El Gobierno criticó a la jueza porteña que ordenó liberar a parte de los detenidos y pidió que la investiguen

El gobierno de Javier Milei arremetió este jueves contra la jueza Karina Andrade, que emitió un fallo por la madrugada en el que ordenó liberar a parte de los 124 detenidos el miércoles en las inmediaciones del Congreso, durante la marcha por los jubilados, donde se registraron decenas de episodios violentos. Desde la Casa Rosada la acusaron de “militar la impunidad” y dijeron que pedirán una investigación sobre su actuar en el Consejo de la Magistratura.

En el medio de los disturbios que ocurrieron en el centro porteño en esta movilización donde confluyeron jubilados, hinchas, barras, sindicatos y organizaciones sociales, la Policía de la Ciudad detuvo a 94 personas. Cuando la situación se calmó y ya en las primeras horas de este jueves, Andrade ordenó la libertad para todo el grupo, conformado por 71 hombres y 23 mujeres. A eso se sumaron diez captados más por fuerzas federales que quedaron bajo la órbita de la Justicia de la Ciudad. Ante esto llegó la reacción libertaria contra la magistrada porteña, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15.

“La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad”, planteó el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

“La Justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”, dijo también el vocero de Milei.

Más temprano, había cargado contra Andrade el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Debiera funcionar la aplicación de la ley con más dureza. Si se detienen 130 o 140 personas, no sé exactamente el número, y en pocas horas una jueza dice que como estaban defendiendo derechos, no se puede fijar la flagrancia si no se vulnerarían derechos... Si se entiende la ley de esa manera es muy difícil combatir la violencia de sectores extremos porque en definitiva la Justicia los libera”, se quejó sin nombrarla.

Se sumó luego el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien le adjudicó los desmanes a “barras bravas” que participaron de la movilización. “No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad. Sin embargo, la jueza de la Ciudad Karina Andrade en lugar de investigar quién envió a esos barras a sembrar el caos decidió liberarlos en menos de ocho horas”, comentó.

Entonces, adelantó que el Gobierno pedirá que investiguen su accionar. “Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por posible incumplimiento de sus funciones”, dijo.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló de “delincuentes organizados, piqueteros y militantes que buscan desestabilizar”, y remarcó contra Andrade: “Nosotros detenemos a los violentos y ellos los liberan para que la semana que viene vuelvan a delinquir. Podemos tener la mejor ley de reiterancia, pero si los jueces garantistas los sueltan, no hay salida. Si los liberan, los bancan. Y si los bancan, son cómplices. Si estos no son delincuentes, ni barras brava, ¿qué son, señora jueza?”.

“En juego derechos constitucionales fundamentales”

En el fallo, Andrade no emitió opinión respecto de la cuestión de fondo o de la investigación que podrá seguir la fiscalía contra los manifestantes. Lo que planteó es que en este contexto estaba impedida de aplicar el trámite ordinario de flagrancia y por eso determinó la “inmediata soltura” de las personas detenidas.

En primer término, la magistrada señaló que “a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa” para su tarea judicial. “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después. A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”, remarcó.

En otra parte del documento recordó que los adultos mayores se encuentran “específicamente protegidos” en la Constitución, a través de la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada a la Carta Magna a través de la sanción de la ley 27.700 por el Congreso de la Nación.

Según la jueza, en este caso estaban en juego derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros. “Estas libertades adquieren especial relevancia un día como hoy [por el miércoles] en el que parte de la sociedad se expresa (se ‘moviliza’) en favor del ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra república, los adultos/as mayores. Desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”, indicó en su definición.

Y pese a que tomó en cuenta que esos derechos “no pueden ser ejercidos de manera absoluta”, enfatizó en que, en democracia, “toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales”.

En eso, insistió en el “déficit en la información” sobre las personas presas, necesaria para poder “realizar un control de legalidad y razonabilidad sobre la detención”. Entonces, planteó que eso acarreó una complejidad para la aplicación del trámite de flagrancia.

Según la página oficial del Poder Judicial de la Ciudad, esta jueza nació en 1982 y es abogada especialista en Derecho Penal, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2007. Además tiene un posgrado en Derecho Penal de la Universidad Torcuato Di Tella. Durante su formación, cursó la especialización en Magistratura y participó de talleres de prácticas de litigación oral en la Argentina y en Estados Unidos.

En tanto, Andrade ingresó al Poder Judicial nacional como meritoria, entre 2004 y 2007, “a raíz de vínculos académicos construidos en su paso por la universidad”. Después ocupó distintos cargos, tanto en la órbita de Nación como de la Capital. Desde 2021 es jueza de primera instancia en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo del Juzgado Nº 15, desde donde emitió el fallo que este jueves cuestionaron desde la Casa Rosada.

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