El Gobierno evalúa no enviar al Congreso el próximo acuerdo con el FMI y la oposición amenaza con judicializarlo

El Gobierno está convencido de que el nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “ya está acordado”. Los recientes elogios de su titular, Kristalina Georgieva así parecen indicarlo. Sin embargo, tiene enfrente otro desafío: aprobarlo en el Congreso en minoría y en medio de un año electoral.

Por eso, frente a esta situación, en el entorno del presidente Javier Milei plantean que evalúan no enviar el entendimiento al Congreso, según admitieron a LA NACION altas fuentes de la Casa Rosada. Referentes de la administración libertaria argumentan que un acuerdo con el organismo de crédito “no incrementará la deuda” porque los dólares que ingresen serán destinados a cancelar títulos públicos y, con ello, se “saneará” el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Este tecnicismo financiero, por el que la Casa Rosada considera que no existirá un nuevo endeudamiento y por ende no necesitará de una ley para respaldarlo, choca con el posicionamiento de buena parte de la oposición en la Cámara de Diputados, que sostiene que la ley vigente exige una ratificación parlamentaria, más allá de las características del acuerdo. Tanto los bloques más críticos -como Unión por la Patria (UP)-, como aquellos que exhiben sintonía con la conducción de Javier Milei -como Pro-, subrayan que se debe respetar la norma vigente. Advierten que si el Gobierno sortea la conformidad del Congreso, el eventual programa con el FMI podría judicializarse.

Se trata de la ley 27.612 “de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública” que estipula en su segundo artículo que cualquier programa de financiamiento u operación de crédito público con el FMI, así como cualquier ampliación de sus montos, debe ser aprobado por una ley del Congreso. Esta norma se sancionó en febrero de 2021 y fue impulsada por el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández como una respuesta directa al endeudamiento de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se contrajo un préstamo récord de 57.000 millones de dólares con el FMI sin el aval del Poder Legislativo.

Martín Guzmán, ministro de Economía durante ese período y uno de los principales artífices de la ley, remarcó a LA NACION que “todo programa tiene que ser aprobado por el Congreso, independientemente de su uso”. “En 2022 el programa era para refinanciar la deuda que tomó el gobierno de Macri, no se aumentó la deuda, y hubo que sancionar una ley”, remarcó. “Fue con facilidades extendidas (EFF) que era para refinanciar el stand by (SBA) y no implicaba endeudamiento neto”, sumaron desde el think tank de Guzmán, Suramericana Visión.

Es decir, la ley vigente le impone al gobierno libertario, en clara minoría parlamentaria, la búsqueda de consensos con otros espacios. “Es medio difícil que le puedan encontrar la vuelta para sortear el artículo 2 de la ley”, señaló a LA NACION un referente económico del bloque Pro en Diputados, quien aclaró que el tema no se discutió dentro del espacio.

El legislador de Encuentro Federal (EF) y portavoz de los asuntos presupuestarios del bloque, Nicolás Massot, consideró que el Gobierno “está llevando cada vez más al límite la frontera entre lo legal y lo legítimo”. “Ya demostró que le importa poco la legalidad. Entonces lo que hay que empezar a preguntarse no es tanto si es legal o no, sino si es legítimo o no”, consideró, a la vez que subrayó que “la legitimidad tiene un componente un poco más abstracto que la legalidad que hace a la temporalidad o a la durabilidad de las medidas”. Y explicó: “Si al Fondo Monetario le alcanza con eso y te dan el waiver y la refinanciación, listo, el FMI considerará que es legítimo. La última vez fue el Fondo el que exigió que pasara por el Congreso, por lo que me llamaría la atención que esta vez no lo haga”.

Por su parte, UP rechazará cualquier maniobra del Gobierno que busque sortear la discusión legislativa. “Vamos a hacer un planteo político muy fuerte para que el Congreso lo discuta porque si no lo hace sería una irregularidad total”, dijo el economista y diputado peronista, Itaí Hagman. “El argumento de que la deuda con el FMI no aumenta la deuda neta es el mismo argumento que utilizó Macri en su momento y apunta a anular el debate”, señaló. Y consideró: “Endeudarse con el FMI es muy distinto a endeudarse con privados porque los acreedores privados son bonistas que transan esos bonos en el mercado secundario mientras el FMI es un organismo político con el cual negocias un programa de política económica. Son dos cuestiones que no tienen nada que ver, no se puede mirar solo el capital o el interés porque son acreedores de naturaleza completamente distinta”.

En la misma línea, Julia Strada, otra referente económica del bloque UP en Diputados, planteó la contradicción en la que incurre el Gobierno, que “usa la excusa de las Letras Intransferibles cuando han planteado en distintas oportunidades que esas letras no sirven”. “Aparentemente, como excusa para tomar deuda con privados o con organismos internacionales y tener que cancelarlas, sí sirven”, ironizó.

“Te dicen que no es ‘nuevo endeudamiento’, pero mienten. El Tesoro argentino cambiaría deuda intra-estado fácilmente rolleable, por deuda privada o con acreedores como el FMI, con condicionalidades. Ya no saben cómo disfrazar que volvieron a mendigar dólares”, señaló Strada a través de X.

La posibilidad de que el Gobierno avance sin el aval del Congreso encendió las alarmas de la oposición, que advirtió que un programa sin ley podría judicializarse. Ante la consulta de LA NACION, fuentes de la Procuración del Tesoro de la Argentina, el órgano encargado de asesorar jurídicamente al Poder Ejecutivo y representar al Estado en juicios indicaron que no está trabajando en una estrategia legal para sortear este tipo de cuestionamientos. Desde la entidad conducida por el abogado, Rodolfo Barra, indicaron que la judicialización de un futuro acuerdo con el FMI “es especulativo”. “Si llegáramos a tener intervención de algún tipo estamos a disposición para hacer comentarios, por el momento nada”, sentenciaron.

El Gobierno se ilusiona con la posibilidad de cerrar un acuerdo con el FMI que inyecte de dólares la economía argentina para salir del cepo, sobre todo después de que el viernes la directora Gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, volvió a elogiar la política económica de Milei: ponderó “la implementación de un sólido programa de estabilización y crecimiento” y calificó a la Argentina como “el caso más impresionante en la historia reciente”. En la Casa Rosada se entusiasman con que el monto llegue a los 12.000 millones de dólares.

Este nuevo desaire de los libertarios al Congreso se suma a dos hechos de similares características. Por un lado, casi todo el arco opositor recela de la decisión del Gobierno de no sentarse a negociar una ley de presupuesto 2025, donde se esperaba que se definiera un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera.

De hecho, Pro calificó la exclusión del presupuesto del temario de extraordinarias como un refuerzo de la “visión autoritaria” del Poder Ejecutivo. En la misma línea se pronunció Germán Martínez, líder del bloque UP en la Cámara baja, quien catalogó la decisión como “otro insulto (más) de Milei al Congreso”.

Por el otro, prevalece la intención de un sector de la oposición de reunir la mayoría para dejar sin efecto el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 846/24 por el que el Gobierno se autohabilitó a realizar canjes de bonos de deuda que haya emitido en cualquier moneda sin cumplir los requisitos fijados de la Ley de Administración Financiera (LAF) ni pasar por el Congreso.

Los requisitos que define la LAF implican mejorar monto, tasa o plazo a favor del Estado (al menos dos de esas tres condiciones) y fijar por esta vía como único criterio el respeto de las cotizaciones de mercado de los papeles a canjear.

Por Delfina Celichini

• Congreso Nacional

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