El Gobierno pidió que Milagro Sala vuelva a la cárcel y deje la prisión domiciliaria
El subsecretario de Derechos Humanos reiteró su planteo ante la Corte Interamericana; la dirigente cumple una pena de 15 años
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LA NACION
El Gobierno, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pidió que Milagro Sala vuelva a la cárcel y se le cancele la prisión domiciliaria.
La Subsecretaría de Derechos Humanos “reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pedido de cese de la medida que mantiene a Sala bajo prisión domiciliaria desde 2017, para que su prisión sea efectiva y termine de cumplir su condena tras las rejas”, según informó el Ministerio de Justicia.
La cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona sostuvo que “Sala, exlegisladora jujeña y dirigente de la organización barrial Túpac Amaru, condenada por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, debería estar cumpliendo su condena en la cárcel, sin privilegios, como ocurre con el resto de los delincuentes”.
Milagro Sala tiene una condena firme, dictada por la Justicia jujeña y ratificada por la Corte Suprema, a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta. Al cumplir dos tercios de su pena el mes pasado, está habilitada por el Código Penal a tramitar su libertad condicional.
En la presentación ante el tribunal internacional, la oficina a cargo de Joaquín Ignacio Mogaburu “rechazó las alegaciones de ‘hostigamiento judicial’ formuladas por la defensa y acompañó documentación sobre la situación actual de la condenada”. Advierten que “presentar esas medidas como ‘hostigamiento’ busca invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio”.
En esa línea, la subsecretaría agregó: “Esa evidencia da cuenta de un hecho objetivo: Milagro Sala violó las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez”. Asimismo, se detalló que “ese incumplimiento activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y motivó medidas de verificación y control propias del régimen de ejecución penal”.
En el comunicado, el Ministerio de Justicia aseguró que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales”, pero reclamó que “esta medida de la Corte Interamericana se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener una condena firme”.
“En la nueva Argentina del presidente Javier Milei se terminaron los privilegios de la casta que se enriqueció a costa de los argentinos de bien”, ponderó el texto y sentenció: “los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad, mucho menos cuando se enriquecieron a costas de los ciudadanos de bien”.
“Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel”, cerró el comunicado.
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