El Gobierno insistirá en el Congreso con los artículos de la reforma laboral que quedaron excluidos de la Ley Bases

Javier Milei tuvo que resignar 42 de los 58 artículos que contenía su propuesta original de reforma laboral que envió al Congreso. Aprobada ya con recortes la Ley Bases, el Gobierno activó ahora gestiones con sus aliados legislativos de Pro y la UCR para avanzar con algunos capítulos que quedaron en el camino y que apuntan a modificar el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones.

La intención del oficialismo y la oposición adherente es forzar en el corto plazo el debate en la comisión de Legislación del Trabajo de los proyectos para limitar los mandatos sindicales y los que buscan eliminar la “cuota solidaria”, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad, sean afiliados o no, que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios. Ambas iniciativas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación. Los dos puntos estaban en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

La estratégica comisión de Legislación del Trabajo en Diputados es presidida por el radical Martín Tetaz, autor de uno de los proyectos para limitar los mandatos de los sindicalistas. Tetaz confirmó a LA NACION que después del receso invernal que tendrán los legisladores buscarán primero obtener dictamen para establecer un régimen alternativo de jornada laboral y que luego irán por “la democracia sindical”.

Sobre la jornada laboral hay diferentes proyectos en pugna. Están los del kirchnerismo y la izquierda, que proponen rebajar las 48 horas semanales que dispone la ley actual a cambio de la misma remuneración. Otra opción intermedia, que impulsa Tetaz, es explorar un régimen optativo, con la posibilidad de reducir la cantidad de horas diarias y agregar más días o bien incrementar la carga horaria diaria y reducir el número de jornadas laborales.

El debate sobre la jornada laboral no tiene el visto bueno del Gobierno, pero daría luz verde porque lo consideraría como la llave para que avancen las otras dos iniciativas que golpearon a los gremios. El rechazo oficial lo dejó claro hace unos meses Julio Cordero, actual secretario de Trabajo, cuando asistió a la comisión a dar su opinión en representación de la Unión Industrial Argentina. “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se ha debatido internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT [Organización Internacional del Trabajo] es de 8 horas diarias o 48 horas semanales”, planteó el histórico abogado del Grupo Techint que hoy encabeza la cartera laboral.

Cordero tendrá el martes un encuentro cara a cara con la cúpula de la CGT. El funcionario intentará desmarcar al Gobierno de los proyectos de ley que impulsan desde la UCR y Pro para modificar la ley de Asociaciones Sindicales, con el objetivo de no obstaculizar el canal de diálogo con la central obrera. Sin embargo, un funcionario de la cartera laboral ya adelantó públicamente cuál será la estrategia. Se trata de Claudio Aquino, director del departamento de Asociaciones Sindicales, el área que supervisa todo lo que tiene que ver con la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus respectivos estatutos.

Aquino reconoció en una entrevista reciente en Radio Nacional que el Gobierno traducirá “en el futuro” a proyectos de ley la modificación del modelo sindical con la intención de limitar los mandatos sindicales y garantizar alternancia. Prometió también iniciativas legislativas para revisar la denominada “cuota solidaria” y la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT). La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual. No descartó, incluso, impulsar una iniciativa para que las empresas no estén más obligadas a ser agentes de retención de la cuota sindical de sus empleados. Sería un golpe demoledor para la recaudación de los sindicatos.

“A veces las entidades gremiales superan como factor de poder al sector empresario. Por lo cual, es esencial la libertad y la democracia sindical. Critiqué públicamente el modelo sindical. Debe ser libre y democrática la cuota solidaria en un registro especial. La cuota solidaria no debería ser obligatoria ni el empresario actuar como agente de retención”, dijo Aquino en AM 870. En la misma conversación, el funcionario, que fue abogado del Sindicato del Seguro y tiene numerosas publicaciones críticas de la legislación laboral, dio luz verde para que las paritarias se negocien por empresa en lugar de por actividad.

Durante la negociación de la Ley Bases, el Gobierno y sus aliados de Pro y la UCR encontraron un obstáculo inesperado para incluir el artículo que eliminaba la obligatoriedad de la “cuota solidaria”. Empujada su inclusión por el radical Rodrigo de Loredo, el rechazo surgió del bloque de Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Ángel Pichetto. El exsenador kirchnerista y excompañero de fórmula de Mauricio Macri alertó con un llamado a la CGT y fue el dique para que la iniciativa no sea finalmente introducida en el texto final. Argumentó que era necesario postergar la discusión sobre la eliminación de la obligatoriedad de la cuota solidaria y del concepto de ultraactividad para no complicar la sanción de la Ley Bases. Ahora, ese debate parece inevitable por el oficialismo y sus aliados de Pro y el radicalismo.

Por Nicolás Balinotti

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