El Gobierno publicará decretos clave esta semana antes de que caduquen las facultades delegadas

Hace un mes, Javier Milei envió al gabinete un mensaje urgente en materia de gestión. El Presidente instruyó a sus ministros y funcionarios para que agilizaran y priorizaran la redacción de aquellos decretos que requirieran el uso de las facultades delegadas que el Poder Ejecutivo obtuvo a través de la Ley Bases, hace un año. Esos “superpoderes” vencen el 8 de julio y el Gobierno no pedirá una prórroga al Congreso en medio de la temporada electoral. Aquellas reformas que modificaran leyes vigentes, así, debían ser tramitadas y publicadas en el Boletín Oficial sin más demoras.

En las últimas semanas, el Gobierno publicó una serie de decretos delegados que introdujeron modificaciones en organismos públicos y liberaron actividades. Se trata de una tarea que es impulsada de manera transversal por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pero que también implica de lleno a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal y a los ministerios involucrados en cada norma.

Quedan siete días hábiles para que caduquen esos poderes otorgados por el Congreso a Milei y el Gobierno prepara otra serie de normas de alto voltaje. “Vienen varios decretos que aglutinan reformas importantes en áreas emblemáticas de la administración. Son normas que requirieron mucha planificación, por eso los vamos a sacar sobre el final”, dijo a LA NACION una importante fuente oficial.

Según pudo saber este medio, se esperan decretos en dos áreas clave: la eliminación, fusión y trasformación de organismos públicos, dependencias e institutos y modificaciones trascendentes en el área de Energía, que depende de la secretaria María Tettamanti.

Un colaborador al tanto de esos procesos advirtió: “Queda un poquito más que una semana y cada día cuenta”.

En el Gobierno no quieren dar detalles de lo que se publicará en las próximas horas mientras trabajan a contra reloj. Según trascendió, podrían verse afectadas decenas de organismos del Estado. Tal como publicó LA NACION, por ejemplo, hace tiempo se espera una simplificación de las dependencias que regulan el rubro aerocomercial.

Respecto al área energética, el Gobierno avanzará con la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), prevista en el artículo 161° de la Ley Bases.

Además, se decretarán cambios en las leyes 15.336 y 24.065 que regulan la energía y contienen los marcos regulatorios para la generación, transporte y distribución de electricidad y gas.

“Todo lo que teníamos en el radar va a salir”, aseguraron en el Gobierno y ratificaron que no pedirán una prórroga de las delegaciones al Congreso, en medio de un clima mucho más crispado con la oposición que el que enfrentaba Milei al inicio de la gestión, cuando los bloques estaban predispuestos a ofrendarle una “caja de herramientas” para gestionar.

Según informes preliminares que circulan en el Gobierno desde la sanción de la Ley de Bases (27.742) en julio de 2024 hasta ahora “se publicaron 212 normas con desregulaciones que han eliminado o modificado otras 760 normas”. Esto contempla, no solo los decretos amparados en las facultades delegadas sino también otras resoluciones y disposiciones menores. La mayoría involucró las áreas de Transporte, Finanzas, Agroindustria y Comercio Exterior, pero hubo desregulaciones en todas las materias, desde Cultura hasta Salud, pasando por el área social que comanda la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Esta catarata de normas redundó en un achicamiento del Estado y, en consecuencia, en la no renovación o el despido de casi 50.000 empleados públicos, de acuerdo a informes oficiales.

Según pudo saber LA NACION, hace algunos meses se evaluó que el grueso de estas desregulaciones y reducciones de organismos formaran parte de un megadecreto, similar al mega DNU 70/2023 que publicó Milei al inicio de su mandato (de hecho, se especulaba con “el DNU 70/2025”). Pero finalmente, las normas se fueron publicando por goteo, en sucesivas ediciones del Boletín Oficial. “Para poder hacer las cosas bajo análisis puntilloso y serio advertimos que era mejor dividir y evitar generalidades”, explicó una fuente oficial.

En lo que refiere a las facultades delegadas, las normas pueden aglutinarse en cuatro ejes. Por un lado, las que responden al artículo 3° inciso “a” de la Ley Bases y que prevé “la modificación o eliminación de competencias, funciones o responsabilidades” de los organismos públicos. Por citar un caso, en los últimos días un decreto delegado quitó la obligatoriedad de que el INTI (Instituto de Tecnología Industrial) deba emitir un certificado especial para toda pila usada en el país. De esa manera, se quitaron trámites para recertificar productos y artefactos importados que llevan ese tipo de baterías.

Otro eje es el que responde al artículo 3° inciso “b” de la Ley Bases que habilita la centralización, fusión, o disolución de organismos públicos. Recientemente, el decreto delegado 438/25 centralizó en Jefatura de Gabinete al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que siempre fue un organismo descentralizado. También puede citarse allí la iniciativa que despojó de autonomía al Instituto Nacional del Teatro (INT) –entre otros institutos dependientes del área de Cultura- y que se enfrentó con el rechazo de la comunidad artística.

En tercer lugar, el Gobierno avanzó con cambios en la estructura jurídica de las empresas públicas y sociedades del Estado, que fueron, casi en su totalidad, transformadas a sociedades anónimas, a excepción del Banco Nacion que no pudo modificarse por una medida de la Justicia.

Por último, la gestión de Milei disolvió fondos fiduciarios. Entre otros, se puso fin al plan Procrear y se disolvió el fideicomiso Red de Autopistas y Rutas Seguras de Participación Público Privada (PPP) y el Fondo Fiduciario Gas Licuado de Petróleo. “Había más de 30 fondos fiduciarios y solo quedan cuatro o cinco”, se jactaron en el Gobierno. Y apuntaron que fue un proceso comandado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y por el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton.

En las últimas semanas, el Gobierno hizo uso intensivo de las facultades delegadas para todo tipo de materias. Por ejemplo, la gestión de Milei cerró el Observatorio de Educación Vial (“nunca se puso en operaciones”, aseguró Struzenegger). También se suprimió la obligación del Poder Ejecutivo de brindar jornadas sobre erradicación de la violencia de género establecido en la Ley 27.234, conocida como “Educar en Igualdad”. “La educación es una competencia transferida a las provincias”, señalaron en el Gobierno.

El decreto delegado N° 433/25 liberó los servicios de telecomunicaciones y de comunicación audiovisual mediante la posibilidad de que cooperativas puedan ofrecer televisión por cable sin que se requiera un dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC).

El Gobierno, en tanto, dispuso que el Instituto Nacional del Agua (INA) dejará de funcionar como un organismo descentralizado y pasará a depender de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Una vez que caduquen las facultades delegadas, Milei y Sturzenegger tienen previsto avanzar con más desregulaciones y transformaciones en el Estado. “Las facultades delegadas de la Ley Bases servían para el 5% de lo que teníamos que hacer, porque son los casos que involucran modificaciones sobre leyes”, advirtió una fuente oficial. Y dijo: “El Poder Ejecutivo luego tiene los resortes para modificar decretos, resoluciones y disposiciones sin necesitar las facultades delegadas que otorga el Congreso”.

Por Maia Jastreblansky

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