El Gobierno fue a la Justicia por las denuncias por los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios

Tras varios días de silencio, el directorio del Banco Nación, que encabeza Darío Wasserman, se puso a disposición de la Justicia por las denuncias por el otorgamiento de millonarios créditos hipotecarios a funcionarios y legisladores libertarios.

Horas después que el propio presidente Javier Milei saliera a defender, de manera curiosa y enfática, el otorgamiento de los créditos, que generaron rechazo y tres denuncias, funcionarios y abogados del Banco Nación completaron la estrategia del Gobierno: se presentaron ante la Justicia para ponerse “a disposición” y entregar “toda la documentación” que requieran el juez Ariel Lijo y la fiscalía de Gerardo Pollicita, que impulsa las denuncias de diputados opositores como Pedro Paulón (PS) y Mónica Frade (CC-ARI), más la del abogado Alejandro Díaz Pascual.

Altas fuentes del Gobierno explicaron que “se aportaron los resultados de diez de los casos que fueron difundidos” a través del sitio Cuanto Deben, que reveló el listado de los beneficiarios. Desde la banca estatal reiteraron que luego de las auditorías internas “no se detectó una sola irregularidad” en los créditos otorgados. “Nos presentamos antes que nos convoquen, con lo cual seguramente haya requerimientos y tendremos que complementar la información”, dijeron desde el Banco Nación. Estaría en preparación un documento que contesta “punto por punto” las acusaciones de irregularidades difundidas por los medios, y agrega información sobre otros 30 casos mencionados.

“El banco no le prestó nada a nadie que no estuviera justificado. No hubo línea vip”, explicaron desde el edificio de la calle Rivadavia, frente a la Casa Rosada. Aclararon que, por una normativa vigente, el Banco Nación otorga “una tasa preferencial” del 4,5 por ciento anual a los empleados públicos que, luego de una licitación en la que compitió con otros bancos, cobran su sueldo en esa entidad bancaria, un 94 por ciento del total de la planta estatal.

Repitieron, como lo harán ante la Justicia, todos los préstamos “están cubiertos” a través de garantías hipotecarias y codeudores, según el caso. Solo los créditos mayores a $5000 millones son revisados por el directorio de la banca estatal, afirmaron desde el organismo.

En la misma línea defensiva se expresó el Presidente. “La pregunta es ¿haber tomado ese crédito mató gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿Mató gente?”, se preguntó el Presidente en la conversación con el exempresario Antonio Aracre en la TV Pública. Ante la respuesta negativa del entrevistador, el Presidente continuó: “No. Con lo cual…, desde nuestros valores morales que definen la moral como política de Estado, no está vulnerada”. Le siguió una larga explicación, que apuntó a la “legalidad” de los créditos e incluyó una confesión: el domingo, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, defendía la operatoria en televisión, Milei miraba la emisión de LN+ desde la quinta presidencial de Olivos junto a Federico Furiase (secretario de Finanzas) y Felipe Nuñez (director del Bice), dos de los funcionarios con los créditos más abultados. También estaba allí el consultor Cristian Buttié a quien –según dijo el propio Presidente-le recriminó en broma, “que no hubiera sacado un crédito”, según palabras del propio mandatario.

“No hay nada”

“Estamos muy tranquilos, no hay nada de nada. Se dieron miles de créditos, sin errores”, reafirmaron desde el oficialismo. Incluyen los créditos de Núñez, también asesor de Economía, con una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025. También el de Federico Furiase, exdirector del BCRA, con un pasivo de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025. “Federico fue a una sucursal”, sostuvo el domingo Caputo, al darle su aval a la conducta del funcionario, quien según un informe del canal C5N habría tomado el crédito para la compra de una tercera propiedad, cuando en general esos créditos apuntan a los aspirantes a su primera vivienda. Desde el Gobierno explicaron que “la famosa tercera propiedad de Furiase es una donación de sus padres y sus hermanos, con usufructo. Tiene un tercio de la propiedad de sus padres”.

Caputo habló luego de que el canciller Pablo Quirno se iba a encargar de defender la cesión de esos créditos. Distinta fue la reacción de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien echó a su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi, luego de enterarse de que también había gestionado un crédito hipotecario.

La lista inicial de los tomadores de créditos del BNA incluye a Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, con $510.654.000 (US$345.492) desde diciembre de ese año. Además fueron beneficiarios Juan Pablo Carreira, a cargo de la reciente Oficina de Respuesta Oficial ($113 millones); el joven director general de la secretaría privada en la Cámara de Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero. En relación a Menem, fuentes con conocimiento del caso aclararon que su madre, que trabaja en la Auditoría General de la Nación, actuó como garante.

En diálogo con LA NACION, Madero, el funcionario de Defensa beneficiado, afirmó que se enteró “por el encargado del edificio” donde vive de la existencia de los créditos. “Me inscribí sin privilegios en septiembre de 2025″, dijo. Su crédito, de unos $207 millones, fue destinado a comprar su primera propiedad.

Con parecidos argumentos, los diputados libertarios Mariano Campero y Alejandro Bongiovanni (también tomadores de créditos) se defendieron de las críticas. “Me resulta insólito que algunos estén tratando de homologar el tomar una deuda hipotecaria en las condiciones generales de cualquier cliente con un acto delictivo”, escribió Bongiovanni, mientras otros legisladores en la misma situación, como Lorena Villaverde, se mantuvieron en silencio.

Con las explicaciones que dieron los funcionarios, y la que dio y dará el banco, el Gobierno espera cerrar la polémica.

Por Jaime Rosemberg

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