dividen aguas en el interior del Bloque Justicialista, en la que conviven voces como la del salteño Rodolfo Urtubey, que pide que se respete el trabajo de la Comisión de Acuerdos, que preside, con la del jujeño Guillermo Snopek, que reclama equiparar el interés del Gobierno por nombrar jueces en la Capital y Buenos Aires con la necesidad de completar las vacantes que hay en el interior del país.

En medio de esta puja, el único beneficiado es el kirchnerismo, cuyo jefe de bancada, Marcelo Fuentes (Neuquén), dijo claramente en la sesión de mediados de abril que el Frente para la Victoria (FPV) se iba a negar a darles acuerdo a jueces impulsados por un gobierno "en retirada".

Este argumento, junto con el discurso de la persecución y la guerra judicial contra Cristina Kirchner que proclama el kirchnerismo, también ha sido esgrimido por algunos senadores peronistas para negarse a designar jueces antes de que se devele el misterio de quién ganará las próximas elecciones. En la reunión del Bloque Justicialista celebrada anteayer, en la que Caserio fue elegido presidente, la cuestión de los pliegos fue sometida a debate y se llegó a un acuerdo. Urtubey se llevó la promesa de la conducción del bloque de que se respetará su trabajo al frente de la Comisión de Acuerdos, pero también se decidió estudiar la lista de pliegos que ya tienen dictamen para decidir cuáles podrían ser incluidos en una próxima sesión.

Por lo pronto, ayer, la Comisión de Acuerdos volvió a celebrar una audiencia para escuchar a postulantes a juzgados federales y conjueces de cámaras en el interior del país. Si bien la reunión tuvo quorum y hubo tres representantes del PJ, ninguno de los pliegos obtuvo las firmas necesarias para obtener dictamen.

Desde que la cuestión de los jueces se convirtió en un nuevo eje de conflicto interno en el PJ, el oficialismo quedó impedido de avanzar. Sin número propio, la única forma de aprobar esos pliegos era con los votos que le pudiera aportar el bloque que conducía Pichetto.

La ruptura del rionegrino con su bancada le quitó a Cambiemos su principal interlocutor en la oposición y, por lo tanto, ayudó a consolidar el escollo que mantiene trabados los pliegos judiciales. "No sé si lo voy a poder tratar, pero a mí me gustaría que lo tratáramos porque hay muchos juzgados vacantes", dijo Pinedo a LA NACION, quien no pierde las esperanzas de poder destrabar la situación en la reunión que mantendrá la semana próxima con Caserio.

Los casi 70 pliegos judiciales que se encuentran empantanados en el Senado representan casi un tercio de los 237 juzgados nacionales y federales que, según estadísticas del Consejo de la Magistratura y del Ministerio de Justicia, se encuentran vacantes, sobre un total de 988 cargos existentes.

De hecho, desde el oficialismo se reclama la aprobación de los pliegos como parte de la política de normalización en la designación de jueces que adoptó el gobierno de Mauricio Macri.

Al respecto, responsabilizan a Cristina Kirchner por la gran cantidad de vacantes y recalcan que entre 2011 y 2015, bajo el control del kirchnerismo, el Consejo de la Magistratura solo elevó 66 ternas al Poder Ejecutivo para que eligiera un candidato antes de consultar al Senado.