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El Gobierno defiende la “legalidad” de la salida de Bolsonaro y un funcionario admitió la colaboración oficial
Migraciones informó que el brasileño ingresó al país “con documentación hábil y sin ningún impedimento legal”; el director de comunicación digital de Milei reconoció que hubo apoyo para la operación
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LA NACIONJaime Rosemberg
“Ingresaron con documentación hábil de viaje, sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”, informó hoy a través de un comunicado la Dirección Nacional de Migraciones sobre el cruce fronterizo de Brasil a la Argentina de Flavio Bolsonaro y su familia. De esta manera, el gobierno de Javier Milei defendió su accionar por haber permitido el ingreso a Puerto Iguazú del excandidato presidencial brasileño para su huida hacia Estados Unidos.
“Se cumplieron todos los pasos legales”, dijo a LA NACION una fuente de la Casa Rosada. También buscaron tomar distancia de cualquier sospecha de colaboración desde la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), un área sensible que está bajo la supervisión de Santiago Caputo, asesor directo del Presidente y quien habría estado en el aeropuerto de Puerto Iguazú como presunto nexo oficial con el referente de la derecha brasileña. Cerca de Caputo negaron cualquier colaboración, a pesar de que altas fuentes gubernamentales afirman lo contrario.
Juan Pablo Carreira, conocido en las redes como Juan Doe, es director de Comunicación Digital de la Presidencia. “El gobierno de Milei es el gobierno con más huevos de la historia. Flavio Bolsonaro está a salvo de las garras del comunismo, que quiere meter presos a todos los opositores; y ahora va a poder seguir la lucha desde Estados Unidos, en vez de desde una celda en Brasilia como su padre”, escribió Carreira en sus redes. En Brasil, Bolsonaro afronta una investigación por presunto lavado de dinero y sobornos. No pesaba sobre él ningún pedido de detención, solo la entrega de sus pasaportes.
En línea con Carreira, se pronunció Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, uno de los voceros informales de Santiago Caputo y con llegada a Milei. “Javo y Santiago salvaron a Bolsonaro y su familia de la tiranía comunista”, lanzó Parisini.
En la Dirección Nacional de Migraciones, que encabeza Pablo Seoane, dijeron a LA NACION que todos los pasos legales se cumplieron, más allá de que, por orden judicial, Bolsonaro fue intimado el lunes a entregar su pasaporte, medida orientada a impedir su salida del país.
“Documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”, argumentó Migraciones en el comunicado emitido anoche, en el que informó sobre el breve paso (menos de una hora) de Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas por territorio argentino. “Los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”, agregó el organismo, que depende del Ministerio de Seguridad que encabeza Alejandra Monteoliva, a quien la oposición pidió interpelar en el Congreso para que dé explicaciones. También pidieron la citación del canciller, Pablo Quirno, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con la intención de saber si es que hubo colaboración del Gobierno para facilitar el escape de Bolsonaro.
“Es un tema político, no técnico. Bolsonaro no tenía restricciones para ingresar al país, ni una alerta internacional vigente. La Justicia no había emitido esa orden”, coincidió con la postura oficial la exdirectora nacional de Migraciones (2019-2023) y actual diputada nacional opositora Florencia Carignano. Ante la consulta de LA NACION, Carignano agregó: “La decisión de dejarlo ingresar es del presidente Javier Milei, que lo permitió a pesar de que era de público conocimiento que Bolsonaro estaba siendo investigado”.
La doble vara de Migraciones
La disposición de Migraciones de aceptar a Bolsonaro a pesar de estos antecedentes choca con otras decisiones, mucho más inflexibles, que tomó el mismo organismo en las últimas semanas.
Uno de esos casos, por ejemplo, fue el del periodista brasileño Rogerio Tomaz Jr., que fue detenido el 13 de octubre en el Aeroparque Jorge Newbery y fue obligado a regresar a su país. Desde la Dirección Nacional de Migraciones adujeron entonces que la medida tenía que ver con presuntos incumplimientos en los requisitos de residencia en el país, aunque un sector del oficialismo celebró la medida, ya que Tomaz era un abierto defensor de Lula da Silva y muy crítico de Milei en las redes sociales.
Apenas unos días antes le ocurrió lo mismo a la periodista vasca Nekane Txapartegi, quien había viajado desde Suiza para cubrir el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, que se realizará en Córdoba. Fue acusada de “falsa turista” y se dispuso su retorno a Europa.
El 27 de septiembre pasado, el presidente Milei afirmó, en LN+, que solo este año su Gobierno “deportó 20.000 terroristas”, que se suman a otros 10.000 “echados el año pasado”, y dijo que “son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”. Las cifras oficiales, en tanto, hablan de 744 “expulsiones” y 18.947 “incidentes de entrada” de personas a las que, por razones legales o meramente administrativas, no se les permitió entrar al país. En ningún caso las estadísticas hablan de “terroristas”.
Desde Brasil, la idea es, por el momento, no apuntar hacia el gobierno argentino. “Es un tema entre el senador y el Poder Judicial”, respondieron voceros oficiales de ese país, con conocimiento de las ideas que hoy atraviesan a Itamaraty. “Si había alguna intención de trabajar en una recomposición política, esto la complicó”, comentaron resignados desde un sector del gobierno de Milei que discrepa con la autorización oficial para el viaje de Bolsonaro. Este episodio se suma a las tensiones por las acusaciones verbales de Milei a Lula y el cortocircuito diplomático, con los dos embajadores retirados.
Por Jaime Rosemberg
