El Gobierno levantó la intervención en la obra social de los bancarios

El Gobierno dispuso ayer por decreto el cese de la intervención de la obra social de la Asociación Bancaria, que había sido ordenada 15 meses atrás por solicitud del juez federal Norberto Oyarbide, como parte de las investigaciones en la causa por la mafia de los medicamentos.

Se trata de la misma causa por la que se encuentra detenido el titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola. procesado como jefe de una asociación ilícita,

El miércoles último, el juez Oyarbide había rechazado los pedidos de excarcelación de Zanola; de su mujer, Paula Aballay, y de Susana Fionna, ex subdirectora del Policlínico Bancario, en la investigación por tráfico de medicamentos adulterados.

Además, a comienzos de noviembre, el magistrado había detenido a 14 personas durante un operativo que comprendió 50 allanamientos en distintos puntos del país, por la comercialización irregular de medicamentos de alto costo.

En el decreto, que lleva el número 2070/2010, la presidenta Cristina Kirchner ordena al Secretariado Nacional de la Asociación Bancaria que designe a los integrantes de una "autoridad colegiada" para conducir y administrar la obra social. Además, dispone el cese de las funciones del interventor, Pedro Ferrara, que había sido designado el año último.

En los fundamentos de la norma se admite que a raíz de la investigación de Oyarbide "se advirtió una situación crítica y alarmante en la provisión irregular de medicamentos y la consecuente atención por parte de dicha obra social hacia los afiliados, demostrando un total desamparo de los mismos".

Señala, además, que durante la intervención se han llevado adelante "tareas de reestructuración que han derivado en la normalización del funcionamiento de la obra social citada, tanto en la faz interna como en la atención a los afiliados".

Cita, por ejemplo, la instrumentación de "una oficina móvil de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dentro del Policlínico Bancario, que funcionó verificando la medicación que se entregaba en el lugar".

"Se encuentra en marcha la reconversión administrativa, mejorando con estas herramientas la relación con la Superintendencia de Seguridad Social", añade el decreto. Y menciona la realización de una convocatoria de acreedores en la cual se presentaron a verificar las deudas más de mil firmas, lo que derivó en el reclamo de una suma superior a 600 millones de pesos. El texto agrega que en el Policlínico Bancario se hicieron compras de insumos por licitación, que produjo "una disminución en los costos y mejora de la calidad".

Según la legislación vigente, las obras sociales sindicales deben ser "conducidas y administradas por una autoridad colegiada que no supere el número de cinco integrantes, cuyos miembros serán elegidos por la asociación sindical con personería gremial signataria de los convenios colectivos de trabajo que corresponda.

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