El Gobierno le ofreció el cargo de Procurador del Tesoro al exjuez Ricardo Rojas

El Gobierno le ofreció a Ricardo Manuel Rojas, ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad, reemplazar a Rodolfo Barra como Procurador del Tesoro. El ofrecimiento a Rojas fue confirmado a LA NACION por fuentes oficiales. Desde el viernes hubo contactos extraoficiales y ahora el Gobierno, tras la formalización del ofrecimiento, espera una respuesta que podría concretarse en las próximas horas. El jurista debe evaluar algunos temas personales antes de tomar una decisión, según pudo saber este diario de fuentes al tanto de lo conversado. “Estamos trabajando”, respondió una importante fuente sobre el tema.

Rojas, que arribó a la Casa Rosada poco antes de las 16, llegó recientemente de Guatemala, donde da clases de derecho en la Universidad Francisco Marroquín. Su nombre es el preferido del presidente Javier Milei en la lista de candidatos que surgieron desde la tarde del viernes, cuando Barra fue desplazado del cargo.

Luego del encuentro, en Balcarce 50, donde desde el viernes se aseguraba que este lunes iba a estar la definición, dejaban abierta la posibilidad incluso de que Rojas fuera designado en otros cargos. Un sector de la sede de Gobierno aludía a que su formación como juez podía depositarlo en otro lugar más allá de la Procuración, donde había quienes dejaban trascender, cerca de las filas del asesor Santiago Caputo, que quizá podía ir alguien de un perfil más dedicado a la actividad como abogado que como magistrado, tal es el caso de Rojas.

Por otro lado, tal es la admiración de Milei por Rojas que, muy cerca del Presidente aseguran que “era un nombre que le hubiera gustado para la Corte Suprema”. Agregan que, incluso, “no descarta que pueda arribar en algún momento a la Corte en caso de que, eventualmente, alguno de los dos nombres enviados (Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla) se caiga”. Los pliegos de ambos candidatos apuntan a ser tratados en el recinto en sesiones extraordinarias y se espera que para la semana próxima se reanuden las negociaciones, que hasta ahora estuvieron empantanadas. En Casa Rosada de algo están seguros: Milei no resignará a García-Mansilla.

Milei y Rojas son “dos viejos conocidos del mundo del liberalismo” definen en la Casa Rosada, en un vínculo marcado por una gran admiración del mandatario hacia el jurista y elogios públicos de este último al jefe de Estado, autor, entre otras obras, de un libro titulado: “La inflación como delito”. Publicado en 2023, Rojas se concentra allí en las causas de la inflación, sosteniendo que “lo que se infla es el dinero, no los precios”.

Una diferencia conceptual entre ambos es que Rojas cree, como sostuvo públicamente en 2018, que el aborto debe despenalizarse, el mandatario se ha mostrado abiertamente en contra.

Rojas, de 66 años, fue secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia entre 1986 y 1993 y juez en lo Criminal de Buenos Aires entre 1993 y 2008 y luego retomó en 2011. A la par de su trabajo en tribunales, Rojas también dedicó buena parte de su carrera a la academia. Profesor en varias universidades argentinas y profesor visitante y conferenciante en Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Italia, España, Turquía y Estados Unidos. Precisamente en Guatemala estaba cuando el último viernes, tras el desplazamiento de Barra, llegaron los primeros contactos para ver si se quería hacer cargo de la Procuración.

Barra fue desplazado el viernes pasado porque su dependencia emitió un dictamen que -según dicen en la sede de gobierno- no defendió a la gestión como se esperaba en un caso planteado por una empleada pública a la que dejaron de pagarle un incentivo salarial. Además, cerca del Presidente apuntaron que el funcionario pasó buena parte del 2024 en Punta del Este.

Con la venía de Milei, Rojas corrió con ventaja por el puesto por sobre otros nombres que estuvieron en análisis del Gobierno, como el de Carlos Laplacette (socio del estudio Cassagne, el mismo en el que trabajaba la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal) y el de Santiago Castro Videla (abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral que se desempeña en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados).

Por Cecilia Devanna

• Javier Milei

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