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El Gobierno no maneja estadísticas
Sin cifras de pagos ni de exiliados
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La Secretaría de Derechos Humanos, que dirige Eduardo Luis Duhalde, no informó ayer sobre la cantidad de argentinos que se exiliaron durante el último gobierno militar (1976-1983) y que sería el universo de beneficiarios de las indemnizaciones que dispuso un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco informó sobre el monto posible que el Estado podría erogar por ese motivo.
"Para saber eso cada demandante debe iniciar un expediente", aseguraron a LA NACION en el área de la Secretaría de Derechos Humanos.
El organismo oficial tampoco informó sobre el total de indemnizaciones pagadas por el Estado en concepto de detenciones ilegales, desapariciones de personas u otros perjuicios causados por la represión ilegal de la dictadura militar, que básicamente se comenzaron a entregar a partir de la década del 90.
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, se encontraba ayer en el Chaco para presentar en nombre del Estado una querella por la denominada "masacre de Margarita Belén" (de lo que se informa en la página 14) y ninguno de sus allegados y colaboradores pudo obtener respuesta sobre esa consulta.
Incluso, uno de sus más estrechos allegados, Nicolás Vincenti, que también se encontraba de viaje en Resistencia, argumentó a LA NACION que no estaba "autorizado para dar ningún tipo de información".
Más aún, se excusó de no poder atender la consulta por encontrarse en una reunión y dijo que no era él el encargado de trasladarle una consulta a Duhalde, porque para ello estaba la oficina de prensa de la citada secretaría, en la Capital Federal.
Sin embargo, en el área de prensa de la secretaría aseguraron a LA NACION que ninguno de esos datos estaba disponible y sugirieron remitir la consulta a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), que depende de ese mismo organismo. Pero tampoco allí se brindó información y aseguraron que sólo estaría disponible pasado mañana.
También derivaron la consulta al área que supervisa la ley 24.043, que regula la indemnización por detenidos, la que tampoco tenía información disponible. Finalmente, la oficina privada de Eduardo Luis Duhalde informó que no se podría tomar contacto con el secretario de Estado, porque sólo el lunes podría estar hallable y también remitieron a la oficina de prensa.
La falta de información sobre un dato que debería ser público fue justificada por algunas fuentes de la cartera de Justicia en virtud de que no todos los exiliados de la dictadura denunciaron su situación y que sólo cuando lo hagan la Secretaría de Derechos Humanos deberá certificar el exilio.
Sobre la cantidad de damnificados durante el Proceso que recibieron un resarcimiento estatal por desaparición de personas o detenciones ilegales se informó que los registros no estaban disponibles en las áreas de prensa, de Conadep, la que regula la ley 24.043, y que para obtenerlos se debería cursar una nota oficial.
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